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El oficialismo trabó en la Comisión de Justicia el avance del proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que mejora significativamente la legislación vigente. Ayer estaba previsto que se firmara un dictamen, pero el presidente de la comisión, Luis Cigogna (Frente para la Victoria), planteó que el tema debía debatirse más y diluyó así la posibilidad de que se tratara antes de fin de año en el recinto, a pesar de que tiene preferencia para ser votada desde el 8 de marzo.
“El machismo pudo más”, sintetizó uno de los participantes de la reunión de la Comisión de Justicia, que prefirió mantener su nombre en reserva. La iniciativa, dada a conocer ayer por Página/12, tiene dictamen de la Comisión de Familia, donde consiguió un amplio respaldo de todas las bancadas, después de varios meses de intenso debate. La kirchnerista Juliana Di Tullio, que defendió el proyecto en Familia, está presionando dentro de su bloque para que el tratamiento no se estanque.
Se trata de un proyecto de la diputada del ARI Marcela Rodríguez, que con insistencia lo viene impulsando desde el año 2002. Ayer, en la Comisión de Justicia, los kirchneristas Cigogna y Nora Noemí César consideraron que incluía aspectos “excesivos”. También cuestionaron que se tratara de una normativa que apunta a defender exclusivamente a las mujeres víctimas de violencia. “Yo conozco a dos hombres golpeados por mujeres”, comentó la diputada César. Las estadísticas muestran que las víctimas de violencia son mayoritariamente mujeres. En la práctica, el proyecto en discusión propone dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en la Argentina es ley nacional.
La socialista Laura Sesma expresó su apoyo a la iniciativa y recordó que los cambios que impone a la legislación son un reclamo de las organizaciones de mujeres. El proyecto amplía la definición de violencia e incluye entre las conductas que podrán denunciarse aquellas que ocasionen daño emocional y disminuyan la autoestima, como tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante o frecuente, celos excesivos, intimidación o chantaje. Las mujeres podrían pedir protección judicial frente a actitudes violentas de novios o ex novios –actualmente las denuncias se limitan a cónyuges o concubinos–. Entre otras novedades, prevé que el juez pueda ordenar, en la sentencia, que el agresor indemnice por los daños causados a la víctima por el maltrato, como gastos de mudanza, legales, médicos, psicológicos, de alojamiento, reparaciones de propiedad, y también lucro cesante. Si el agresor no cumple las medidas ordenadas por el magistrado para proteger a la víctima, se le podrán imponer multas a favor de la víctima, o su conducta violenta podrá ser dada a conocer en su lugar de trabajo, o en el gremio o la asociación profesional a la que pertenezca.
Las mayores resistencias hacia el proyecto en la Comisión de Justicia se centraron en la ampliación de la definición de violencia y en el menú de medidas preventivas urgentes, entre las que podrá elegir un magistrado para proteger a la mujer agredida dentro de las 48 horas de recibida la denuncia. “Esos puntos no se negocian, porque eliminarlos significaría un gran retroceso. Dado que la violencia hacia las mujeres ha sido naturalizada, el hecho de definirla tiene un fin educativo, para que las mujeres conozcan sus derechos. La enumeración de las medidas cautelares sirve como lineamiento para los jueces”, señaló Rodríguez.
¿Cómo seguirá el tratamiento del tema? En principio, el proyecto volverá a ser discutido entre los asesores de la Comisión de Justicia, un proceso que ya se había superado. Y recién después, si las diputadas que lo impulsan logran vencer las resistencias, obtendrá un dictamen que lo habilitará para llegar al recinto.
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