Sociedad|Viernes, 15 de abril de 2005

Por Mariana Carbajal

La reciente absolución del poderoso empresario Juan Carlos Gilio, acusado de abusar sexualmente de una nena de 12 años, se convirtió en una cuestión de Estado en Río Negro. En un hecho inédito, la procuradora general de la provincia ordenó al fiscal de Cámara –que había retirado sorpresivamente la acusación contra Gilio– que recurra en casación la sentencia. Paralelamente, la asesora de menores Mirta Pereyra adelantó que también apelará. Mientras tanto, la ciudad de Bariloche está en pie de guerra para revertir el fallo. Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y vecinos autoconvocados marcharán el domingo hasta el Centro Cívico para pedir la anulación de la sentencia y reclamar al Concejo Deliberante que declare “persona no grata” al empresario, de 78 años. La indignación de los lugareños quedó plasmada en los últimos días en las calles de la localidad turística, que están empapeladas con carteles que expresan el repudio al fallo que liberó de culpa y cargo a Gilio, cuando en un primer juicio –anulado por cuestiones formales– había sido condenado. Los afiches con la foto de Gilio, que fueron pegados en postes de luz, advierten: “No permita que esta inmundicia se acerque, hable o toque a ningún niño”.
La decisión de la procuradora general de Río Negro, Liliana Piccinini, muestra su disconformidad con la actuación del fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier, quien retiró la acusación sin una detallada fundamentación de la medida, en la primera audiencia del segundo juicio oral contra el empresario italiano, uno de los más ricos de Bariloche. Desde entonces, el caso mantiene en vilo a los habitantes de Bariloche, que han salido a las calles a repudiar la absolución de Gilio. Según se informó en un comunicado de prensa, la orden de recurrir a casación la sentencia fue dada al fiscal “en el marco de facultades de la Procuración y por aplicación del artículo 404 del Código Procesal Penal, el cual faculta al Superior Jerárquico a dar este tipo de instrucciones aun en contra de la opinión ya emitida por el fiscal”. La disposición deja en una situación por demás incómoda a Sánchez Gavier ya que, para cumplirla, deberá contradecir su propia actuación en el caso.
En las últimas horas también tomó parte en el caso la directora de Derechos Humanos de la provincia, Gladys Cofre, que envió una carta al Consejo de la Magistratura de Río Negro objetando la actuación del fiscal. Según fuentes judiciales de Bariloche, Sánchez Gavier fue nombrado juez de instrucción durante la última dictadura militar y en el inicio de la democracia se vio forzado a renunciar en medio de un escándalo.
En el debate oral del juicio a Gilio, Sánchez Gavier alegó que la supuesta víctima, hoy de 16 años, había incurrido en contradicciones en su testimonio. Su posición llamó la atención porque el mismo Sánchez Gavier había considerado válida la declaración de la chica en el primer juicio, cuando Gilio fue condenado, por corrupción de menores calificada por la edad, a 9 años de prisión, y la madre de la nena, a 10 años, por promoción de la prostitución calificada por el vínculo. Sin acusación, se dio por terminado el juicio. Y el 4 de abril, la Cámara del Crimen dio a conocer su veredicto que absolvió al empresario. El fallo, sin embargo, fue dividido. Dos de los camaristas, Héctor Leguizamón Pondal y Ricardo Calcagno, consideraron que estaban obligados a absolverlo. El tercero, Alejandro Ramos Mejía, objetó la actuación del fiscal y pidió la anulación del juicio. “El proceso se abortó por un capricho del fiscal”, dijo Ramos Mejía en declaraciones a la prensa. En su opinión había que volver a fojas cero. “Fue un acto entre sorprendente e irrazonable”, dijo. “Yo esperaba un proceso válido que terminara en una absolución o en una condena, pero que llegara hasta lo último. Teníamos un montón de prueba a producir y ver qué pasaba realmente”, agregó el camarista.
La sentencia generó la movilización espontánea de vecinos y vecinas, y de integrantes de diversas organizaciones sociales, gremiales y políticas de Bariloche, entre ellas la APDH, la CTA, el Foro de Mujeres Políticas, y la Pastoral Social local encabezada por el obispo Fernando Maletti. También se han sumado a la batalla las concejales Beatriz Contreras y Sandra Guerrero y el legislador provincial Carlos Valeri. Abogados de la APDH y otras personalidades locales se presentarán en los próximos días a la Justicia bajo la figura de “amicus curiae”, utilizada ya en varias causas de derechos humanos, para apoyar el reclamo de anulación de la sentencia que realizará la asesora de menores de la denunciante, Mirta Pereyra. “Pereyra nos confirmó que recurrirá a casación. El fallo para nosotros es nulo. La menor estuvo totalmente indefensa y no fue defendida, por no tener padre y su madre ser una de las acusadas. No la dejaron declarar acompañada por su psicóloga y la sometieron a un interrogatorio escabroso. Se la revictivimizó con el acusado presente. El tribunal nunca interrogó a los dos peritos psicólogos, que estaban citados, para que evaluaran si fabulaba. El retiro de la acusación del fiscal fue inmotivado. La menor nunca negó el abuso sexual”, señaló a Página/12 el abogado Rubén Marigo, de la APDH.
Hasta ahora, más de treinta entidades han adherido a la marcha del domingo, en la que participarán además Missing Children y la Red Solidaria. “Si usted siente que algo debe cambiar, que no quiere más impunidad, corrupción e injusticia, no se quede en su casa, sea protagonista y súmese a nosotros que sentimos lo mismo que usted”, plantea la convocatoria lanzada ayer. La cita es el domingo a las 17, en la puerta de los tribunales ubicados en avenida 12 de Octubre y John O’Connor. Desde allí marcharán al Centro Cívico.
La indignación social ha llegado a tal punto que en los últimos días los postes de la ciudad han aparecido con afiches que repudian el fallo. “Cuando el fiscal es defensor y los jueces sus asociados”, dice el texto de uno de los carteles pegados por vecinos autoconvocados. Los carteles, que llevan la foto del empresario italiano, advierten: “No permita que esta inmundicia se acerque, hable o toque a ningún niño”.

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