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El primer juicio político a un magistrado promovido por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires terminó en un traspié para el organismo. El proceso contra el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo fue dejado sin efecto debido a que la acusación fue formulada una vez finalizado el plazo legal para hacerlo –de 60 días–, fijado en la Constitución porteña. Ante el planteo de nulidad formulado por la defensa de Gallardo y luego de una tibia oposición por parte del ente acusador, los nueve miembros del Consejo de la Magistratura se reunieron durante ocho horas, hasta que resolvieron por mayoría “archivar el expediente”, con un marcador que fue de seis votos contra tres. La presidenta del tribunal, Ana Conde, el legislador macrista Jorge Enríquez y el abogado José Console fueron los únicos que negaron la caducidad del plazo establecido. Dijeron que las demoras se debieron a los “artilugios judiciales” introducidos por el propio Gallardo, por vía de recusaciones y amparos que demoraron el trámite y que hicieron pensar a los miembros del tribunal “que el plazo para la prescripción había quedado suspendido”, algo que ahora se determinó que no ocurrió. El fallo favorable a Gallardo fue saludado con aplausos por los asistentes a la audiencia, la mayoría empleados y miembros de la familia judicial porteña.
Gallardo fue acusado por su actuación en una causa en la que ordenó suspender la ejecución de obras relacionadas con una licitación para construir un complejo de viviendas en el Parque de las Victorias, en la Villa 20 de Lugano. La denuncia había sido formulada por la procuradora general del gobierno porteño, Alejandra Tadei, quien era la principal testigo de cargo y que ayer estuvo más de diez horas en la sede del Consejo de la Magistratura, en Cerrito 760, esperando para declarar, hasta que fue notificada sobre el rápido cierre del proceso.
“Tanto el voto de la mayoría del Consejo, como el de la minoría, fueron votos fundados. Mi conclusión es que se cumplió el debido proceso y que al juez Gallardo se le dio el derecho al debido proceso del que no goza el jefe del Gobierno porteño (Aníbal Ibarra) en el juicio político” por el caso Cromañón, dijo Tadei a Página/12. “Ibarra también argumentó la nulidad del proceso, con razones fundadas, pero no tuvo el mismo tratamiento. Igual es satisfactorio que se hayan respetado los derechos del doctor Gallardo, como se deberían respetar los derechos de todos.”
Tadei dijo que fueron “muy interesantes” los argumentos de la presidenta del tribunal, Ana Conde, quien desarrolló “la teoría de los actos propios” y le adjudicó ese accionar al juez Gallardo durante el proceso que comenzó en septiembre del año pasado. Dicha teoría define las presentaciones que hace el acusado con el objetivo de desplegar “artilugios defensivos que hacen demorar el procedimiento” en forma intencionada y por “la propia actividad del imputado”. Conde, Enríquez y Console sostuvieron, desde la minoría, que el proceso fue interrumpido a partir de la admisión de un recurso de amparo por parte del juez Juan Lima.
Los tres miembros del Consejo opinaron que esa impasse llevó a la confusión al ente acusador, que creyó que “la decisión del juez había interrumpido o suspendido los plazos”, lo que finalmente llevó a la prescripción de la acusación, que se presentó el 30 de noviembre, cuando debía haberse incorporado cinco días antes. La mayoría, en cambio, le dio la razón al pedido formulado por los defensores del juez cuestionado, Graciela Christe y Gustavo Abozo, quienes en alusión al período de intervención del juez Lima, aseguraron que el Consejo “no hizo nada durante 14 días”, cuando lo único que había quedado suspendido era el sorteo para la designación de los consejeros que iban a tener a su cargo la realización del juicio político.
El primer juicio político del Consejo de la Magistratura porteño se abrió a las 9.40, con la lectura de la acusación, en la cual se cuestionaba la forma en que Gallardo fue incorporando investigaciones y denuncias paralelas a la causa que llevó a la suspensión de las obras habitacionalesen Villa Lugano. Se criticó “la falta de rumbo de la causa por la multitud de pedidos” que se formularon al gobierno porteño y que, según los acusadores, convirtieron al juez en un “paladín omnímodo”.
Los defensores de Gallardo solicitaron la nulidad de las actuaciones por la prescripción de los plazos y la intervención fue tan rotunda, que el propio vocero del Consejo, al refutar el pedido, calificó a la defensa de “brillante”. Desde ese mismo momento, en una sala de sesiones en la que se encontraban varios jueces y fiscales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a prevalecer la idea de que el proceso se cerraba el primer día. “¿Cómo van a hacer para seguir adelante con esta payasada?”, fue la pregunta que hizo uno de los funcionarios judiciales.
El tribunal, poco antes de las 13, dispuso un cuarto intermedio hasta las 13.30, pero la audiencia recién se reanudó a las 20.30. Desde ese momento se leyeron los argumentos, primero en contra y luego a favor del pedido de la defensa, y el caso se cerró por considerar que la acusación fue presentada “fuera de término”, motivo por el cual se dispuso “archivar el expediente”. El anuncio fue saludado con aplausos por una platea totalmente favorable al acusado. Lo sucedido significa que el juez Roberto Gallardo ya no podrá ser acusado por la misma causa, ni siquiera por otro tribunal designado por el Consejo de la Magistratura.
Varias entidades y agrupaciones vecinales se solidarizaron con Gallardo, entre ellos la Cooperativa El Alamo y la Asociación Civil Mama, de la Villa 20 de Lugano. Poder Ciudadano envió una nota al tribunal expresando su “profunda preocupación” por un juicio político que podría ser interpretado como “un castigo ejemplar a los que posibilitan la efectivización de los derechos sociales”, aludiendo a las medidas adoptadas por el magistrado en favor de los habitantes de villas y asentamientos de la Capital Federal. El juez Gallardo es considerado un “enemigo político” de Ibarra, con quien se enfrentó en distintas causas, como las que llevaron a la clausura de La Rural, al pago de un subsidio a cartoneros y a la habilitación de la presencia de los familiares de las víctimas de Cromañón en las sesiones de la Legislatura porteña cuando fue suspendido el jefe de Gobierno.
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