EL MOVIMIENTO SOCIAL EN FAVOR DE LA PRODUCCION PUBLICA DE MEDICAMENTOS
Un remedio contra el negocio de la salud
Un grupo de organizaciones sociales, universidades e investigadores reclama profundizar la producción pública de medicamentos. Argumentan que baja costos y permite priorizar drogas que los laboratorios comerciales dejan de lado. Las unidades que ya funcionan trabajan por debajo de su capacidad.
Por Pedro Lipcovich
Los impulsores ponen como ejemplo que a los laboratorios privados no les interesa fabricar remedios contra el Chagas.
La lucha por la producción pública de medicamentos avanzó este año. El reclamo, encabezado por universidades e investigadores, solicita fortalecer y desarrollar las 40 unidades públicas productoras de medicamentos (UPM) que ya existen en el país, pero que trabajan muy por debajo de su capacidad potencial. Según los reclamantes, estos laboratorios padecen por la falta de inversión, el descuido a institutos estatales como el Malbrán, las trabas burocráticas o políticas para la certificación de sus productos y los condicionamientos crediticios impuestos por instituciones internacionales: “Una política que impulse la intervención estratégica del Estado no se puede financiar con fondos del BID”, señaló uno de estos investigadores. El director del Plan Fénix –que avala el reclamo– agregó la necesidad de “resistir la presión de Estados Unidos respecto de las patentes”, para facilitar la producción de fármacos contra el VIH-sida. Y el titular del Instituto Nacional de Parasitología destacó que “la industria farmacéutica no va a poner ni un dólar en medicamentos contra el Chagas, que son muy imperfectos y, además, están faltando”.
“Nuestros estudios muestran que las unidades públicas productoras de medicamentos (UPM) utilizan sólo entre el 25 y el 75 por ciento de su capacidad instalada: se trata de llevarla al ciento por ciento, para lo cual proponemos que el Ministerio de Salud conforme una red de productores de medicamentos, con un organismo coordinador autárquico y con presupuesto propio”, sostuvo Claudio Capuano, coordinador de la cátedra libre de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, como conclusión del Tercer Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, que reunió a 30 de las 40 UPM del país.
Una propuesta central de estas UPM es la reformulación del programa Remediar, mediante el cual el Ministerio de Salud de la Nación provee fármacos gratuitos en centros sanitarios de todo el país: “Su costo hasta la fecha supera los 233 millones de dólares, de los cuales 160, obtenidos mediante un crédito del BID, se sumaron así a la deuda externa, y 93 millones se cubrieron con recursos de la Nación: llevando los laboratorios públicos a su capacidad potencial permitiría proveer estos medicamentos, no sólo ahorrando en recursos sino favoreciendo una política de Estado soberana en materia de medicamentos”.
“Con menos del diez por ciento del aporte de la Nación al Remediar, sería posible poner los laboratorios en pleno funcionamiento –sostuvo Patricio de Urraza, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata–. Habría que invertir en maquinaria, en infraestructura y formar recursos humanos; las UPM son nichos que funcionan en un aparato de Estado que fue desmantelado. Bajo esas condiciones, las aproximadamente 40 formas farmacéuticas que incluye Remediar podrían fabricarse por la mitad o la cuarta parte de los costos actuales.” Las estimaciones del Ministerio de Salud son muy diferentes (ver nota aparte).
“La Universidad de La Plata decidió poner la producción de su UPM a disposición de la comunidad académica, mediante la Dirección de Sanidad universitaria”, anunció De Urraza, y contó algunas de las desventuras de la UPM platense: “Nos llevó desde 2002 hasta este año obtener dos certificaciones para producir medicamentos (ibuprofeno y paracetamol), por dificultades que, antes que técnicas, son políticas”. Según el secretario de Extensión de la Universidad platense, “muy pocas de las UPM tienen la habilitación nacional, que otorga la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos), ya que las normas impuestas por este organismo responden a estándares internacionales diseñados a la medida de los grandes laboratorios que dominan el mercado. Por ejemplo, el Laboratorio Central de la Provincia de Buenos Aires no cumple con estas normas”. En cuanto a las habilitaciones provinciales, que sólo permiten a la UPM operar en la jurisdicción respectiva, “responden a decisiones políticas: nuestro proyecto empezó en 1991; recién en 1994 nos habilitaron el primer producto y pasaron diez años para que habilitaran el segundo. La actitud de los estados provinciales suele ser: ‘Te dejamos que existas, para mostrar que estamos preocupados por el tema, pero te reducimos a la mínima expresión’”, según De Urraza.
El acceso a financiación también es problemático para las UPM públicas. “En Río Negro, el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública gestionaba un crédito para mejorar su capacidad de producción, en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación: la financiación ya iba a ser otorgada pero se trabó porque estos créditos provienen del BID, que los limita a empresas que produzcan para el mercado formal –contó De Urraza– es que una política que impulse la intervención estratégica del Estado para regular mercados no se puede financiar con fondos de organismos internacionales.”
Patente, patente
Los medicamentos del Plan Remediar, y en general los que se producen en las UPM, están por fuera del régimen de patentes, por el tiempo que llevan en el mercado. Abraham Gak –profesor en la Facultad de Economía de la UBA, es director del Plan Fénix, en cuyos lineamientos se incluye el impulso a la producción pública de medicamentos– estimó fundamental “resistir la presión de Estados Unidos respecto de las patentes. Es uno de los puntos centrales que ese país intentó imponer por medio del ALCA”.
La cuestión de las patentes se juega para los medicamentos antirretrovirales contra el HIV-sida, y el ejemplo más reconocido en la región es el de Brasil, que destacó Martín Isturiz, investigador del Conicet y miembro del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Técnica: “Hace muy poco, cuando Abbott quiso subir el precio de un antirretroviral, Brasil amenazó con que el Farmanguinhos, instituto estatal, iba a salir a producir la droga, y Abbott bajó el precio”. En cuanto al acuerdo sobre medicamentos entre Argentina y Brasil, anunciado en agosto, “no es más que un protocolo de intención, donde todavía no se especificó nada”, afirmó Isturiz.
Orfandad
Quienes resultan más contundentes al pedir que el Estado se haga cargo, no ya sólo de la producción de medicamentos existentes sino del desarrollo de nuevos fármacos, son los especialistas en la enfermedad de Chagas-Mazza: “La industria farmacéutica no pone ni va a poner un dólar en la enfermedad de Chagas, una de las que mundialmente se consideran ‘huérfanas’ –advirtió Andrés Ruiz, director del Instituto Nacional de Parasitología Fatala Chabén–. Los medicamentos que se utilizan vienen de la industria veterinaria, son sólo dos, datan de hace 30 años, son muy imperfectos y, además, faltan. El nifurtimox fue discontinuado por Bayer, porque no resultaba rentable; el otro, llamado benznidazol, es de Roche, que en 2004 dejó de producirlo por las mismas razones. Esta firma le transfirió la tecnología a Brasil, pero la Argentina no dispone de este medicamento y el año próximo vamos a tener problemas”.
Para Ruiz, en fármacos contra el Chagas “la Argentina debería apuntar a la investigación básica: tenemos recursos humanos y mucho trabajo ya hecho; se han encontrado nuevos blancos para la acción de medicamentos, pero falta la etapa siguiente, que es el ensayo clínico: es lo más costoso, la industria no quiere hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros”.
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