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Accidentado, con algunos fumadores furtivos que buscaron ocultar el humo. Así fue ayer el primer día de la aplicación de la ley 1799, que prohíbe fumar en los edificios públicos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los empleados de algunos organismos oficiales optaron por mantenerse dentro de las normas y salir a encender sus cigarrillos a la calle. Mientras otros podían ser sorprendidos con las manos en el pucho y hasta se quejaban de la nueva reglamentación. En respuesta a esas quejas, Donato Spa-ccavento, secretario de Salud porteño, señaló que “la ley busca cuidar a los no fumadores y hacer de Buenos Aires una ciudad saludable”, y aclaró que “la prohibición rige hasta en los despachos”.
Los primeros resultados del “prohibido fumar” estuvieron a la vista en la vereda de Carlos Pellegrini 211, justo en la puerta de donde funciona la Dirección General de Administración de Infracciones, en el ex Mercado del Plata. “Te das cuenta de la ley por los empleados que salen con los atados de cigarrillos en la mano a la vereda”, contó a este diario Griselda, encargada de la recepción del primer piso. Y en efecto, un grupo de seis fumadores que sucumbían al vicio en la acera se presentaron como empleados del edificio.
“Está todo bien –comentó Leonardo mientras exhalaba el humo–. Uno tiene el vicio, pero no por eso tiene que molestar a los demás. Antes salíamos a la sala de estar. Ahora nos escapamos un rato y bajamos.” Junto a él, Betina se quejaba entre risas: “Bajo a disfrutar el primer puchito del día y ya me escrachan”. “El encargado de la oficina nos mandó un mail a cada uno para informarnos. Y yo le respondí. ‘Compromiso aceptado’ le puse”, como para manifestar su acuerdo con la ley.
La reglamentación de la legislación estará lista para el 8 de marzo, informó Spaccavento a este diario. Entonces podrán aplicarse las multas a los responsables de cada área, que irán de los 50 a los 2000 pesos y se harán efectivas luego de un sumario. La prohibición rige para todos los sectores de los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad, incluidos Centros de Gestión y Participación, hospitales y escuelas. “Se aplica en todos los sectores de las dependencias porque todos son públicos, salvo que alguien compre un despacho”, bromeó Spaccavento para eliminar la confusión de algunos funcionarios sobre los alcances de la normativa.
Es que no faltan los fumadores remisos a limitar el consumo de tabaco. Es el caso de algunos trabajadores de un CGP del Sur de la ciudad visitado ayer por Página/12. Allí, mientras un asesor del director aseguraba que nadie fuma en el edificio y se exhibían cuatro notas sobre el tema en carteleras y puertas, un par de empleados había transformado una pequeña oficina en un fumadero. El olor del humo demostró lo endeble del escondite.
Más aplicados se mostraron en el CGP 2. “Acá los que fuman ya saben que no pueden y van a la vereda. Yo fumo, pero no en el trabajo. Si viene alguien a hacer un trámite y está fumando se le pide que lo apague. Y en general respondieron bien”, contó Celia, que trabaja en el lugar.
“El espíritu de la ley no es punitorio, sino que busca que los no fumadores tengan una herramienta legal para protegerse del tabaco. Más allá de que ofusque a los fumadores, hay que entender que el tabaquismo es una enfermedad. Por eso nos hacemos cargo de las campañas de promoción y hay consultorios antitabaco en los hospitales”, explicó Spaccavento. Los fumadores pueden informarse sobre lugares para que los ayuden a dejar de fumar en el 0800-333-7258.
El número lo deberían agendar algunos de los que trabajan en una oficina de la Secretaría de Cultura porteña. Allí, uno de los empleados escuchó la consulta sobre cómo se estaba aplicando la ley. Un silencio fue la respuesta. Detrás de él, su superior acumulaba los restos de un cigarrillo en un cenicero. Cuando escuchó la pregunta, su rostro sonrojado demostró sus deseos de hacerse humo.
Informe: Lucas Livchits.
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