EL FISCAL Y LA FAMILIA RECLAMARON RECLUSION PERPETUA
Pedidos máximos por Demonty
El fiscal porteño Luis Misculín y la familia de Ezequiel Demonty, el chico que hace dos años murió ahogado en el Riachuelo, coincidieron ayer en reclamar penas de reclusión y prisión perpetua para los nueve oficiales y suboficiales de la Policía Federal que están acusados de haber obligado a la víctima y a otros dos jóvenes a arrojarse a las aguas del Riachuelo. Si bien tanto la prisión como la reclusión perpetua implican 25 años de cárcel, lo cierto es que la prisión permite obtener salidas transitorias a los 13 años de la condena y la libertad condicional a los 17 años y medio.
La diferencia entre el reclamo de la fiscalía y la querella estuvo centrada en la calificación del delito, ya que para el ministerio público se trató de una “privación ilegal de la libertad”, mientras que los Demonty exigieron que el caso se encuadre bajo la figura de “tormento seguido de muerte”.
El abogado José Vera, representante de la familia de Demonty, se basó en el intenso dolor que sufrió Ezequiel antes de morir, al ser detenido ilegalmente, golpeado, insultado con frases como “negro de mierda” y obligado a punta de pistola a tirarse al Riachuelo.
Y también resaltó la condición de “funcionarios públicos” de los presuntos torturadores, algo esencial para tipificar la conducta bajo esa figura. Todo ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre del 2002, cuando Ezequiel y dos de sus amigos –Claudio Maciel y Julio Paz– fueron detenidos por agentes de la Comisaría 34ª en la esquina porteña de las avenidas Cruz y La Constancia.
No sólo fueron golpeados sino que los trasladaron en un patrullero hasta que los hicieron descender y los obligaron a tirarse al Riachuelo, en el barrio porteño de Pompeya. Los amigos de Ezequiel alcanzaron a salir, pero el cadáver de Ezequiel fue encontrado recién una semana después, sumergido cerca del puente Victorino de la Plaza.
Tras repasar la historia y hacer hincapié en los testimonios escuchados en el debate, el abogado Vera reclamó la reclusión perpetua de los oficiales Gastón Somohano –hijo de un ex jefe de la Policía Bonaerense y quien aparece más comprometido en la causa– y Gabriel Barrionuevo, y de los suboficiales Sandro Granado, Luis Gutiérrez, Jorge Solís, Maximiliano Pata, Alfredo Fornasari y José Luis Martínez.