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Luego de un debate en el que no hubo mayores desencuentros, una sesión en la que casi todos los bloques estuvieron de acuerdo, el Senado dio media sanción al proyecto que convierte el acoso sexual en una figura específica del Código Penal. La iniciativa lo define como un delito de acción privada y establece penas que van desde los cuatro meses a los cuatro años de prisión. Cuarenta y seis de los cuarenta siete senadores presentes votaron afirmativamente. El único voto en contra fue el de la justicialista formoseña Adriana Bortolozzi de Bogado, quien, a pesar de haber firmado el dictamen de la mayoría, se arrepintió de ello en el recinto, votó en contra y calificó al proyecto como “peligroso” ya que, según dijo, “producirá un incremento del empleo en negro”.
En diálogo con este diario, la senadora Vilma Ibarra, informante del proyecto, aseguró que “no hay riesgo de que se fomente el empleo en negro. Como tipo penal, la figura se dirige al acosador. Ya existe en el ámbito laboral, público y privado jurisprudencia que defiende al acosado en el ámbito laboral. En ese ámbito son claras las indemnizaciones que se contemplan. Incluso si el superior no es solvente, las empresas concurren en la indemnización. Esto apunta al acosador, ya que la responsabilidad penal es personal”.
En la presentación del proyecto, Ibarra había destacado “el alto nivel de consenso que tuvo el tratamiento de la iniciativa”. También hizo público su reconocimiento a los juristas Gustavo Bo-ssert y Ricardo Gil Lavedra. Luego de precisar que no será el Código Penal el que termine con los casos de acoso sexual, Ibarra reivindicó la modificación incorporada en la sesión de ayer. La mendocina Marita Perceval destacó que el tema “cruza a todas las clases sociales y estamentos”.
El socialista Rubén Giustiniani recordó en el recinto las definiciones que Bossert entregó en la Comisión de Justicia, cuando se comenzó a discutir el proyecto. “Partimos de la base de que todo acoso sexual se da en una relación jerárquica”, dijo Giustiniani citando a Bossert.
La sanjuanina Marina Riofrío, del Frente para la Victoria, preguntó por qué motivo no figuraban en el proyecto las ocasiones en las que algún superior ofreciera una mejora laboral, de cualquier tipo, a cambio de alguna reciprocidad sexual. Fue la porteña Ibarra quien le respondió que ese caso “es diferente y no constituye un acoso”. La legisladora porteña explicó que en este punto bastaba una negativa. Ibarra definió como acoso las situaciones en las que hay una represalia, una violencia, una coacción.
Al defender el proyecto, la pampeana Silvia Gallego del bloque PJ-Frente para la Victoria le dio la razón a Giustiniani, cuando había hecho referencia a “los cambios que había experimentado la agenda política en los últimos tiempos”. Para Gallego, esto se debe a la ley de cupos y a la incorporación de la mujer en lugares destacados del Legislativo y del Ejecutivo. La pampeana no se privó de comentar que “en el debate interno de mi bloque, los hombres tomaron este tema de manera jocosa. Nos decían que el tema estaba superado”. La legisladora atribuyó esos comentarios a la cultura machista, una cultura dominante. Pero ése es otro tema y no se modifica con la aplicación del Código Penal.
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