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Tiros en la nuca, cabeza y tórax sobre trabajadores rurales. Fue el 17 de abril de 1996, cuando 155 hombres de la policía militar de Brasil fusilaron a 19 personas e hirieron a otras 69, que defendían las parcelas donde vivían. La Vía Campesina, el movimiento mundial que nuclea a las organizaciones de base de cuatro continentes, estableció que cada 17 de abril se conmemorara el Día Internacional de la Lucha Campesina. A diez años de aquella masacre elaboró un estudio que revela la situación mundial del campesinado: ocho de cada diez personas con hambre crónica viven en zonas rurales y la mitad de los desnutridos del planeta son trabajadores del campo que, paradójicamente, producen alimentos. En el apartado sobre Argentina, a la que exhibe como paradigma de la situación global, explica que en los últimos años se acentuó la concentración de tierras, se produjo una masiva expulsión de los trabajadores de sus chacras y señala a tres actores perjudiciales: las empresas del agronegocio, las transnacionales mineras y las madereras.
En su Informe Anual Sobre las Violaciones de los Derechos Campesinos 2005 –que incluye material de FIAN (Food First Information and Action Network), la organización internacional por el derecho a la alimentación–, Vía Campesina confirma que “los campesinos que luchan por el acceso a la tierra sufren persecución política y represión brutal, incluso asesinatos. Los que ejercen esta violencia son entidades con poder económico y político”. Y destaca que las violaciones a los derechos humanos son posibles por la complicidad o inacción de los gobiernos. También revela que “más de la mitad de los 842 millones de personas desnutridas son pequeños productores. El 80 por ciento de las personas que sufren hambre viven en zonas rurales. Y la desnutrición rural está en aumento”.
En el capítulo dedicado a Argentina, afirma que “la falta de una política agraria nacional, que incluya a todos los actores, y el favoritismo hacia la agroindustria por parte del Estado han llevado a un recrudecimiento de los conflictos del campo. Empeoró la situación de desnutrición y los derechos políticos, sociales y culturales. Además, campesinos e indígenas que luchan por sus derechos son criminalizados”.
El relevamiento de la organización, que tiene presencia en 65 países de América, Asia, Africa y Europa, también señala las causas de los males: “Las políticas de ajuste estructural promovidas por los organismos financieros han tenido efectos desastrosos en los derechos humanos”.
El informe especifica que en Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Misiones y Jujuy ocurren desalojos, ante la ausencia de protección estatal, de familias campesinas e indígenas que sufren los “ataques sistemáticos de los terratenientes y empresas que quieren usurpar sus tierras”.
El flamante Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Argentina, conformado por organizaciones de ocho provincias, asegura que en los últimos quince años se profundizó la concentración de tierras: el 82 por ciento de los productores rurales son familias campesinas y trabajadores que sólo ocupan el trece por ciento de la tierra. Las estimaciones del Movimiento señalan que, en la década pasada, más de 200 mil familias fueron expulsadas del campo hacia barrios empobrecidos de las grandes ciudades, donde “rara vez tienen mejoras en la calidad de vida”. Datos del Indec confirman esa tendencia: en la última década aumentó 14 por ciento la población de las zonas urbanas y disminuyó ocho por ciento la de zonas rurales.
Además de la ausencia de políticas estructurales para el desarrollo campesino, las organizaciones locales y el informe mundial resaltan la lucha por otro bien precioso: el agua. Mientras Vía Campesina denuncia el papel jugado por las minas de oro, cobre y plata, el Movimiento NacionalCampesino advierte que “las reservas de aguas son explotadas sin control por grandes estancias y multinacionales para el riego de la agricultura intensiva a gran escala. Y los grandes desmontes, donde intervienen las madereras, comprometen gravemente la recarga de los acuíferos y la renovación del recurso”.
Entre las causas de los problemas, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales apuntan al monocultivo de soja por la destrucción de enormes superficies de bosques, la degradación del medio ambiente y el abandono de otras actividades agropecuarias, como la lechería y la fruticultura, que garantizaban alimentos a nivel local.
“El modelo tecnológico de los agronegocios se basa en grandes extensiones de tierras sin gente, desiertos verdes donde empresas semilleras, farmacéuticas y de agrotóxicos encadenan la independencia económica de los agricultores, convirtiendo al agro en una industria donde no hay comida ni trabajo”, sentencia el Movimiento Campesino e Indígena. Vía Campesina puntualiza: “Se impulsó la expansión del cultivo de soja transgénica con el fin de ampliar exportaciones y lograr mayor entrada de divisas para el pago de la deuda externa”.
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