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Sociedad|Jueves, 23 de septiembre de 2004

En medio de la polémica, Córdoba ahora tiene el juicio por jurados

El Parlamento cordobés convirtió en ley el proyecto de De la Sota de instaurar los juicios por jurados. Blumberg convenció a Juez para que apoyara la iniciativa. Críticas de expertos.

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Juan Carlos Blumberg viajó a Córdoba para apoyar la iniciativa del gobernador De la Sota.
Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Juan Carlos Blumberg aterrizó ayer en esta ciudad para apoyar el proyecto delasotista de implementar jurados populares, integrados por ocho ciudadanos y tres camaristas, que decidirán en casos de delitos aberrantes y de corrupción administrativa y económica, que en esta provincia cosechó críticas entre jueces, camaristas y abogados por considerarlo “inviable tal cual está planteado”. Aunque la decisión del “juecismo” era votar en contra, junto con el radicalismo y la Izquierda Unida, la “visita” de su jefe minutos antes de que comenzara la sesión terminó con la aprobación de todo su bloque a la iniciativa del gobernador De la Sota. El cambio de opinión se habría cristalizado después de que el padre de Axel le pidiera telefónicamente a Luis Juez que modificara su postura, lo que causó un profundo malestar entre las huestes del intendente.
La nueva ley prevé la conformación de tribunales de once miembros, ocho de ellos jurados populares (cuatro de cada sexo, sorteados del padrón electoral) y tres camaristas. Los once participarán de las deliberaciones. El presidente del tribunal dirigirá el proceso, pero no votará sobre las cuestiones de hecho. Entonces, los diez restantes emitirán su voto, en primer lugar respecto de la existencia del hecho, la presencia del acusado y si es inocente o culpable. Los tres jueces técnicos votarán en todas las cuestiones relativas a los temas técnicos y de derecho.
“A este proyecto lo apoya la gente, y si nosotros votamos por la negativa, estaríamos poniéndonos a la gente en contra.” Este fue el concepto que hizo circular Juez entre sus legisladores, minutos antes de que comenzara la sesión que terminaría aprobando el proyecto impulsado por el delasotismo y apoyado enérgicamente por Juan Carlos Blumberg.
“Vamos a votar a favor del proyecto para no contradecir la opinión de la ciudadanía, pero hacemos saber que no creemos en la eficacia de esta ley, ya que el problema de la seguridad no se resuelve con jurados populares, sino con políticas de Estado que apunten a combatir la corrupción estructural, el hambre, la desocupación y las mafias policiales.” Con argumentos de ese tipo, los legisladores juecistas trataron de tapar discursivamente la presión que ejerció su jefe político.
Blumberg, que llegó a la Legislatura unicameral acompañado por el secretario de Justicia de la provincia, Héctor David, se mostró muy entusiasmado con este proyecto, inspirado en el modelo anglosajón: “En Estados Unidos hace años que está y funciona muy bien”. Cuando se le preguntó si podía funcionar aquí, el padre de Axel dijo que no le preocupaban las diferencias culturales, una de las críticas expresadas por la comunidad jurídica cordobesa. “La gente es igual en todo el mundo, tiene sentido común y con eso alcanza”, dijo Blumberg ante este diario.
Después aseguró que a él nadie lo utiliza políticamente, en clara alusión a De la Sota. “A mí nadie me usa, yo vengo convencido a Córdoba. Yo no acompaño al gobernador, sino al proyecto, que la verdad no esperaba saliera tan rápido.”
La implementación elegida para el juicio por jurados –que ya existe en esta provincia, pero con minoría de legos– recibió críticas en los especialistas. Víctor Vélez, titular de la Asociación de Magistrados de Córdoba, sostuvo que los jurados populares “son una deuda constitucional y está bien que se apliquen, pero el cambio debería ser gradual”.
Heriberto Martínez, presidente del bloque radical, remarcó que en la nueva ley “la fundamentación y calificación de la sentencia correrá por cuenta de uno de los tres camaristas que integrarán el jurado de once miembros, que puede estar en contra de lo que decidieron los jurados legos (que son mayoría), lo cual sería una contradicción total”. Por otra parte, tanto la Asociación de Magistrados como el Colegio de Abogados, los legisladores radicales y hasta los juecistas apuntaron a que en el proyecto no se hace hincapié en la etapa de la investigación, que es la garantía de un juicio justo. “De qué me sirve tener juicios excelentes, si no podemos conseguir las pruebas”, advirtieron.

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