Sociedad|Sábado, 5 de junio de 2004

Juan Carlos Blumberg designó al abogado que lo representará en el juicio por el crimen de su hijo a Roberto Durrieu, ex secretario de Justicia durante la última dictadura militar y actual presidente del aristocrático Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, tiene una coherente trayectoria político-represiva, en la cual la promoción de la “mano dura” contra la delincuencia se conjuga con la condena a la legalización de las uniones entre gays –“pasos irreversibles hacia la disolución de las bases sociales”–, la condena a los movimientos piqueteros – “son organizaciones delictivas con intereses políticos”– y sobre todo la solidaridad permanente con los hombres vinculados con la dictadura. Durrieu comenzó su carrera en 1976, como fiscal de la provincia de Buenos Aires, junto a la policía que conducía Ramón Camps.
“Eso no lo sabía, pero no me parece que sea importante”, dijo Juan Carlos Blumberg a la revista Veintitrés –que reveló la designación de Durrieu– respecto del hecho de que su flamante abogado, Roberto Durrieu, fue subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla, entre 1978 y 1981, cuando se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos que registra la historia argentina. “Es un estudio muy bueno que viene de tradición de familia. Es gente proba”, estimó Blumberg.
Parte de la profusa actividad pública de Durrieu está oblicuamente dirigida a justificar su pasado. Así, el año pasado, cuando Néstor Kirchner solicitó la renuncia como procurador del Tesoro de Carlos Sánchez Herrera –quien había defendido a un militar detenido por robo de bebés durante la dictadura–, Durrieu, en uno de sus diálogos con Radio 10, manifestó: “Ahora resulta que haber tenido una vinculación con los militares que lucharon contra la guerrilla significa la excomunión de la política, mientras que ser abogado de los subversivos que comenzaron esa guerra terrible significa ser exaltado en los cargos públicos”.
En 1987, el ahora abogado de Blumberg fue firmante de una solicitada en solidaridad con Jorge Rafael Videla, quien ya había sido condenado por violaciones a los derechos humanos. Entre 1976 y 1978, Durrieu había sido fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, cuando el general Ramón Camps dirigía la Policía Bonaerense. Años después, Camps lo incluyó en la dedicatoria de su libro Caso Timerman. Punto final.
Durrieu es actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entidad minoritaria que agrupa a unos 400 letrados de los estudios más tradicionales. Desde ese cargo intervino en el debate sobre la Ley de Unión Civil que, en la Ciudad de Buenos Aires, legaliza la convivencia entre personas del mismo sexo: “Implica consumar un extravío que los poderes públicos deben evitar a toda costa, so pena de dar pasos irreversibles hacia la disolución de las bases sociales”, ya que “implica el desconocimiento de la ley natural, que organiza la célula fundamental de la sociedad, sobre la base de la unión estable del varón y la mujer”.
Nuevamente por Radio 10, el año pasado, Durrieu se expidió contra los piqueteros: lamentó la “pasividad absoluta” de la policía ante tales demostraciones y amenazó a los fiscales que no acusan a quienes obstruyen el tránsito con “denunciarlos por incumplimiento de los deberes del funcionario público”; estimó que las organizaciones piqueteras son “organizaciones delictivas con intereses políticos”.
Bajo el título “Asesinatos, hurtos y piquetes”, en el diario La Nación –donde suele escribir notas de opinión–, Durrieu, al reclamar la baja en la edad de imputabilidad, sostuvo que “un asesinato cometido por un individuo de 15 años queda impune” y enumeró: “Un hurto cometido por un menor, la violación de domicilio, la acción piquetera: todos estos delitos, si son cometidos por un menor de 18 años, quedan sin castigo”.
También como presidente del Colegio Público de Abogados, Durrieu firmó la solicitada contra la designación de Eugenio Zaffaroni como juez de la Corte Suprema, afirmando que “todas” las sentencias de ese jurista “concluyen en un encuadramiento y razonamiento destinado siempre a mejorarla situación del delincuente”. Durrieu es profesor en la Universidad Católica Argentina.
Durrieu representó a Domingo Cavallo en las coimas IBM-Banco Nación; defendió a Andrés Deutsch, dueño de LAPA, por el accidente en Aeroparque; contratado por el FMI, defendió a Jorge Baca Campodónico, prófugo de la Justicia peruana. Representará a Blumberg en forma honoraria.
La figura de Juan Carlos Blumberg había entrado en una zona de fuertes controversias a partir de su conflicto con los padres de Sebastián Bordón, el joven asesinado por la policía mendocina en 1997, de quien dijo que “se drogaba y le pegó a un policía”; después, pidió perdón.

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