El clima se corta con cuchillo. Mientras Miguel Angel Romero prepara su defensa ante la Comisión de Juicio Político, las imputaciones van y vienen por mail. El 3 de mayo el defensor de Menores Marcelo Jalil decidió presentar una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue la eventual comisión de delitos tras recibir un mail en que se imputaba a cuatro funcionarios con altos cargos en la Administración de la Defensoría General nombramientos irregulares, uso de fondos públicos, enriquecimiento ilícito e irregularidades en compras y contrataciones. Tres días después, en el correo electrónico de Jalil –y de muchos otros– apareció otro mail, mucho más injurioso, sobre su persona. Allí acusaban al defensor de corrupción, “apriete” de empleados, operaciones políticas, y contratación de personas de su amistad por “zuculantes sumas” (sic). Jalil presentó otra denuncia donde sostiene que la finalidad del mail, “además de desprestigiarme es obviamente la de amenazarme a fin de evitar que efectúe otras denuncias o declare como testigo” y así “pretender obligarme a guardar silencio frente a las irregularidades que he podido comprobar”.
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