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Como se venía anunciando, la causa por el incendio en Cromañón fue desdoblada por la jueza María Angélica Crotto, quien cerró la instrucción y elevó a juicio oral la acusación contra el dueño del boliche, Omar Chabán, y su principal colaborador, Raúl Villarreal, ambos imputados por estrago doloso por la muerte de 194 personas, delito que tiene penas de ocho a 20 años de cárcel. En el mismo proceso serán juzgados cinco policías federales acusados de haber recibido coimas para hacer la vista gorda frente a las deficiencias, en materia de seguridad, que tenía el local bailable. Para una audiencia posterior quedaron los integrantes de la banda de rock Callejeros, algunos de ellos acusados también por estrago doloso, y tres ex funcionarios del gobierno porteño, que deben responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pedro D’Attoli, defensor de Chabán, le dijo a Página/12 que va a pedirle a la jueza la nulidad de la medida, porque pretende “un juicio único, para todos los imputados, porque de lo contrario nosotros, como defensores de Chabán, ya no podríamos intervenir como parte en los juicios posteriores y eso limita nuestro derecho de defensa en juicio”.
Según D’Attoli, la jueza, además, cuenta con “nuevos elementos que nosotros presentamos, que demostrarían que hubo una confabulación para provocar el incendio; ese es un aspecto que no se ha investigado y que es muy importante para demostrar la inocencia de Chabán”, insistió el abogado del empresario, que es el único detenido que tiene la causa. Entre los abogados querellantes que representan a familiares de las víctimas y a los sobrevivientes, hubo posiciones encontradas respecto de la decisión de la jueza Crotto. El letrado José Iglesias, padre de uno de los chicos que fallecieron en el siniestro, estimó que el desdoblamiento “no altera en nada la marcha del proceso” y por lo tanto adelantó que no se opone a la medida.
Otra es la postura del querellante Fernando Soto. “No estamos de acuerdo con lo dispuesto por la jueza. Además de pensar que todos deberían ser juzgados al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que no existe ninguna razón para que los tres funcionarios que siguen procesados no sean incorporados a este juicio”, dijo Soto, en diálogo con este diario. “El procesamiento de los músicos de Callejeros ha sido apelado por sus defensores y todavía no fue confirmado, pero no es el caso de los funcionarios, cuyo procesamiento está firme”, recordó el letrado. Los funcionarios a los que se refiere son la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin; su segunda, Ana María Fernández, y el ex director de Fiscalización y Control, Gustavo Torres. El incumplimiento de deberes que se les imputa tiene penas que van desde un mes a dos años de prisión.
Soto sostuvo que “no es buena la jurisprudencia de los casos que son divididos. Sólo basta con recordar el caso del soldado (Omar) Carrasco, donde hubo un juicio en el cual se condenó a los responsables de la muerte, mientras que el juicio por encubrimiento, que involucraba a altos jefes militares, nunca se hizo y prescribió por las dilaciones en las que incurrió la Justicia”. El letrado señaló incluso la posibilidad de recusar a la jueza Crotto, porque “además de llevar la causa presentó una denuncia contra algunos familiares, por amenazas contra ella. Esa situación hace suponer que la jueza, por razones lógicas, ha perdido el equilibrio de espíritu necesario y la ecuanimidad frente a algunos de los querellantes. Por eso debería apartarse de la causa”.
D’Attoli, por su parte, argumentó que, respecto de su defendido, Omar Chabán, la jueza “debería investigar más un aspecto de la causa, como es el testimonio de unas 200 personas que, divididas en cuatro grupos de 30 a 40 personas, han denunciado que vieron a cuatro personas, en distintos lugares de la pista, lanzando bengalas contra el techo de Cromañón, en uno de los casos bengalas similares a las que se utiliza para los avisos marítimos. Eso demuestra, según nuestra postura, que hubo una confabulación para provocar el incendio ya que se realizaron 27 disparos de bengala hacia el techo. Eso demostraría que mi cliente estaba imposibilitado de impedir o de prever lo ocurrido”.
En el escrito donde se eleva a juicio una parte de la acusación, Crotto considera que la instrucción “se encuentra agotada” respecto de Chabán, Villarreal y los policías federales Miguel Angel Belay, Gabriel Sevald, Carlos Díaz, Oscar Sosa y Cristian Villegas. Al justificar la medida, la jueza recuerda que la Sala III de la Cámara de Casación Penal ha expresado la necesidad de “disponer y cumplir en el menor término de tiempo todo lo necesario para culminar la instrucción y a elevar también en el lapso más breve posible las actuaciones a juicio”. En alusión a la causa Cromañón, recuerda que es compleja debido a la “multiplicidad de autores” y considera que es necesario adoptar “medidas razonables para una pronta y eficaz administración de Justicia que tenga como principal objetivo la protección de los derechos de los imputados y de las víctimas”.
Sobre la división de la causa, opina que “no se advierte vulneración alguna a los derechos de los imputados”, siempre y cuando la elevación a juicio respete “la totalidad de los hechos que se les imputan”. Sostiene la jueza Crotto que extender la etapa de instrucción “iniciada hace ya más de un año y medio (...) atenta contra una pronta administración de justicia, la tutela de la víctima y, ante todo, el derecho del imputado a ser sometido a un juicio oral y público sin dilaciones innecesarias”.
Para justificar su punto de vista, Crotto se basa en citas de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y pone énfasis en la situación de Chabán, por ser el único de los imputados que está detenido, a la espera del juicio. La medida tomada por Crotto no puede ser apelada ante la Cámara. Defensores y querellantes sólo pueden pedirle a la jueza que revea la decisión, algo que parece imposible.
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