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Cuando Mario Attardo, exonerado cabo primero de la Bonaerense, colaboró con la detención del tirador de Belgrano, hubo una solapada campaña tendiente a demostrar que “a los buenos policías se los echa de la fuerza”. Attardo fue exonerado de la fuerza por extorsión y privación ilegal de la libertad, medida que tomó el actual ministro León Arslanian en 2005. Pero lo insólito es que ya en ese momento Attardo no debía estar en la Bonaerense, porque según lo reveló la base de datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el 30 de abril de 2000 fue apresado por un hecho muy grave: vestido de civil, le disparó con una escopeta a un joven en un boliche bailable provocándole graves lesiones. Por esa causa, Attardo fue condenado a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para el uso de armas. Como todo ocurrió en tiempos en que el gobernador era Carlos Ruckauf, y se imponía la llamada mano dura, ni siquiera semejante hecho motivó su apartamiento de la fuerza.
Los que argumentaron que “a los buenos policías los echan” hicieron trascender que Attardo fue apartado de la Bonaerense en una purga de Arslanian. El dato era falso. Página/12 reveló que el 8 de abril de 2003, tres policías, entre ellos el cabo primero Attardo, apresaron en la zona de Tigre a dos ciudadanos, uno de los cuales tenía un pedido de captura de un juez de Salta. Para no mandarlo detenido a esa provincia, los policías les propusieron a los ciudadanos que pagaran un “peaje” de 13 mil pesos. Lo cierto es que los detenidos no tenían dinero, pero sí un Peugeot 206.
La propuesta de los policías fue entonces que vendieran el vehículo, para lo cual los acompañaron a varias agencias. Debido a que la operación no se concretó, finalmente los dueños del Peugeot aceptaron firmar un boleto de compra-venta del auto en blanco, entregándoles el vehículo a los uniformados.
Para rematar toda la operación, los detenidos fueron ingresados a la comisaría con otra identidad, se hizo un pedido de antecedentes con la identidad trucha, lo que obviamente dio que no tenían orden de captura y, por lo tanto, ambos ciudadanos quedaron en libertad. Sin embargo, la esposa de una de las víctimas hizo la denuncia y el fiscal Martín Mateos investigó el caso. Attardo estuvo preso varios meses, hasta que la Cámara de Apelaciones lo dejó en libertad, pero no porque fuera inocente sino porque tenía derecho a esperar el juicio oral en libertad. En marzo de este año, el fiscal Mateos pidió la elevación de la causa a juicio oral, entre otros delitos, por privación ilegal de la libertad, extorsión y falsificación de documento público.
Sin embargo, la base de datos del CELS demuestra que en 2003, Attardo ya tenía un antecedente lo suficientemente grave como para no estar en la Bonaerense. El 30 de abril del 2000, el cabo primero fue autor de un disparo injustificado contra Ricardo Alberto Bruno, en el boliche Vato Loco, ubicado en Presidente Perón, entre Ayacucho y Cochabamba, de San Martín. A las 5.30 de la madrugada, dos grupos de jóvenes se enfrentaban a golpes de puño en la puerta del boliche, cuando llegaron al lugar cinco policías vestidos de civil, a bordo de un Renault 18 break bordó sin identificación. Uno de los policías –Héctor Schebba– apuntó con su arma a la cabeza de uno de los jóvenes, mientras que otro –Attardo– le ordenó a Bruno, de 19 años, que empezara a saltar. En ese marco le disparó con una escopeta de grueso calibre y el proyectil se alojó en la rodilla, provocándole una fractura y la pérdida de masa muscular, por lo que debió ser operado. La familia de Bruno radicó la denuncia ante el juez de Garantías Oscar Quintana, quien ordenó la detención de Attardo por lesiones graves. El suboficial estaba destinado entonces a la comisaría primera de San Martín.Según la base de datos del CELS, se instruyó la causa 6673 y tomó intervención el tribunal número uno de San Martín, que lo condenó a un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para portar armas. El fallo fue apelado el 8 de abril de 2004 y el recurso se tramita en la Sala II de la Cámara de Casación con el número de causa 16.220. Actualmente se espera la resolución de esa sala. También Attardo aguarda la decisión del juez de garantías Orlando Díaz quien debe definir la elevación a juicio por el caso más reciente, el de la privación ilegal de la libertad y la extorsión en Tigre.
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