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¿Confesar la evasión o decirle adiós al dinero? Esa puede ser la disyuntiva a la que se vea enfrentada la señora Emilia Bascoy de Aguirre, la cordobesa que en el año 2004 denunció que un cartonero se había llevado cincuenta mil dólares suyos, que por error la empleada doméstica había dejado en una caja en la calle al limpiar el desván. Ayer Mariano Ludueña, el abogado del cartonero, sacó un inesperado conejo de la galera: denunció a la mujer ante la Justicia federal por falsedad ideológica, ya que no habría incluido semejante suma de dinero en sus declaraciones juradas. La idea es que, al ser requerida por la Justicia, Bascoy podría verse forzada a reconocer que cometió un delito al no pagar los impuestos correspondientes a ese monto, tras lo cual sólo le quedaría esperar el zarpazo de la AFIP. La alternativa es que niegue que lo tenía, con lo cual el dinero en cuestión quedaría, ahora sí, legítimamente en manos del cartonero. Menudo dilema.
Paulo Altamirano se hizo famoso en mayo de 2004, más precisamente el día que la señora Bascoy de Aguirre denunció la desaparición de su dinero. En su afán de limpieza, la empleada había sacado a la calle unas cajas viejas con papeles, apiladas en el desván de su casa de Oliva, Córdoba, sin revisar su interior, donde supuestamente descansaban los dólares y unas joyas. En la casa no lo habían advertido de inmediato: pasaron meses antes de que a Bascoy se le ocurriera buscar la caja y recién entonces cayó en la cuenta de que no estaba. La empleada recordó que le había pedido que limpiara el lugar. Poco después le llegó la noticia del aparente enriquecimiento de Altamirano, dedicado a cartonear por las calles de Oliva, quien en pocos meses se había comprado una sencilla casa, dos autos, había abierto un kiosco y había colocado treinta mil pesos en dos plazos fijos. Era justamente el cartonero que solía recorrer su barrio en busca de todo material vendible.
Claro que a Altamirano no podían imputarle un robo, porque no se llevó por la fuerza ningún bien ajeno, sino –en todo caso– tomó objetos de los que la gente se desprendía por propia voluntad. Aun así, la denuncia prosperó: la figura fue “defraudación atenuada”. La Justicia procedió a incautarle sus bienes: los dos plazos fijos quedaron embargados y el hombre vio cómo se llevaban sus autos, la mercadería del kiosco, sus muebles y electrodomésticos. Lo único que le quedó fue la casa de Oliva, donde vive con su mujer y sus cinco hijos, que pronto serán seis.
“Está en la miseria –dice su abogado, Mariano Ludueña–. El kiosco lo había comprado con un crédito y como le incautaron los plazos fijos no pudo pagarlo y lo perdió. Sigue cartoneando, pero ya no en la calle sino en los basurales.”
En verdad, Altamirano jamás reconoció que había recogido dinero alguno en la calle. Durante el proceso se negó a declarar y luego presentó en la causa el boleto de compraventa de un campo de su abuelo y la partida de defunción del padre, sucedida enseguida después de la venta del campo, lo cual apunta a justificar la posesión del dinero. En sus escasas apariciones públicas, siempre se limitó a decir que no es ningún delincuente.
Lo cierto es que, más allá de la coincidencia en el tiempo entre la pérdida del dinero y las compras que hizo Altamirano, no parece haber una forma concluyente de vincular ambos episodios. Es una causa con una notoria carencia de evidencias. “Lo único que presentó la señora –sostiene Ludueña– fue un croquis de las joyas. Pero ninguna prueba de que tenía ese dinero, ni tampoco declaraciones juradas. Sólo estuvo la palabra de ella. Y yo digo, ¿si hubiera dicho que tenía un submarino, ¿se allanaba la casa de Altamirano para buscarlo?”.
Enterado de que el dinero no habría figurado en las declaraciones de impuestos de Bascoy, Ludueña lo denunció ante la jueza de la causa, Teresa Pedraza de Arnoletto. Pero como no tuvo respuestas positivas, decidió subir un paso más e ir a la Justicia federal. Eso sucedió ayer. Junto con Altamirano, Ludueña se presentó en los tribunales federales de Belle Ville con un escrito donde denuncia a Bascoy, haciendo referencia a su declaración de mayo del 2004, “en la cual manifiesta que tenía en su poder la suma de dólares estadounidenses cuarenta mil, para luego aumentar la cifra a dólares estadounidenses cincuenta mil” y pide que se investigue si la mujer pudo haber cometido el delito de falsedad ideológica “si hubiere omitido en su declaración jurada del impuesto a los Bienes Personales la suma denunciada en los autos, que supera ampliamente la base impuesta”. Más aún, continúa incisivo el texto, “si ella misma declara que posee el dinero desde hace cuarenta y cuatro años”.
Así plantea Ludueña el dilema de la señora Bascoy: “Si reconoce la denuncia reconoce el delito, que tiene una pena de uno a seis años de prisión: se entrega sola ante la AFIP. Y si no reconoce la denuncia, entonces Altamirano es inocente y tienen que devolverle sus bienes”.
Por ahora, Altamirano espera.
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