Sociedad|Sábado, 15 de mayo de 2004

Por Carlos Rodríguez

Unos 250 familiares de víctimas de homicidios ocurridos en todo el país, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, se reunieron ayer en el marco del Programa Antiimpunidad lanzado por el Gobierno y fueron saludados, uno por uno, por el presidente Néstor Kirchner quien pronunció un fuerte discurso. “Las cosas que uno tiene que escuchar mortifican el alma”, dijo Kirchner haciendo una síntesis de los relatos recibidos durante lo que fue una recorrida por el dolor, desde Fuerte Apache al Chaco. “Durante años se premió al más deshonesto”, sostuvo el Presidente, quien volvió a comprometerse con “dar vuelta esta historia”, aunque admitió que “no es tarea fácil” porque “hay pies que se cruzan para hacer zancadillas para evitar que podamos llegar a la verdad”. Junto con los relatos, Kirchner recibió documentación sobre distintos casos sin resolución, entre ellos una carpeta con 70 homicidios ocurridos sólo en el Chaco. Los familiares, reunidos en 18 mesas de debate, propiciaron una serie de medidas para “limpiar a la policía y a la Justicia”, aunque también hubo planteos por leyes más duras. La semana próxima, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, enviará al Congreso su plan de seguridad que podría incluir algunas de esas propuestas.
Kirchner, al hablar en la reunión realizada en el Club Banco Nación, en Vicente López, reconoció que “es la Argentina que nos ha quedado, donde durante muchos años se practicó la cultura de la impunidad”. Cuestionó la falta de compromiso “en la Justicia, en la policía, en los gobiernos” que genera la impresión de que “los afectados por la impunidad, por la injusticia, por el olvido, son absolutamente molestos para la tarea del Estado”. Advirtió que no podía “hacer un gran discurso y decir que mañana renace la justicia; estaría mintiendo (...) cada día vamos a ser más, pero también cada día van a tener actitudes con mayor fuerza para impedir la verdad, en cada tema, en cada circunstancia”. En este caso aludió a los que intentan “hacer zancadillas” y a los que evitó identificar.
En su recorrida por el amplio salón, Kirchner recibió denuncias, relatos y quejas, entre ellas las de la madre del policía Antonio Leguizamón, asesinado durante un tiroteo al que era ajeno y que fue protagonizado por dos colegas de la víctima, uno de los cuales sigue en actividad. El Presidente le dio una audiencia para la semana que viene. También presentó sus demandas María Teresa Schnack, la mamá de Sergio Schiavini, quien le recordó que el Gobierno debe responder ante la OEA un planteo destinado a reabrir la causa por ese homicidio, que involucra a 45 policías que participaron en un tiroteo ocurrido en 1991. La demanda internacional podría abrir la posibilidad de anular el primer juicio oral, donde todos los agentes del Estado fueron absueltos.
Entre las víctimas estaba Pura Graña, cuyo hijo Ezequiel Giannini, de 19 años, murió de un balazo en un extraño episodio ocurrido en el año 2003, en Rafael Calzada, y en el que aparece involucrada la Policía Bonaerense. El fiscal del caso, José Luis Juárez, sigue sin aceptar el pedido para que se haga la reautopsia y para que se establezca desde dónde partió el disparo mortal. La sospecha apunta a tres policías. “La perito de parte Silvina Bufalini hizo un estudio que demostraría que la bala partió del arma de uno de los policías, pero no podemos convencer al fiscal de la necesidad de intensificar la investigación”, dijo Pura Graña a este diario, único medio nacional que publicó su denuncia.
El caso de Gladys Soria, que vive en el barrio Ejército de los Andes, conocido bajo el mote peyorativo de Fuerte Apache, pide justicia para su hijo Rodrigo Arrieta, de 16 años, asesinado un día antes de la Nochebuena de 2000. Un conocido “lo obligó a acompañarlo a un asalto en el barrio y como él quiso impedir que le disparara a la dueña de un comercio fue herido en el forcejeo y murió poco después”. La propietaria del negocio, que sobrevivió, tiene alojada en su cuerpo una bala calibre 22 disparada por el autor del hecho, actualmente preso, pero “la Justicia no hace nada para que se pueda establecer si ese mismo proyectil mató a mi hijo”. La detención del imputado “Gabriel Jorge Padilla, fue posible luego que la Gendarmería llegara al barrio, porque la policía no hacía nada”.
De todos modos, la detención fue posible “por la intervención de dos de mis cuatro hijos, uno de los cuales fue amenazado de muerte por amigos del asesino y tuvo que irse a vivir un tiempo a Jujuy. La policía no hace nada y nadie nos ayuda”, se quejó la mujer. Tal es la sospecha sobre el encubrimiento policial, que el día en que se detuvo al civil Padilla también fue llevado preso –aunque luego recuperó su libertad– un oficial de apellido Mármol, de la comisaría sexta de Tres de Febrero. “Ahora mi hijo volvió al barrio y tengo miedo por su vida.”
Rubén de los Santos es chaqueño y llegó a Buenos Aires para tratar de impulsar la investigación del crimen de su hijo Gastón, de 16 años, y de otros 69 casos sin justicia registrados en su provincia. “A mi hijo lo mató un delincuente al que llaman ‘Vampirito’ Fernández, que se escapó dos veces de la Alcaidía, donde es evidente la complicidad policial, porque hubo 15 fugas en los últimos tiempos.” De los Santos padre, para hacer escuchar sus reclamos, tuvo que amarrarse con cadenas a la puerta de los tribunales y recién allí se produjo la detención de “Vampirito”, que había escapado a Buenos Aires. “Le pedí al Presidente que intervenga para que en el Chaco pueda cambiar algo.” Kirchner prometió enviar a un funcionario nacional para conocer la situación existente en la provincia.
Otro caso presentado fue el del joven Gustavo Damián García, de 25 años, asesinado en noviembre de 2002 durante un asalto al que era ajeno y al que le puso fin un prefecto llamado Alejandro Cabrito. El disparo del suboficial, dirigido supuestamente a los ladrones, mató al chico García, pero el sospechoso ni siquiera ha sido llamado a prestar declaración. En la reunión estaban presentes, entre muchos otros, las madres de los tres chicos asesinados en la llamada Masacre de Floresta, la de Miguel Bru, la de Natalia Melmann y del músico Mariano Witis.

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