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El mismo Estado que reclama a un país vecino el cumplimiento de las normas que obligan a hacer un estudio de impacto ambiental ante una obra de gran magnitud, potencialmente contaminante, incumple con los mismos requisitos para las obras públicas vinculadas con la cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo y con las recomendaciones que apuntan a detener la polución galopante que, cada vez con mayor virulencia, envenena ese curso de agua. La advertencia la hizo ayer la Defensoría del Pueblo de la Nación que, con un conjunto de organizaciones ambientalistas, vecinales y académicas, presentó ayer el Informe Especial de Seguimiento de la cuenca (2003-2005). La conclusión del estudio es que en dos años –desde que las mismas organizaciones alertaron sobre la grave situación del Riachuelo– el Estado no hizo prácticamente nada. “No va a haber cambios hasta que se conforme un Comité de Cuenca, integrado por todos los estados involucrados, con capacidad para tomar decisiones”, aseguró Mondino a Página/12.
“En dos años, desde el anterior informe, la situación ha empeorado: no ha habido avances, ni iniciativas, ni proyectos para revertir la situación de una zona que es el principal foco de contaminación del país”, dijo el defensor del Pueblo.
El informe fue presentado por la Defensoría nacional y otras organizaciones, entre ellas, la Defensoría del Pueblo porteña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, la Universidad Tecnológica Nacional, Poder Ciudadano, la Asociación Popular La Matanza, la Fundación Ciudad, la Universidad de La Matanza y la Fundación Metropolitana.
De acuerdo con el informe, a lo largo del Riachuelo-Matanza hay unos 140 basurales clandestinos, una cifra aproximada a los existentes hace dos años, aunque “con más focos infecciosos”. Las obras de desagües pluviales y cloacas realizados en los últimos años o en ejecución “no cuentan con los obligados estudios de impacto ambiental”, por lo que es muy probable que buena parte de esos desechos sean vertidos, sin procesamiento, en el Matanza-Riachuelo. Un ejemplo de esa situación es el volcado de desechos cloacales en los desagües pluviales en sectores de la zona sur de la ciudad. Esos efluentes van a parar al arroyo Cildañez, que desemboca, sin tratamiento, en el Riachuelo. Esa situación –que se reproduce en otros municipios– se origina en las falencias de las obras realizadas por la ex Aguas Argentinas.
La advertencia más severa del informe está dirigida al Ministerio de Salud de la Nación, que “no realizó los estudios epidemiológicos en la población de la cuenca, lo que impide establecer qué enfermedades derivan de factores ambientales”. En el área de influencia del río más contaminado del país viven aproximadamente 4,6 millones de personas. El estudio epidemiológico había sido recomendado en el primer informe, en diciembre de 2003.
Como muestra de la utilidad de ese estudio, el informe destaca el trabajo realizado por las autoridades y el personal médico y no médico del Hospital Argerich, que pusieron en práctica “un programa de vigilancia y estudio epidemiológico, participación comunitaria y mapa de riesgo” en la zona de La Boca y Dock Sud. Ese relevamiento permitió conocer las patologías comunes a los habitantes de la zona vecina al Riachuelo y al Polo Petroquímico de Dock Sud. “También fue importante el estudio realizado en el marco de la cooperación con Japón, que permitió detectar la alta contaminación que sufren los niños que viven en Villa Inflamable, cerca del Polo Petroquímico”, dijo a Página/12 Andrés Nápoli, de la FARN.
El informe destaca otros aspectos positivos, como el traspaso del control del Polo Petroquímico de Dock Sud a la Municipalidad de Avellaneda y la propuesta para relocalizar y reconvertir ese centro industrial. Desde hace años existe para el Matanza-Riachuelo un comité ejecutor, que integran todos los gobiernos involucrados. Puede tener algo de comité, pero nada de ejecutor, a juzgar por los resultados a la vista y los enunciados del informe. “El problema es que ese organismo no tiene ninguna facultad, carece de poder de policía y hasta de presupuesto para hacer estudios y observaciones”, evaluó Mondino. El defensor reconoció como positivas algunas declaraciones del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que dan cuenta de reuniones para avanzar sobre el tema. Pero advirtió que la falta de concreción “no permite tener un plan, para saber cuántos años se necesitan para limpiar el Riachuelo: ni siquiera vemos el día uno” de ese plan.
El 4 de diciembre de 2003, las mismas organizaciones habían hecho una serie de recomendaciones a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, y a los intendentes de los 14 municipios que integran la cuenca. Dos años y medio después, las reiteran.
–¿Por qué, si el problema es tan grave para la salud de tanta gente, se siguen haciendo recomendaciones y no se recurre a otras medidas? –preguntó este diario.
–Hasta ahora hemos tratado de evitar la judicialización del tema. Estamos agotando todas las instancias, pero más tarde o más temprano, si esto sigue así, no va a haber más remedio que recurrir a la vía judicial –respondió el defensor del Pueblo.
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