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Justo una semana después de los saqueos y la posterior ocupación de un complejo habitacional del Bajo Flores y de la disputa entre vecinos pobres por un puñado de viviendas en ese barrio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, dispuso la intervención del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Al frente del organismo –responsable de la construcción de viviendas sociales en la ciudad– quedará de todas maneras quien venía presidiéndolo desde hace dos meses, Claudio Freidin. La diferencia es que con la intervención quedará desactivado el directorio del Instituto, por donde pasaban todas las decisiones ejecutivas. “La intervención se hacía ineludible, porque no estábamos conformes con cómo estaba funcionando”, afirmó Telerman. La medida se toma por 90 días, con el objetivo de transparentar la adjudicación de viviendas, desburocratizar la gestión, agilizar los mecanismos para la construción de viviendas y crear nuevas operatorias, especialmente para sectores medios con bajos ingresos.
El ICV es el heredero de la vieja Comisión Municipal de la Vivienda, de la cual recibió, también, el legado de sus vicios. “Allí se encuentras las capas geológicas de las últimas 15 administraciones de la ciudad, con 1400 empleados y gerentes que no fueron concursados, sino que son puestos políticos”, describió el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi. “Y con esa enorme carga de recursos humanos tienen un problema de transparencia: nadie sabe si está inscripto en las listas de aspirantes, y hasta el momento en que le dan las llaves, no sabe si es adjudicatario de una vivienda”, agregó.
Esos manejos perversos no son nuevos ni eran desconocidos para los involucrados, pero se pusieron de manifiesto la semana pasada, cuando un grupo de vecinos, potenciales adjudicatarios, ocupó viviendas para protegerlas de desmanes y otras intrusiones, mientras que otros lo hicieron simplemente porque desde hace años pugnan por ingresar a una lista de aspirantes.
“Los episodios de la semana pasada, junto a otras circunstancias, me han llevado a tomar esta decisión, por lo que el instrumento de la intervención le permite al presidente del IVC realizar con rapidez todos los cambios y las modificaciones imprescindibles que hay que hacer”, dijo ayer Telerman, en un acto que encabezó, en el Teatro General San Martín, junto con sus ministros y todos los funcionarios de su gestión hasta el cargo de director general.
El IVC es el organismo encargado de las políticas de vivienda en la ciudad, donde hay más de 130 mil familias en situación de emergencia habitacional, entre moradores de villas, inquilinatos y casas tomadas. El organismo maneja un presupuesto anual de 250 millones de pesos, pero además maneja fondos provenientes del Plan Federal de Viviendas del gobierno ancional.
“Nunca más un edificio se comenzará a construir en la ciudad de Buenos Aires si la lista de adjudicatarios no está completa y el último nombre del último departamento no está publicado”, aseguró el jefe de Gobierno. “Con eso queremos evitar los manejos clientelares”, explicó.
El directorio del ICV está integrado por tres directores, pero hasta ayer funcionaba sólo con dos: Silvia Go-ttero, una histórica dirigente del peronismo, y Claudio Hoistacher, funcionario de carrera. El tercer miembro aún no había sido designado por el Poder Ejecutivo. Con la intervención, los dos directores quedan suspendidos en sus facultades. “El decreto de necesidad y urgencia será enviado a la Legislatura para su ratificación”, anunció Schiavi.
En los 90 días que dura la intervención, Freidin deberá:
- “Elaborar una propuesta para el normal funcionamiento del IVC”.
- Actualizar el mapa de la emergencia habitacional de la ciudad.
- Fortalecer los procesos de urbanización de las villas existentes.
- Disponer un sistema que anticipe, a la iniciación de cada obra, la adjudicación de las unidades y su entrega inmediata cuando finalice la obra.
- Coordinar con el gobierno nacional acciones para impedir el establecimiento de nuevos asentamientos precarios.
Respecto de la intervención, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Marcelo Meis (Recrear), apoyó la decisión, ya que “evidentemente el Instituto tiene problemas, que no se limitan a lo ocurrido en los últimos días”. Pero advirtió que “habrá que ver qué cosas van a cambiar: la intervención puede resolver un conflicto, pero no soluciona el problema de la vivienda”, dijo a Página/12.
En la ciudad se están construyendo 3328 viviendas. Asimismo, se están iniciando 2558 nuevas y están en proyecto otras 1500. Si se cuentan las 2711 cuya construcción se encuentra paralizada por una orden judicial, la suma total llega a 10.104. Hasta hace poco, las autoridades exhibían estas cifras como un record de la construcción pública de viviendas en la ciudad, pero a la luz de la crisis habitacional, el número resulta demasiado exiguo.
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