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La minera Bajo de la Alumbrera, ubicada en Catamarca, es una de las más importantes del mundo. Exporta al año oro y cobre por un valor de 270 millones de dólares. Su presidente, el australiano Julián Patricio Rooney, está acusado por el delito de contaminación y podría terminar en prisión. La causa en la que está imputado se originó en una denuncia hecha en 1999 por el vertido de químicos en un canal de la provincia de Tucumán, hasta donde la empresa lleva el mineral extraído para su secado. Ahora, nuevos elementos presentados por el fiscal federal de Cámara tucumano, Antonio Gómez, sostienen un pedido de procesamiento de Rooney. Conseguir las nuevas pruebas no le fue fácil. El gobierno provincial le negaba el informe de impacto ambiental que debe presentar la propia minera y en donde constan, entre otros excesos, valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional.
La Alumbrera extrae oro y cobre en Andalgalá, Catamarca, donde Página/12 había registrado en diciembre de 2005 los reclamos de los vecinos por posible contaminación. Por medio de un mineraloducto el material es transportado en forma de barro desde allí hasta Cruz Alta, Tucumán. Allí es sometido a un proceso de secado, luego del cual el mineral sólido es llevado hasta Rosario, desde donde se exporta. Cuando el barro que llega a Cruz Alta es separado en agua y oro, el líquido es desechado en el denominado Canal Grande, en la localidad de Ranchillos, que desemboca en el río Salí. Allí es donde en 1999 el biólogo Juan González encontró niveles de sustancias químicas por encima de los valores permitidos. Por eso presentó una denuncia contra Rooney.
El directivo recién fue indagado en 2003, a partir de un informe de Gendarmería Nacional incorporado a la causa. Según los peritajes, “el canal provee de agua dulce para animales y cultivos y al parecer hasta para consumo humano” y presentaba contaminación con cobre y cromo cien y diez veces por sobre lo autorizado por la ley nacional 24.051, respectivamente. Los datos de Gendarmería no fueron considerados por el juez federal Felipe Terán, quien le dictó la falta de mérito a Rooney.
El fallo fue apelado por el fiscal Emilio Ferrer, por lo que la causa llegó a la Cámara Federal. En esa instancia, el fiscal general de Cámara, Antonio Gómez, recolectó pruebas y pidió el procesamiento del acusado. Pero la Cámara aún no se expidió.
El último escrito del fiscal, del 22 de agosto pasado, al que tuvo acceso Página/12, presenta como nuevas pruebas los informes de impacto ambiental realizados por la Alumbrera, el último fechado en junio, y repite la solicitud de procesamiento. “Desde la propia información suministrada por la empresa han quedado comprobados los ilícitos aquí investigados y sus responsables”, afirma Gómez. Las mediciones de la minera acusan excesos de lo permitido por la ley nacional de hasta 20 mil veces en los valores de arsénico, hasta 5 mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio. El estudio de impacto ambiental incluso encuentra una sustancia sobre la que el fiscal llama la atención a la Cámara: 2,30 miligramos por litro de estroncio, un elemento radiactivo.
La solicitud de procesamiento de Rooney se encuentra enmarcada en la Ley 24.051 que castiga a quienes contaminen “el suelo, la atmósfera o el ambiente en general” con penas de hasta 10 años de prisión.
Informe: Lucas Livchits
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