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Sociedad|Sábado, 13 de julio de 2002

Las torturas policiales que sólo se pagan con cinco años de cárcel

Un tribunal de San Martín consideró que el “submarino seco” es apremio ilegal y no tortura. Así, no tuvo en cuenta los 18 años pedidos por el fiscal. Repudio de víctimas y familiares.

Por Carlos Rodríguez
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Las víctimas del policía y sus familiares protestaron a los gritos en plena sala de juicio.
Los jueces hablan por su sentencia, se sabe, pero es lógico que pongan el cuerpo cuando en el juicio oral llega la hora de leerla. Ayer el rito se trastrocó porque los tres jueces optaron por quedarse en la comodidad de sus despachos y la que salió al ruedo fue la prosecretaria del Tribunal Oral número 4 de San Martín, María Berkich, quien en su vida debe haber recibido un rechazo semejante. Cuando la abrumada funcionaria leyó el fallo que condenó a escasos cinco años de prisión el cabo Juan Manuel Botrón, acusado de torturar a varios jóvenes –el fiscal había pedido 18 años–, de la sala surgió, a los gritos, una sentencia más contundente. “Se va a acabar esa maldita impunidad”, “siempre gana la policía”, “la tortura está a disposición de ellos” o “por una pizza reprimís a tu mamá”, fueron las consignas que partieron del público, dirigidas tanto a los ausentes miembros del tribunal como al condenado Botrón, que lleva más de dos años preso y podría salir en libertad condicional a fin de año.
“Silencio en la sala”, dijo la prosecretaria tratando de imponer el orden que se había desbarrancado cuando ella leyó las primeras 14 palabras de su breve parlamento: “Condenar a Juan Carlos Botrón a la pena de cinco años de prisión”, alcanzó a decir, y los gritos taparon su tímida voz. En un marco adverso porque la sala estaba llena de familiares, amigos, vecinos y las propias víctimas en persona, la doctora Berkich siguió la tarea que le habían encomendado sus superiores, los jueces Carlos Poledo, Agustín De Estrada y Mónica Debenedetto. Los cargos del fiscal Raúl Sorraco (torturas y apremios ilegales) fueron reducidos por el tribunal a apremios ilegales y vejaciones. Por eso cinco años de prisión y diez de inhabilitación para integrar una fuerza de seguridad.
Siete fueron las víctimas de la violencia policial desatada el sábado 24 y el lunes 27 de julio de 1999 en la Comisaría 1ª de San Martín. Los que llegaron al juicio como querellantes fueron Andrés Castro, Sergio Cabrera, Mario Sieben, Guido Araya y Lisandro Córdoba, que era menor de edad cuando sucedieron los hechos. Los otros dos chicos fueron Juan Manuel González y Víctor Encina. Algunos fueron acusados falsamente de haberle robado el arma a un policía y otros llegaron a la comisaría sólo por “averiguación de antecedentes”. Allí recibieron patadas, trompadas, insultos y fueron sometidos a uno de los métodos de tortura impuestos durante la dictadura: el clásico “submarino seco”, que consiste en asfixiar a la víctima con una bolsa de plástico.
La detención de varios de los jóvenes se produjo en el boliche “Pancho Villa”, luego de un entredicho con tres hombres que pertenecían a distintas fuerzas armadas y de seguridad. Los únicos detenidos fueron los chicos. El cabo Botrón está preso desde fines de 1999 y Marcelo Palleroni, otro suboficial reconocido como autor de las torturas, logró escapar y sigue prófugo. “Con este fallo, el tribunal número 4 deja abierta la posibilidad de que los policías sigan torturando”, afirmó Sergio Cabrera en declaraciones a Página/12.
“Lo que tenemos que pensar, como ciudadanos, es que a estos jueces los designan los mismos políticos corruptos que hoy son repudiados por la sociedad”, dijo Cabrera mientras mordía la bronca por la exigua condena que se aplicó al policía Botrón. De acuerdo con su visión de lo sucedido en el juicio, el chico sostuvo que “es evidente que el poder facilita que la policía torture” porque “de lo contrario, el tribunal habría considerado como tortura y no como apremio ilegal el submarino seco”. A su lado, Mario Sieben aseguró que “es evidente que la Justicia es para los poderosos y no para los trabajadores, porque a los torturadores los dejan sueltos y porque apañan a los que mataron a los piqueteros”.
Luego de la lectura de la sentencia, que se limitó al fallo sin exponer los argumentos –tampoco se dijo cuándo serán leídos–, las cuarenta personas presentes en la sala comenzaron a abuchear a los jueces y al imputado, que permaneció en la sala varios minutos, hasta que se notificó formalmente, firmando debajo de la sentencia. “Desalojen la sala”, ordenóuno de los policías afectados a la custodia del juicio oral, pero Sieben amenazó con quedarse atornillado a su silla y comenzó un tire y afloje verbal. “No tienen coraje para desalojarnos”, desafió una mujer que había acompañado a los chicos torturados en la comisaría de San Martín. “Te vamos a ir a buscar, hijo de puta”, se juramentó otro de los allegados a las víctimas, dirigiéndose a Botrón, cuya libertad está cercana, en caso de que se confirme el fallo. La policía, esta vez en notoria inferioridad numérica, optó por mantener la calma, incluso cuando llamaron “pilcha inmunda” al uniforme que vestían. Los abogados de los chicos, María del Carmen Verdú y Daniel Stragá, recibieron las disculpas de la prosecretaria Berkich, visiblemente confundida por la ausencia de sus jefes.

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