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Sociedad|Lunes, 3 de abril de 2006
LOS ESTRAGOS QUE PROVOCO UNA PAPELERA EN EL SUR DE CHILE

Exterminio en el río de los cisnes

La planta comenzó a funcionar en 2004 cerca de Valdivia, a 250 kilómetros de Santiago. En poco tiempo, los desechos tóxicos terminaron con la vida de miles de cisnes del río Cruces, la mayor reserva en América del Sur. Los pobladores siguen reclamando su cierre.

Por Silvia Marchant
Desde Valdivia
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El río Cruces era el lugar más grande de anidación de los cisnes de cuello negro en América latina.

La avioneta sale de Valdivia y sobrevuela el río Cruces, donde los turistas solían visitar el humedal Santuario de la Naturaleza, un lugar protegido por una convención internacional desde 1981. El lugar era célebre porque allí habitaban miles de cisnes de cuello negro: era el sitio más grande de anidación de esas aves en América del Sur, de las cuales hoy no quedan ni vestigios. Desde la altura también se puede ver la planta de Celulosa Arauco y Constitución SA (Celco) que, en 2004, se instaló a más de 50 kilómetros de Valdivia y comenzó a desechar residuos sobre el río Cruces. También desde el aire se percibe el reclamo de la población, que exige el cierre de la planta. La fábrica, pese a las protestas, sigue funcionando, Pero los vecinos se anotaron esta semana un punto a su favor: el Tribunal Latinoamericano del Agua les aplicó una sanción a las autoridades ambientales chilenas y recomendó el cese de las actividades de la planta al determinar la responsabilidad de la empresa por utilización inadecuada de los recursos hídricos, la contaminación de la región, las pérdidas en la biodiversidad y los riesgos a la salud de los habitantes del lugar.

El organismo latinoamericano, en una causa iniciada por organizaciones ambientalistas chilenas contra el Estado y contra la empresa Celco, recomendó el 20 de marzo último “la suspensión inmediata e indefinida” de las actividades de la planta hasta la realización de nuevos estudios de impacto ambiental. Asimismo, sugiere que la autoridad sanitaria implemente monitoreos mensuales y permanentes de los niveles de toxicidad. El fallo resuelve además “censurar a las autoridades gubernamentales, nacionales y regionales por la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones, en perjuicio de la vida, la salud, la naturaleza y las comunidades tradicionales”.

Eduardo Israel es el piloto de la avioneta que lleva a Página/12 a conocer la zona y también es médico oncólogo, vecino de la zona e integrante de la organización local Acción por los Cisnes (APC). “A los pocos meses de la instalación de la celulosa, el olor nauseabundo era insoportable y luego los cisnes empezaron a morir por la contaminación del río”, relata. Cuenta que las aves huían agonizando y caían muertas en los patios de las casas o en las rutas; otras flotaban muertas en el río o en su afán de salvarse, incluso llegaban al mar, pero quedaban estampadas en las rocas de la costa o atrapadas en redes de pescadores. “Había ocho mil cisnes y ahora no hay ninguno”, dice el piloto. “Con el tiempo se verán las consecuencias que traerá en la salud de la gente.”

Valdivia es una ciudad rodeada por ríos de aguas azules, por verdes montañas que se pierden en la costa del océano Pacífico, 840 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Fue el lugar elegido por Celco para instalar una planta productora de celulosa kraft blanqueada de pino y eucalipto, que utiliza la tecnología ECF (Libre de Cloro Elemental), a más de 50 kilómetros de la ciudad, en San José de la Mariquina. A mediados de la década del 70, en plena época de dictadura, Chile comenzó a desarrollar su sector forestal. Así, crecieron las plantaciones de pino y eucalipto, que lo convirtieron en uno de los líderes en el sector forestal a nivel mundial, junto con Suecia, Finlandia y Canadá.

Arauco es el nombre con el que se denomina al conjunto de empresas industriales, forestales y comerciales organizadas como Celulosa Arauco y Constitución SA (Celco), propiedad del grupo económico chileno de Anacleto Angelini, que posee cuatro plantas en ese país, una quinta en construcción, y una en Misiones, Argentina (Alto Paraná).En 1996, con el aval del entonces presidente chileno, Eduardo Frei, el proyecto de Celco obtuvo la aprobación de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) con la condición de que los residuos industriales líquidos descargados al río Cruces fueran sometidos a un tratamiento terciario o bien vertidos al mar. Luego de la resistencia de las comunidades costeras a la construcción de un ducto hacia el océano, Celco eligió verter los desechos sobre el río Cruces y en febrero de 2004, la planta inició las actividades.

Un río sin vida

Daniel Boroschek, que también integra APC, recibió en mayo de 2004, en su centro veterinario, el primer cisne muerto. Los pobladores llegaban a la clínica llevando aves, algunas en estado de agonía, otras muertas. El veterinario organizó una expedición al Santuario, donde constató la mortandad: había desaparecido el luchecillo, la planta con la que se alimentan esas aves. “En la primera navegación por el lugar filmamos todo, después difundimos un documental para que la población se enterara de lo que estaba ocurriendo”, cuenta Boroschek. Lograron que la planta instalara filtros para evitar los malos olores, pero las muertes de los cisnes continuaban.

“Nos dimos cuenta de que si nosotros no nos defendíamos y no nos organizábamos, las cosas iban a continuar tal como estaban. Las empresas celulosas no dicen la verdad”, advierte Boroschek.

Ante el desastre ambiental, a fines de octubre de 2004 se creó en la ciudad la organización Acción por los Cisnes (APC), que logró a través de sus reclamos la movilización de miles de pobladores.

Empresarios, agricultores, comunidades mapuches, pescadores y miembros de organizaciones sociales iniciaron querellas contra la planta, que están en pleno proceso de investigación. Según la Policía de Investigaciones, “la celulosa es responsable de la contaminación”, señala José Araya, uno de los fundadores de APC. Así, a mediados de 2005, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) ordenó el cierre de la planta por un mes, medida que la empresa acató.

“Fue algo inédito. El informe de la Universidad Austral de Chile, pedido por las autoridades locales, demostró que el sulfato de aluminio que la empresa estaba descargando al río había desencadenado el desastre. Lo novedoso fue que el compuesto nunca había sido declarado por la planta”, destaca Araya.

Entonces, la empresa comenzó a ejercer presión contra las medidas que dictaban las autoridades con el argumento de que muchas personas se quedarían sin trabajo con el cierre de la planta. “El discurso de la empresa, que genera empleo, que dinamiza la producción local y que utiliza tecnología de primera, es una mentira”, sentencia Araya. La contaminación provocó que muchas personas quedaran sin trabajo. Productores de berrys, cereza y verduras se quedaron sin compradores porque sus productos son cultivados cerca de la celulosa. A su vez, empresarios turísticos que antes organizaban expediciones biológicas al Santuario hoy no pueden ofrecer esos recorridos porque en el humedal no hay nada para ver.

“Celco sólo tiene alrededor de 300 empleados en su planta. Pero salieron a la calle miles de obreros que trabajan en forma indirecta para ella”, describe Claudia Sepúlveda, integrante de APC. “Era obvio que estaban organizados por la empresa, tenían letreros todos iguales y eran miles, decían que si la planta cerraba se quedarían sin trabajo. Nosotros no podíamos entender lo que estaba pasando, todos queremos empleo, pero no a expensas de un desastre ambiental.”

“La presión que ejerció la planta se hizo notar. De pronto, nadie nos escuchó y la empresa siguió sus actividades, hasta las autoridades crearon legislación para permitir a Celco desechar sulfato de aluminio y en las cantidades que la empresa requería. Presentamos un recurso que no fue aceptado por cuestiones burocráticas. Nos reunimos con (el entonces presidente Ricardo) Lagos y nos dijo que él personalmente había ordenado detener los recursos administrativos contra la planta porque la situación generaba mala imagen para Chile y no nos favorecía”, acusa Araya.

Entonces, para no afectar al humedal, las autoridades chilenas decidieron que la empresa desechara los residuos al mar, “algo impensable, porque igual se provocará contaminación”, reniega Boroschek.

Página/12 recorrió la costa de Mehuín y Queule, a 70 kilómetros de Valdivia, donde Celco proyectó construir el ducto que debe terminar en 2007. En la mayoría de las casas del lugar, los pobladores colgaron letreros donde se lee: “No al ducto”. La fuerte oposición de la zona, eminentemente pesquera, provocó que la empresa se decidiera por realizar el ducto en una zona habitada por una comunidad mapuche lafkenche denominada Punta Chan, donde, por el momento, no hay demasiada resistencia.

Pese a la decisión del Tribunal Latinoamericano del Agua y del rechazo de la gente, Celco decidió instalar una nueva planta, esta vez en Cobquecura, a más de 500 kilómetros al norte de Valdivia, que cuenta con la aprobación del gobierno para construir un ducto al océano Pacífico. Cobquecura posee 50 kilómetros de playas vírgenes, un santuario natural habitado por cerca de 3 mil lobos marinos y otros atractivos naturales. En ese contexto, la población, en su mayoría pesquera, ya comenzó a organizarse para resistir la instalación de la planta.

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