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Tan contaminado como las aguas del Riachuelo ha resultado el destino del préstamo de 250 millones de dólares que, a principios de la década del ’90, el BID otorgó para sanear ese curso de agua. Apenas un millón se usó para hacer algo concreto aunque inútil: retirar cascos hundidos, mientras no se impide que otros vuelvan a hundirse. Seis millones se perdieron en intereses punitorios por no usar el préstamo. Siete millones fueron a “consultorías”. 150 millones se desviaron a planes sociales no vinculados con su objetivo previsto. Quedan 90 millones, que no se ejecutan, aunque sigue funcionando su Unidad Ejecutora, con 30 funcionarios. Las 65 empresas altamente contaminantes que se habían comprometido a usar ese préstamo para plantas depuradoras siguen vertiendo tanto o más que antes sobre este río, considerado como el más contaminado de América. Una de las entidades que acompañaron a la Defensoría del Pueblo en su informe crítico sobre el tema –dado a conocer el miércoles– denominó “genocidio encubierto” a los efectos de esta contaminación sobre los 500.000 habitantes de las márgenes del Riachuelo-Matanza: “Se intoxican y mueren por el agua que beben, por el aire que respiran, por los alimentos que cultivan en sus huertas”. Y reclamó “que el presidente Kirchner, así como irá a Entre Ríos, navegue un día por el Riachuelo para que, de inmediato, adopte la decisión política que hace falta en el más alto nivel”.
Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos La Boca –una de las entidades que, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, suscribieron el informe sobre el Riachuelo que se dio a conocer el miércoles– explicó a este diario la historia del préstamo de 250 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había otorgado en 1993 para el saneamiento de la cuenca del Riachuelo: “El préstamo se adquirió en función de compromisos entre los que se destacaba el asumido por 65 empresas, causantes del 90 por ciento de la contaminación con metales pesados, que debían construir plantas de tratamiento o sistemas de producción limpia: no hicieron nada y, del préstamo, a la cuenca fue sólo un millón de dólares, y para tareas cosméticas: limpiar el espejo de agua, es decir, lo que se ve, y sacar cascos hundidos; aun esto fue inútil, porque, como siguen amarrando barcos inactivados, siguen hundiéndose”.
“Seis millones de dólares se perdieron hasta ahora en intereses punitorios por no utilizar el préstamo –continuó Alberti–. Siete millones se gastaron en consultorías extranjeras, estudios que el BID impone como condición cuando los países o los funcionarios no tienen voluntad negociadora para impedirlo. Y 150 millones de dólares fueron derivados a planes sociales luego de la crisis de 2001.”
El préstamo es administrado por una Unidad Ejecutora, dependiente del Ministerio de Planificación, donde se desempeñan unos 30 funcionarios.
Tal como informó ayer Página/12, la Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer un documento crítico sobre el estado de la cuenca Matanza-Riachuelo; en el informe participaron también distintos organismos, como las universidades Tecnológica Nacional y Nacional de la Matanza, la Defensoría del Pueblo porteña, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el CELS y Poder Ciudadano. La propuesta de solución que destaca el informe es la creación de un Comité de Cuenca, con poder de policía.
“Es el recurso que permitió sanear el Támesis en Gran Bretaña, el Sena en Francia, el Po en Italia –observó Daniel Sabsay, titular de la FARN–: el Comité debería estar integrado por el gobierno nacional, los 14 municipios y los 33 organismos interjurisdiccionales con involucramiento en la cuestión; tendría que contar con autonomía y capacidad para establecer las políticas fundamentales para la cuenca, con herramientas de participación ciudadana. Actualmente, hay demasiadas jurisdicciones, con normativas contrapuestas donde nadie termina de decidir nada y cada uno le echa la culpa al otro, y, cuando algún organismo intenta ejercer control, queda empantanado en juicios eternos donde los infractores le discuten el poder jurisdiccional.” Una alta fuente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en respuesta al documento de la Defensoría, sostuvo que “todo el mundo tiene una cuota de participación en esto. No es exclusivamente un problema del Estado y la comunidad debe involucrarse activamente”. Destacó “el incumplimiento de Aguas Argentinas en proveer cloacas y agua potable en la zona, lo cual fue una de las causas por las que le fue retirada la concesión”.
Alberti insistió en que “se está practicando un verdadero genocidio sobre los que viven en las márgenes. Son 500.000 personas: el 30 por ciento carece de agua potable; el 55 por ciento no tiene cloacas. El agua, que sacan de las napas, es cristalina pero está contaminada; también está contaminado el alimento que obtienen de sus huertas familiares, y el aire que respiran está contaminado por los tóxicos que burbujean desde el Riachuelo. Del lado de la ciudad de Buenos Aires, las villas próximas, no urbanizadas, tampoco tienen cloacas; por la mala calidad del agua los chicos enferman y mueren de diarrea, ya que las ambulancias tienen dificultades para entrar. Es un genocidio lento, encubierto”.
Según Alberti, “así como, desde el primer día, fuimos solidarios con la lucha de los vecinos de Gualeguaychú para hacer ‘medicina preventiva’ respecto de las aguas del río Uruguay, hay que hacer medicina curativa con un río agónico como es el Riachuelo. Es el más contaminado de América y uno de los más contaminados del mundo; nos desprestigia internacionalmente. Necesitamos que el presidente Kirchner, así como viaja a Entre Ríos para proteger el río Uruguay, navegue un día por el Riachuelo: eso bastará para que, de inmediato, ordene que sus funcionarios se pongan a trabajar en esto. Hace falta la voluntad política del más alto magistrado”.
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