El ex jefe de inspectores porteños y dos de sus empleados fueron procesados por habilitar el natatorio de All Boys, donde una nena murió ahogada. El juez ordenó la clausura de la pileta.
Por Eduardo Videla
Marisa Rombolá, mamá de Florencia, impulsó la investigación sobre la habilitación de la pileta.
La autorización trucha, a manos de inspectores porteños, de un natatorio donde en febrero de 2001 se ahogó una nena de nueve años derivó ahora en el procesamiento de tres funcionarios: el ex director general de Verificaciones y Habilitaciones de la ciudad, Horacio Spandonari, y los empleados de esa área, Nora Nigro y Carlos Mustapich, acusados de falsedad ideológica agravada. Spandonari –también procesado en esta causa por abuso de autoridad– ya no está en ese cargo, pero es miembro del directorio de la Obra Social de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA). Los otros dos siguen siendo empleados de la administración porteña. El procesamiento fue decidido por el juez Julio Quiñones, quien además ordenó la clausura del natatorio del club All Boys, donde murió la nena, y le pidió al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que “adopte las medidas correspondientes” respecto de los tres imputados.
La medida se adoptó en una causa paralela a la que se sigue contra los responsables de la muerte de la nena, Florencia Möller Rombolá. En ese expediente, próximo al juicio oral, están procesados el presidente del club, el titular de la concesionaria de la pileta, la profesora de natación, la guardavidas y el coordinador deportivo de All Boys. Todos están acusados de homicidio culposo, aunque la familia de Florencia insiste en que deben ser juzgados por homicidio doloso.
En la causa paralela, en cambio, se investiga si la pileta estaba correctamente habilitada. Allí, al juez Quiñones le llamó la atención que el natatorio de All Boys fue habilitado el 28 de febrero de 2001, luego del fallecimiento de Florencia, ocurrido el 12 de ese mes. La pileta, donde practicaban natación centenares de chicos, estaba funcionando ya en julio de 2000, cuando una inspección del Gobierno de la Ciudad detectó irregularidades: ni siquiera tenía equipos de salvavidas.
La pesquisa no la hizo el fiscal sino el abogado de la familia, Alejo Ramos Padilla. El 9 de enero de 2001, los inspectores porteños notificaron al club que debían efectuar las mejoras señaladas en un plazo de 30 días. Fue en ese lapso en que ocurrió la muerte de Florencia. La nena apareció ahogada en el sector profundo de la pileta, hasta donde los llevaba la profesora. El lugar no tenía la cantidad de personal guardavidas requerida por las normas vigentes.
El juez Mariano Bergés, el primero en investigar el hecho, clausuró de inmediato el natatorio. Pero el trámite de habilitación siguió su curso y el 23 de febrero, la inspectora María Torres no pudo hacer la verificación correspondiente porque “el local se encontraba clausurado”. En el expediente municipal, después de esta acta, aparece otra, firmada por la inspectora Nigro, sin fecha, en la que se da cuenta de que las medidas requeridas habían sido cumplidas.
¿Cómo hizo la inspectora para constatar las mejoras si el natatorio estaba clausurado? ¿Por qué el acta no tenía fecha? Esas preguntas, que tuvieron respuestas poco convincentes por parte de los funcionarios, fueron determinantes a la hora de resolver los procesamientos. Porque lo indiscutible es que el lugar estuvo con faja de clausura hasta el 5 de marzo. Y la habilitación, firmada por Spandonari y Mustapich, tiene fecha del 28 de febrero. Su condición de funcionarios públicos califica el delito que se les imputa como agravado.
Spandonari fue mandamás en la oficina encargada de habilitaciones y controles hasta noviembre de 2001, cuando Aníbal Ibarra le pidió la renuncia. Poco después, el jefe de Gobierno disolvió el cuestionado cuerpo de inspectores, sobre el que pesaban denuncias de corrupción. Llamativamente, el ex funcionario fue designado como director en la obra social de los empleados municipales, en representación del Ejecutivo. Fuentes del gobierno porteño dijeron anoche a Página/12 que si el procesamiento queda firme, le pedirán nuevamente la renuncia.
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