Sociedad|Martes, 25 de junio de 2002

Por Cristian Alarcón e Irina Hauser

La desesperante situación carcelaria bonaerense generó ya la reacción del gobierno nacional, que teme que el caos penitenciario provincial se traslade a todo el país. Con una carta a la Corte Suprema de la Nación en la que se exponen los “límites” de los centros de detención federales, y otra a los jueces de instrucción para que se cuiden al promover traslados de presos, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, puso el primer freno a lo que una alta fuente del área avizora como “un desastre anunciado”. “Atravesamos una situación muy grave generada sobre todo por la provincia de Buenos aires a raíz de la ley Casanovas, que no deja que se excarcele a nadie –le dijo ayer a Página/12 Mariano Ciafardini, secretario de Política Criminal–. No puede ser que sólo en las comisarías del primero y segundo cordón del conurbano haya más presos que en todo el Servicio Penitenciario Federal”. Los técnicos de Justicia desmienten, como se asegura en la provincia, que sean sólo 2500 los presos que se sumarían al hacinamiento bonaerense por año: “En seis meses pueden tener cuatro mil más, y entonces nadie puede calcular el nivel de la tragedia”.
El “no va más” del gobierno de Eduardo Duhalde llega justo mientras en la provincia se intenta el cambio de la dura ley de excarcelaciones, que en mayo de 2000 sancionó –impulsada por el entonces ministro de Carlos Ruckauf, Jorge Casanovas– toda la Legislatura bonaerense. Aunque algunas fuentes le dijeron a este diario que el gobernador, Felipe Solá, está a punto de firmar un proyecto salido del propio Ejecutivo, hay aún en el interior de la Cámara de Diputados algunas resistencias para su aprobación. “Hay quienes le juegan en contra a Solá y se resisten a volver atrás con la mano dura porque le temen a la opinión pública de derecha”, le dijo a este cronista uno de los legisladores que acaba de alinearse a la supuestamente tomada decisión oficial.
El panorama aterrador que presentan las comisarías del Gran Buenos Aires, en las que hay unos 7500 detenidos donde sólo podría haber 2800 ya no es lo único que urge al gobierno provincial a tomar medidas que provoquen una merma real en la cantidad de detenidos. “En tanto que la provincia de Buenos Aires no tome decisiones para revertir esto, se corre el peligro de que el sistema federal, con dificultades presupuestarias severas, también se sature”, le dijo a Página/12 el procurador penitenciario, Francisco Mugnollo.
La semana pasada, Mugnollo le envió a Vanossi una resolución en la que señalan los peligros del acuerdo firmado meses atrás entre la Secretaría de Política Criminal y la provincia para que, entre otras cosas, se traslade presos a cárceles del SPF. “Cuando se pretende que el Estado nacional contribuya a la solución del colapso del Sistema Penitenciario provincial se debe procurar no colapsar el Sistema Penitenciario Federal”, se alerta en ese texto. En el escrito se advierte además que cuando ya no alcancen las cárceles federales, se buscará otros espacios. “Con ello lo que ocurrirá es que las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires deberán alojar procesados” y “aquello que era tan aberrante en el ámbito provincial pasará a ser moneda corriente en el ámbito federal”, asegura el procurador.
Como si estuviera en acuerdo con el diagnóstico, el ministro Vanossi redactó otra carta cuyo contenido pudo conocer este diario, en la que explica (a la Corte) “que estamos al borde, al límite”. “Hasta el momento hemos podido hacernos cargo de todos los presos, de la comida, la salud, aunque con problemas, pero esto no va más y eso es lo que quiso dejar claro el ministro”, dejó trascender una fuente de Justicia.
Vanossi no sólo le escribió a los jueces de la Corte. También le mandó cartas “precautorias” a todos los jueces en lo criminal y correccional y a los de ejecución penal. Un funcionario de Justicia le confirmó a Página/12 la existencia de esas notificaciones. Y su tono. Aunque los asesores del área indican que es de rutina avisar cuando el sistema está por saturarsey por lo tanto deben limitarse los traslados de detenidos, “en este caso los mismos jueces saben que hay un mensaje claro para que no metan a tanta gente presa porque el sistema no da a basto y van a terminar en condiciones inhumanas”. Amén de las cartas de Vanossi, ayer en el Ministerio de Justicia un grupo de técnicos dedicado a estudiar el tema señalaba la urgencia de conformar una comisión especial que encare alguna reforma que permita superar la situación “sin llegar al colapso inminente en el que está la provincia”. Los técnicos coinciden en que el imperio de las circunstancias materiales –o sea la falta total de dinero para cualquier gasto– derriba cualquier intento de continuar sosteniendo el pensamiento más duro en política penitenciaria.
“No se construirá una sola cárcel más, por lo tanto una salida práctica es analizar cuáles y cuántos son los presos que estarían en condiciones de salir más rápido para desagotar el sistema”, aseguran desde un sector del Ministerio de Justicia. Lo que se preguntan a nivel nacional es qué ocurrirá si en la provincia los sectores más reaccionarios siguen oponiéndose al cambio de las leyes de mano dura que provocaron en dos años un crecimiento explosivo de la población carcelaria. “No quedaría otra que aplicar formas alternativas de coerción como las pulseras o collares electrónicos, la prisión domiciliaria u otras formas de libertad condicional”, señalaron. Pero si no hay cambios en la ley Casanovas se prevén motines y tragedias. Una alta fuente de Justicia fue clara: “Si nada cambia, en seis meses tendrán cuatro mil presos nuevos, y entonces, ya nadie puede prever qué ocurrirá”.

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