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Si todo es como dicen que debe ser, mañana los legisladores porteños deberían votar la expropiación del predio que ocupa la manzana entre las calles Virrey Liniers, Estados Unidos, Carlos Calvo y Sánchez de Loria, en el barrio de Boedo, también conocido como antigua Estación Vail, o ex terminal de la quebrada empresa de transportes Tata. La legislación porteña exige lo que se llama doble lectura, o sea, una aprobación en votación, el llamado a audiencia pública posterior con la intención de transparentar y dar participación a los vecinos, y una segunda votación definitiva. El expediente Vail se encuentra en esta última etapa, que tendrá lugar mañana. En la primera votación, el 31 de agosto, la expropiación fue aprobada por amplísima mayoría de 49 votos a favor y apenas dos en contra. Los vecinos vitorearon sin freno y con motivo: venían reclamando desde la década del ’70. ¿Cuál es la duda de la segunda votación? Que en el medio, en la audiencia pública, apareció una iglesia de evangelistas agitando un supuesto contrato de compra del predio por el que habían pagado 400 mil dólares y exigen que sea reconocida su pretensión. Los vecinos temen, también con motivos, que detrás de todo haya un Satanás y un séquito de Pilatos.
El caso Vail tiene una lógica que aparece mucho más oscura de lo que es, y un desarrollo que se pretende mucho más claro (o transparente) de lo que termina siendo. Ya se dijo que el predio funcionaba a principios del 1900 como una terminal de tranvías. La Dirección de Catastro registra una recomendación municipal de la década del ’70 para transformar el predio en plaza, atendiendo la razón de que el barrio de Boedo no cuenta con espacios verdes. Al principio de los ’80, el gobierno militar zanjó en la cuestión y entre gallos y medianoche vendió el predio a la empresa Tata, que lo utilizó como playón. Tata quebró y el predio fue a remate. A partir de allí todo lo que se dice claro es oscuro, porque si el predio fue vendido no figura a quién: en el Registro de la Propiedad Horizontal, el único válido para demostrar la titularidad de bienes inmuebles, sigue figurando como propietaria la empresa quebrada.
Después de tres décadas de juntar firmas, los vecinos lograron impulsar la votación de una ley de expropiación, en un texto único que reunía el proyecto original del legislador socialista Norberto La Porta, al que se sumaron el del kirchnerista Diego Kravetz y el de la Defensoría del Pueblo porteño. El 31 de agosto pasado, con 49 votos a favor y el voto en oposición de Marta Varela y Jorge San Martino, la Legislatura aprobó la primera votación de la doble lectura. La Constitución porteña establece el procedimiento para algunos casos en los que la participación vecinal permita mayor transparencia y aceptación de los únicos beneficiarios de las leyes públicas. El Banco Ciudad tasó el terreno en 7.900.000 pesos, suma en la que fue valuada la indemnización por expropiación.
En la audiencia realizada el 13 de noviembre pasado, la sorpresa sometió a los vecinos: representantes de la iglesia evangelista Fundación Catedral de la Fe se presentaron para exigir ser reconocidos como futuros propietarios del terreno. Cuando se les pidió la presentación de documentación indicaron que sólo la iban a presentar a las autoridades competentes, olvidando las cuestiones de transparencia y participación ciudadana. El paper, que no es siquiera un boleto de compraventa, consiste en un contrato o compromiso de compra con algunas curiosidades, a saber: la fecha de firma del contrato es del 11 de octubre pasado, un mes y once días después de la votación del 49 a 2; no tiene sello ni timbrado, ni aparece la firma de ningún escribano que lo autentifique; no existe fecha clara de futura escritura, sólo un plazo que finaliza el 17 de abril de 2007; el contrato sorprende por lo informal tratándose de un pago de 400 mil dólares y pagos posteriores hasta completar la suma de 2.600.000 de la misma moneda verde.
“Sin poner en duda la buena fe de la Catedral de la Fe, llama poderosamente la atención la liviandad con que se desprenden de semejante suma cuando los vendedores no tienen en regla el título de propiedad –confió a Página/12 un asesor de uno de los 49 legisladores del voto por la expropiación–. Cualquiera, para comprar por sumas infinitamente menores, lo primero que verifica es que el título esté correctamente inscripto.”
Algunos creen ver en la operación una movida de la mítica Liga, que controla la compra de remates a su antojo. Otros creen ver el lavado de dinero detrás de todo. “Igual, la ley de expropiación es indiferente al dueño de que se trate –señaló La Porta a este diario–. La cuestión que agita la iglesia es un conflicto con quienes dijeron venderles el terreno, que deberán resolver ante un juzgado civil.”
“Los votos están y no parece que se vayan a modificar”, señaló un asesor del kirchnerismo. “Sería un bochorno para los legisladores y un desprecio total hacia los vecinos”, aseguró La Porta. Anoche, de todos modos, los corrillos entre los vecinos tenían el color de la sospecha, porque la sesión estaba citada para hoy y a última hora se postergó para mañana. Más que a Satanás, el temor de los vecinos era a la imagen de Pilatos.
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