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Sociedad|Jueves, 14 de septiembre de 2006

Una nueva ofensiva oscurantista contra la píldora del día después

Una fiscal de Córdoba imputó a tres empresarios de un laboratorio que fabrica el anticonceptivo de emergencia. Lo hizo ante la presentación de un grupo ultracatólico, que lo considera abortivo.

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El argumento de los denunciantes es que el método anticonceptivo de emergencia es abortivo.

Tres directivos del laboratorio medicinal Raffo-Monte Verde fueron imputados ayer en Córdoba por comercializar el anticonceptivo de emergencia denominado píldora del día después. La acusación es realizada por la organización ultracatólica Portal de Belén, que considera que el método es abortivo y que ese efecto se omite en los prospectos. El argumento fue rechazado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir: “Está científicamente probado que no es abortivo”, señaló Gladis Ponte, de esa ONG cordobesa.

La fiscal Patricia Oscáriz decidió imputar a los directivos de la farmacéutica Raffo-Monte Verde Jorge Alberto Belluzo, Rolf Erick Robert Hatmann y Claudio Daniel Núñez, quienes deberán prestar declaración indagatoria por vender el medicamento cuyo nombre comercial es Segurite.

El argumento de los denunciantes, la asociación Portal de Belén, es que el método anticonceptivo de emergencia es abortivo y que ese efecto de la píldora es omitido en los prospectos. Incluso, sostienen que esa situación es posible porque funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) autorizan su comercialización y ordenan ocultar la información al público de los mecanismos abortivos del medicamento.

La organización pidió que se investigue a los directivos del laboratorio como presuntos partícipes necesarios del delito previsto en el artículo 201 del Código Penal, que castiga con 3 a 10 años de prisión a quienes “vendan, pongan en venta o distribuyan productos medicinales dañinos a la salud humana ocultando su carácter nocivo”.

“El Portal de Belén siempre plantea polémicas con respecto a cualquier método anticonceptivo”, remarcó a Página/12 Gladis Ponte, de la también cordobesa organización Católicas por el Derecho a Decidir. “Aunque la anticoncepción de emergencia no esté contemplada en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, sí forma parte de los protocolos internacionales, sobre todo en el tratamiento de víctimas de violencia sexual”, indicó.

Según Ponte, si los prospectos evitan decir que la píldora es abortiva se debe a que “no lo es: está científicamente probado que sólo evita la ovulación e impide el traslado de los espermatozoides para que no se produzca la fecundación. No tienen consecuencias antiimplantatorias”, es decir que impida la implantación del óvulo fecundado en la matriz del útero. “Nosotras no le mentimos a la población, le ofrecemos alternativas. Por otra parte, los anticonceptivos de emergencia no deben usarse como método habitual, sino para cuando otros fallan o en casos de violencia sexual”, aclaró.

Más allá de los cuestionamientos, los métodos anticonceptivos de emergencia son ofrecidos gratuitamente por los programas de salud sexual de las ciudades de Buenos Aires y de Rosario y en las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco y Chubut.

Por una causa judicial similar, el fiscal Gustavo Reinaldi, que investiga a directivos del laboratorio Biotenk, pidió el lunes que el expediente se sume a otro que lleva en Buenos Aires el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

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