Sociedad|Miércoles, 10 de agosto de 2005

Rafaela conserva la respiración de los pueblos de campo de Santa Fe, pero en estos días la decisión de una jueza de menores alborotó a sus 150 mil habitantes. Lilian Psaggiari castigó a siete chicos de entre 10 y 16 años con la orden de permanecer en sus casas durante quince días. Podrán ir a la escuela, pero siempre acompañados de sus padres o de un tutor, y serán controlados por la policía del barrio. La medida está prevista en el Código de Procedimientos de Menores de la provincia, pero generó discusiones entre especialistas en políticas de minoridad y Justicia consultados por este diario. Para unos, la decisión es pintoresca, para otros está en consonancia con modernas medidas de socio-educación para menores y, finalmente, para los últimos, la condición de inimputables de los niños la coloca como una solución “represiva”.
Uno de los chicos castigados tiene sólo diez años. El domingo pasado rompió varias farolas del alumbrado público del pueblo jugando con una gomera. La travesura pasó a mayores cuando se cruzó con un patrullero de la policía que daba vueltas por los barrios de Barranquitas y Villa Dominga, por las internas abiertas que se votaban en la provincia. Cuando los policías lo reprendieron, el nene les respondió con su gomera. La jueza no tomó en cuenta esta última cuestión, pero lo sancionó duramente por el alumbrado. “El chico de 10 años fue sorprendido por la autoridad policial en momentos en que disparaba con su gomera hacia farolas (...), destruyendo el patrimonio de la comunidad y, consecuentemente, debe ser castigado”, dice el fallo.
Al resto de los chicos los sorprendió el Comando Radioléctrico de la policía de la provincia cuando recorría la calle Joaquín V. González, entre Edison y Champagnat. Tenían entre las manos un rifle de aire comprimido. Lo estaban usando, dijeron, para cazar pajaritos, pero durante la contienda se les escapó un tiro que terminó hiriendo a un caminante de 19 años. Psaggiari consideró los disparos como un delito provocado en la vía pública. Como con el niño de diez años, decidió castigarlos con una suerte de arresto domiciliario que, de acuerdo con el Código de Procedimiento del Menor provincial, se llama “medida cautelar”.
En los próximos quince días, los chicos no podrán salir de sus casas, excepto en compañía de sus padres o de un adulto designado por ellos. Frente a la consulta de este diario, un empleado del juzgado explica que la decisión no es un “castigo”, sino “una medida cautelar” prevista por el artículo 35 del Código de Procedimientos. “El Código faculta al juez para imponer la permanencia obligatoria del menor en el domicilio con la salvedad de que puede salir con padres o un mayor de edad”, explica en este caso María Pía Boni, vocera del Poder Judicial de la provincia. En la práctica, aclara, “esto es el equivalente a la penitencia que uno podría poner a sus hijos”.
El problema para los especialistas en infancia es, justamente, que el Poder Judicial no son los padres. Nora Schulman es la directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de la Convención por los Derechos del Niño. Cuando escuchó la noticia del fallo, preguntó la edad de los chicos. “Es terrorífico”, dijo a continuación. “A esa edad los chicos son directamente inimputables; no es válido el arresto domiciliario; sólo se podría pensar en una medida reparatoria como un tipo de actividad productiva para la comunidad.” Schulman compara el mentado código santafesino con la envejecida Ley de Patronato, una norma que debió derogarse tras la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución nacional, pero que aún sigue vigente. De acuerdo con la Convención, es el Estado y no la Justicia el que debería habilitar canales alternativos para los menores con conflictos penales o fronterizos. “Una oficina que proteja sus derechos, que esté habilitada como sucede en la Capital, para trabajar en la resolución alternativa de conflictos: con los chicos, con sus padres, con la escuela, sus vecinos y la comunidad.”
La diputada Laura Musa (ARI) alienta desde hace años la nueva ley de infancia cuya sanción aún está pendiente. “Pueden existir soluciones pintorescas como las de esta jueza”, dice. “Pero sin una ley, las decisiones terminan dependiendo de la arbitrariedad de un juez que con los mismos argumentos puede mandarlos a su casa o encerrarlos en un instituto.” Sobre los chicos de estas características lo único que “opera”, según Musa, es la “ilegalidad”: “No tienen derecho a un proceso penal al que sí tiene derecho cualquier adulto”.
Jorge Juárez es conocido en Rosario como uno de los jueces penales de adultos que promueve sanciones alternativas al encierro en las unidades del servicio penitenciario. En los últimos tres años mandó de nuevo a sus casas a unos 40 o 50 detenidos sin antecedentes penales. Con esa metodología, dice, nunca tuvo una reincidencia, y aunque la situación de los menores es distinta, considera que este tipo de soluciones ayuda a la familia a “hacerse cargo del caso, los involucra en un compromiso y en una responsabilidad sobre el chico”.

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