CONFIRMAN QUE EL DEFENSOR DEL
PUEBLO TRABAJO PARA UN BOLICHE
Un gestor en medio del incendio
En una causa paralela a la de Cromañón, el dueño de una disco aseguró que Atilio Alimena trabajó como gestor, en 1998, para obtener la habilitación de Bomberos. Lo dijo ayer Aníbal Ibarra, en medio del debate con la comisión legislativa que investiga su responsabilidad en la tragedia.
El defensor adjunto fue gestor de certificados de habilitación de Bomberos de al menos un boliche.
El defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena, fue gestor de certificados de habilitación de Bomberos de al menos uno de los boliches porteños, según quedó corroborado en la causa judicial paralela a la iniciada por la tragedia de Cromañón, que sigue el juez Julio Lucini. El dato fue hecho público ayer por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, en medio del debate que mantiene con la Comisión Investigadora de Cromañón, en la Legislatura porteña. Alimena, uno de los principales denunciantes de presuntas irregularidades en la habilitación de boliches bailables, es investigado por la Justicia por su presunta vinculación con una red que gestionaba permisos para el funcionamiento de discotecas, en la que participan empresas vinculadas a un jefe de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, tal como informó Página/12 días atrás.
Según declararon en el expediente los dueños del boliche bailable The Place, ubicado en los arcos bajo las vías del ferrocarril, en Palermo, Alimena fue gestor de ese local cuando tramitó, en 1998, el permiso de habilitación contra incendios ante los bomberos de la Federal. En ese año, Alimena todavía no era defensor adjunto del Pueblo.
El trámite, en teoría, no necesita de gestores. Por eso, el juez Lucini y el fiscal Juan Manuel Sansone investigan si existía una organización destinada a cobrar dinero a los empresarios para facilitarles el trámite de habilitación. La investigación se inició a partir de una denuncia de la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, formulada durante su declaración indagatoria. La funcionaria está procesada por el delito de homicidio culposo en 193 casos.
En su edición del 8 de julio, Página/12 informó que la Justicia ordenó el allanamiento a dos empresas, cuyos titulares eran bomberos o familiares de ellos. Así lo demostrarían documentaciones secuestradas en los procedimientos. Según fuentes judiciales, algunos papeles llevaban las iniciales “A.A.”. La Justicia investiga si Alimena hacía las denuncias para promover inspecciones y la posterior intervención de las empresas gestoras de habilitaciones. A raíz de esa investigación, la semana pasada, el jefe de la Policía Federal separó de su cargo al titular de la superintendencia de Bomberos, Jorge Corbellini.
Ayer fue Ibarra quien disparó contra Alimena. “Se lo vincula con bomberos que recomendaban a los boliches empresas propias para hacer reparaciones” que les permitirían obtener la habilitación, dijo. Además, señaló que junto a la presidenta de la Comisión Investigadora, la diputada Fernanda Ferrero (Recrear), fueron afiliados al cavallismo porteño. Y acusó a Ferrero de haberse “encontrado con Alimena para acordar su presentación ante la comisión”. En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno calificó a esa comisión –que investiga las responsabilidades políticas en la tragedia de Cromañón– como “opositora”.
Esa misma comisión había convocado ayer a una ronda de prensa, en la que además de responder a los cuestionamientos de Ibarra, ratificó que el 29 de este mes dará a conocer su dictamen. El expediente reúne 20.600 fojas en 103 cuerpos. Los nueve integrantes de la comisión, rodeados de familiares de víctimas, respondieron a las críticas de Ibarra, que el vocero del grupo de legisladores, Fernando Cantero (ARI), atribuyó a una “persona desesperada”.
El jefe de Gobierno había acusado a la comisión de estar “politizada”.
Ayer insistió con ese concepto al afirmar que persigue “objetivos políticos”, y “no cumple con la pluralidad representativa que establece la ley”. Se refería a la renuncia de diputados oficialistas y del kirchnerismo, forzada en algunos casos por los cuestionamientos de los familiares. “Seguramente presentaremos algún recurso para invalidar el dictamen de esta comisión”, adelantó Ibarra.
Por lo pronto, el 29 de julio, la comisión entregará el informe final a los 60 diputados porteños, quienes deben decidir el futuro del Ejecutivo porteño.
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