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Juan Pintos es un argentino de 23 años que está detenido en Barcelona hace nueve meses, desde el 4 de febrero pasado, por su presunta implicación en la agresión a un guardia urbano en una fiesta. El joven, que también tiene nacionalidad española y está vinculado con el movimiento “okupa”, denunció que recibe un “trato injusto” por parte de la Justicia de ese país, que le niega la libertad provisional por haber nacido en la Argentina.
Pintos está acusado junto a otros ocho jóvenes de participar en la agresión a un guardia urbano que quedó en coma durante los disturbios ocurridos en la puerta de una casa ocupada, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona.
Seis de los presuntos implicados, todos ellos europeos, quedaron en libertad hasta el juicio, mientras que Pintos y los chilenos Rodrigo Lanza y Alex Cisterna llevan casi nueve meses en prisión. El argentino está señalado como instigador de la agresión y los otros dos como autores materiales del hecho. Sin fecha cierta de juicio, los jóvenes están procesados por delitos que implicarían entre cuatro y doce años de cárcel. Durante su permanencia en la comisaría, Pintos denunció que fue golpeado por la guardia y aseguró que debió ser llevado a un hospital para ser atendido por heridas en un ojo y una mano. Su abogada denuncia por “torturas” a los agentes que lo agredieron, justamente los únicos testigos que lo implican en la agresión al guardia urbano.
En Buenos Aires ya se realizaron manifestaciones frente a la Cancillería en reclamo de su libertad. “Siempre pensé que no iba a hacer falta recurrir al gobierno argentino porque, además de ser inocente, creía que en España con la doble nacionalidad me iban a tratar igual que a cualquier otro español”, dijo Pintos a la agencia Télam desde la prisión conocida como “La Trinidad”. “Siento que estoy en una especie de limbo legal, porque aquí la Justicia afirma que soy argentino nacionalizado español, cuando en realidad legalmente soy español nacido en el exterior, y utiliza ese argumento para negarme la libertad al decir que no estoy arraigado y me puedo fugar”, agregó.
“Las autoridades argentinas que están perfectamente informadas del caso no respondieron con ningún tipo de ayuda concreta”, indicó. Fuentes de la Cancillería argentina explicaron que “en todo el proceso no hay nada que nos haga suponer que haya denegación de justicia, con lo cual no podemos intervenir directamente”.
La Audiencia Provincial número 8 de Barcelona indicó que Pintos, “aunque nacionalizado español, dispone en la Argentina de familiares próximos, lo que facilita una eventual ocultación y alejamiento de la Justicia española”, y argumenta que todos carecen de “una residencia de fiable localización”.
Los abogados de la defensa consideran que “no existen las garantías para un juicio justo” en vista de las irregularidades de la instrucción, en la que no se aceptaron ni las pruebas ni testigos exculpatorios.
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