Piden el apartamiento del juez Montanaro de los casos de inmuebles tomados. La Cámara revocó uno de sus polémicos fallos.
Por Eduardo Videla
En febrero, Montanaro ordenó desalojar el predio de La Alameda con un insólito operativo policial.
El juez Domingo Montanaro no se limitó a desalojar a las familias que ocupaban el inmueble de Salta 661, a principios de este año. También procesó a algunos de sus ocupantes y les dictó la prisión preventiva a cinco, entre ellos, una mujer madre de una bebé con VIH. Los acusó de usurpación y de formar parte de una organización dedicada a cometer ese tipo de delitos. Hace diez días, la Cámara del Crimen revocó ese fallo y ordenó la libertad de los detenidos, tras considerar que no estaba probada la usurpación y sólo se había tratado de una ocupación ilegítima por parte de familias en situación de emergencia habitacional. Montanaro actuó con inusual dureza en otras causas de edificios abandonados. Por eso, tres organizaciones sociales se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para pedir su separación de las causas por desalojo contra una cooperativa y un grupo de familias que habita un inmueble en Once.
El inmueble de Salta 661 perteneció a la Fundación de Genética, que entró en quiebra en agosto del 2000; desde entonces el edificio tenía faja de clausura. Lo curioso es que pese a la custodia policial, fue intrusado en noviembre de ese mismo año. Por allí pasaron distintas familias en emergencia habitacional, muchas de ellas pertenecientes al Movimiento Territorial de Liberación (MTL). Incluso, el gobierno porteño intervino primero pagando el alquiler del inmueble y luego gestionando la compra del edificio”, dijo a Página/12 María Elena Reta, abogada de las familias desalojadas.
La situación cambió este año, cuando se hizo cargo del juzgado, como subrogante, el juez Montanaro. A principios de marzo, el juez ordenó el procesamiento de 21 personas y dispuso la prisión preventiva de cinco de ellas, tras acusarlos de haber roto las fajas de clausura y haber ingresado al inmueble, ocupado en forma ilegítima desde el 2000. “No importa establecer quiénes fueron porque, en definitiva, entiendo que se encuentra comprobado que todos actuaron con idéntico fin, en base a un plan común”, consideró el juez, y dispuso el desalojo del lugar.
Después de analizar las pruebas, la Sala IV de la Cámara del Crimen revocó el fallo al considerar que no estaba probado que hubieran sido los imputados quienes rompieron la faja de clausura: fueron identificados en el 2003, casi tres años después de la ocupación. Y como quedó acreditado que todas las familias ingresaron al lugar en momentos distintos, “pierde sustento” el argumento de que existía un plan común.
Hace un mes, el juez Montanaro puso en práctica nuevamente su doctrina en otro procedimiento, en un depósito ubicado en Viamonte 2424, donde viven numerosas familias en situación precaria. Allí, por orden del juez, la policía detuvo a 21 personas y las alojó en celdas de la comisaría 7ª durante 12 horas.
Los integrantes de la Cooperativa 20 de Diciembre también sufrieron este año el rigor de Montanaro: el 10 de febrero ordenó un procedimiento policial y sitió virtualmente la sede de la organización, que funciona en el ex Bar La Alameda, un local que ocupan desde hace tres años en Parque Avellaneda, donde funciona un comedor comunitario y varios emprendimientos productivos. Sobre el lugar pende una amenaza de desalojo inminente, pese a que los emprendimientos son financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el comedor, por la Ciudad de Buenos Aires. Además, en la Legislatura porteña avanza un proyecto de expropiación de ese local.
Montanaro, quien hasta el año pasado se desempeñó como secretario letrado, se presentó en numerosos concursos para ser designado juez penal. Obtuvo en ellos las mejores calificaciones, pero su elección fue desestimada en el Consejo de la Magistratura. Entre otras razones, por haberse manifestado a favor de la pena de muerte para quienes cometan delitos contra la administración pública, según las impugnaciones presentadas por la diputada Marcela Rodríguez. No le sirvieron las explicaciones que dio:argumentó que lo había expresado antes de enterarse de que la Constitución excluye la adopción de la pena máxima.
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