Las comisarías bonaerenses quedaron obligadas a tomar todas las denuncias, aunque no impliquen delitos penales. La novedad es parte de la reglamentación de la Ley de Violencia Familiar.
Por Pedro Lipcovich
Hasta ahora, la mayoría de las denuncias terminaban en simples actas que quedaban archivadas.
Desde esta semana, todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires están obligadas a dar curso a todas las denuncias por violencia familiar, aunque no impliquen delitos penales. Así lo señala la reglamentación de la Ley de Violencia Familiar bonaerense, establecida por el Ministerio de Desarrollo Humano provincial. Para las denuncias –que serán atendidas por los jueces de familia– se considerará como “grupo familiar” también a las uniones de hecho y diversos grados de parentesco. Se conformará además una red de atención y prevención de la violencia familiar que abarcará a hospitales, centros de atención jurídica y ONG. La reglamentación fue uno de los últimos actos de Juan Pablo Cafiero, antes de ser reemplazado por Jorge Varela como ministro de Desarrollo Humano.
“Hasta ahora, en las comisarías no se daba curso a las denuncias por violencia, no necesariamente por mala voluntad de los policías sino porque no tenían a quién derivarlas, salvo en casos como los de lesiones graves, que iban a la Justicia penal”, explicó a este diario Marisa Graham, quien fue subsecretaria de coordinación del Ministerio de Desarrollo Humano durante la gestión de Cafiero.
La ley provincial 12.569, ahora reglamentada, establece que la policía debe recibir las denuncias y girarlas a los juzgados de familia o de menores o los jueces de paz. Además, deben enviar copia a la comisaría de la mujer de la zona o al servicio local de protección de los derechos del niño. La policía está obligada a tomar las denuncias aun “sin necesidad del requisito de la convivencia constante”, y el denunciante puede ser “cualquier persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia”.
La reglamentación también facilita a los jueces el dictado de medidas cautelares como la exclusión del hogar del agresor o la prohibición de que se acerque a determinada distancia de la víctima. El juez puede hacerlo, por razones de urgencia, aun antes de que se haya efectuado el diagnóstico de la situación familiar que la ley prevé.
En la Red Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, establecida por la reglamentación, participarán los hospitales, los centros de atención jurídica gratuita comunitaria, las comisarías, en particular las de la mujer, y las ONG con trayectoria en la problemática. La Red facilitará el acceso a los refugios para víctimas de violencia familiar, que en los dos últimos años llegaron a 12 en el conurbano, sustentados por convenios del ministerio con ONG. Elena Mariani, quien fue jefa de asesores de Cafiero, señaló que “los refugios, de domicilio reservado, son la instancia extrema a que puede recurrir una mujer y su grupo familiar para preservar su integridad física y psíquica”.
Mariani destacó que “se procura que la permanencia en los refugios no supere los dos o tres meses, durante los cuales se opera para que las mujeres egresen con vivienda asegurada, que puede ser una prefabricada digna en el terreno de algún familiar, y una beca o un trabajo. El Proyecto Adolescentes, para los hijos de 14 a 21 años, se plasmó en un taller de cuero y otro de telar, que hoy exportan sus productos”.
La posta deberá ser tomada ahora por los equipos del nuevo ministro de Desarrollo Humano, Jorge Varela, ex intendente de Campana.
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