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La medida busca dar el ejemplo y sentar un precedente, dicen en el gobierno porteño, después de la clausura definitiva de un boliche, por primera vez mediante un decreto, por incumplimiento reiterado de las normas para su funcionamiento. Se trata del restaurante y whiskería Marquee, en Scalabrini Ortiz al 600, que en realidad funcionaba como local para recitales. Allí, en el último año se cometieron unas veinte faltas, incluidas varias violaciones de fajas de clausura. Incluso en la última visita, hace dos semanas, los inspectores fueron agredidos y amenazados. Desde el gobierno porteño consideraron que la resolución es “ejemplificadora” porque indica que “no será tolerada la más mínima transgresión a las normas de seguridad”.
Conocido por los recitales de bandas que empiezan a mostrarse en el circuito porteño, el Marquee tiene inconvenientes con la legalidad desde hace al menos un año. El local, ubicado en Scalabrini Ortiz 666, estaba habilitado como restaurante y whiskería.
La primera inspección que recibió fue el 15 de mayo de 2005. La Dirección General de Fiscalización y Control detectó falta de plano de ventilación y plan de evacuación, falta de libreta sanitaria, cables expuestos y ausencia de tratamiento ignífugo, falta de protección del motor de la heladera y se constató la existencia de un escenario, aunque no había ninguna actividad sobre esas tablas. Así, el 7 de julio siguiente, quien figura como propietario, José Luis Luzzi, recibió una intimación para que en el término de 15 días presentara los planos de la ventilación mecánica.
El 9 de julio se realizó la segunda inspección. Después de dos intentos en que el propietario impidió el procedimiento, la inspección encontró que faltaban máquinas expendedoras de preservativos, no había grifería en los lavatorios, las ventanas estaban tapiadas y aún persistían las infracciones que se habían hallado el 15 de mayo. Los inspectores volvieron al día siguiente para encontrarse con una banda actuando en vivo, aunque el local no contaba con la habilitación correspondiente. “Por eso, esa actividad fue clausurada. Y la clausura, violada al menos dos veces”, dijo un vocero del Ministerio de Gobierno porteño.
Pero ni siquiera las actividades que podían desarrollarse se llevaban a cabo con normalidad. El 19 y el 31 de diciembre de 2005 se constató que el personal de seguridad no estaba inscripto, con lo que se violaba la ley 118 de la ciudad.
Con el nuevo año no hubo modificaciones. En dos oportunidades se encontraron bandas tocando. Además, el 7 de mayo pasado había 110 personas más de las que deberían ingresar. El local se desalojó pero las fajas de clausura no pudieron ser fijadas en la puerta: el dueño y otras personas agredieron y amenazaron a los inspectores.
Para el ministro de Gobierno, Diego Gorgal, “esta decisión representa un punto de inflexión en la política de sanciones. El gobierno castigará con el máximo rigor a los dueños de establecimientos críticos –como geriátricos, hoteles y locales nocturnos– que muestren un grave desprecio por las normas”. En el Ministerio también justificaron el decreto de Jorge Telerman en la “falta de voluntad de los dueños del local por encuadrarse en las leyes”.
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