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“Esto es un instrumento avanzado, una ley para la gente que hace posible que hombres y mujeres, sobre todo de los sectores más postergados, tengan a su alcance estas prácticas” de anticoncepción quirúrgica. La afirmación la hizo el diputado Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, poco antes de la aprobación del proyecto que habilita estos métodos en el sistema público de salud y establece que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben incorporarlas a su cobertura. Así, la iniciativa que propicia la expansión de la ligadura de trompas y la vasectomía pasó a estudio del Senado, donde podría convertirse en ley. El proyecto tuvo 147 votos a favor y 41 en contra, con 2 abstenciones y 76 ausencias. El extenso debate tuvo como puntos salientes algunos exabruptos que calificaron la propuesta como “castradora” y aludieron a la “virilidad del macho argentino”, y un fuerte cruce en el recinto de las diputadas del ARI Elisa Carrió y Marcela Rodríguez, con posiciones enfrentadas respecto del proyecto (ver aparte). Los diputados adoptaron posiciones diferentes dentro de sus propios bloques y, a su vez, alejados de sus habituales posturas ideológicas. Más allá de las implicancias sociales del proyecto, Irene Bosch de Sartori, una de sus autoras, justificó la necesidad de una ligadura tubaria al preguntarse: “Si quiero tener una vida sexual plena, ¿por qué tengo que pedir permiso a un juez?
La kirchnerista Graciela Gutiérrez, otra de las autoras de los proyectos que conformaron el dictamen aprobado, criticó a “los que se oponen por oponerse y sólo tienen en cuenta el protagonismo individual”, en alusión a la división generada en el ARI. “La ligadura bilateral de trompas de Falopio y de los conductos deferentes o vasectomía es una opción para decidir qué futuro quiere una persona sobre la base de la libre elección.
La Constitución protege las acciones privadas de los hombres y mujeres, y el derecho de decidir sobre el propio cuerpo, y esto incluye decidir el número de hijos, el acceso a la información y los medios para poder ejercer ese derecho”, explicó la diputada. Además de destacar la desigualdad social que se busca eliminar, dado que estas prácticas son corrientes en el ámbito privado, destacó que también se busca reparar la desigualdad jurisdiccional porque varios sistemas públicos provinciales ya las tienen contempladas.
Begnis definió que “son ocho artículos contundentes que dan practicidad a un derecho establecido en la mayoría de los pactos sobre derechos de las mujeres que tienen jerarquía constitucional y se suma a otras prácticas anticonceptivas”. El diputado santafesino sintetizó que la norma establece la obligación de informar sobre todos los métodos de anticoncepción y los riesgos de los quirúrgicos para que quien adopte estos métodos tome una “decisión razonada” y otorgue un “consentimiento informado”. También cubre a los profesionales que planteen objeción de conciencia para que no tengan problemas laborales.
María del Carmen Rico, otra de las autoras de la iniciativa, agradeció la libertad de conciencia que le dio su bloque, el Peronismo Federal. “Esta ley no obliga a nadie a someterse a ningún tipo de intervención”, aclaró. En el mismo sentido, el radical santacruceño Juan Acuña Kunz reseñó que “en las provincias argentinas (que ya tienen esta ley) no hubo una avalancha de ligaduras tubarias”.
Fue el ex duhaldista Mario Santander quien afirmó que “es un método castrativo, y no hay que ponerse colorado”. Y cuestionó que “las técnicas modernas (para revertir) no las va a utilizar el hospital público”. “Soy cirujano y no soy retrógrado. Esto es un método de planificación familiar”, vociferó.
A su turno, Juliana Marino, otra de las autoras, le respondió que “la omisión de políticas de Estado es una forma de planificación familiar”. Esta legisladora se sumó al homenaje que hizo la arista Marcela Rodríguez para los movimientos feministas, que “hace años vienen luchando por esto”. La socialista Silvia Augsburger recordó que una toba rosarina quería ligarse trompas luego de tener 11 hijos, “y fue ese y otros reclamos judiciales similares los que hicieron posibles las 12 leyes provinciales”. Desde la otra vereda, la diputada del partido de Luis Patti Nélida Manzur calificó las prácticas como una “mutilación del propio cuerpo” y preguntó a quienes impulsan la ley si “será mejor cercenar vientres que agregar un plato más a la mesa”. En ese momento se escucharon abucheos del público, al igual que cuando habló el diputado puntano Luis Lusquiños, quien afirmó: “Si esta ley está dirigida a los cabecitas negras (sic), hay que ser cuidadosos porque son gente de poca información”. “¡Gorila!”, le gritaron desde los palcos. No se amilanó el ex jefe de Gabinete de Adolfo Rodríguez Saá y cuestionó la vasectomía porque “el famoso macho argentino va unido a la virilidad y eso a la fertilidad”.
Sorprendió Mirta Pérez, quien con su lenguaje llano reivindicó el “derecho a decidir de las mujeres” que propicia este proyecto. También alejada del debate filosófico o médico, la radical Beatriz Leyba de Martí instó a “sacarse la careta porque esta ley está destinada a ayudar a mujeres cuyos maridos ebrios no escuchan un no y las obligan a engendrar un hijo”.
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