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Las sospechas de que cinco policías de la comisaría de Los Hornos habían alterado la escena del crimen para encubrir el asesinato de un adolescente detenido, a bordo de un patrullero, están a punto de convertirse en certezas. Ayer quedó comprobado que el revólver calibre 32 hallado en el móvil policial donde ejecutaron a Damián Barzábal había sido incautado hace tres meses por dos de los acusados, en un procedimiento realizado en una vivienda del barrio. Así se fractura la coartada que diseñaron los imputados, que endilgaron la tenencia del revólver al joven. Un rastreo satelital, además, dio indicios sobre en qué momento del trayecto el agente Santiago Regalía le habría disparado en la nuca al chico. En tanto, ayer fueron liberados los cuatro jóvenes detenidos durante la protesta del jueves, frente a la comisaría de Los Hornos.
“Con estos datos está confirmado que los detenidos actuaron con la finalidad de ayudar al supuesto autor del asesinato”, dijo a Página/12 Sergio Delucis, titular de la Fiscalía Nº 4. En la causa, el sargento Santiago Regalía está imputado de “homicidio agravado por alevosía”, mientras que el capitán Daniel Morales, el sargento Cristian Gutiérrez, el teniente primero Juan Martínez y el teniente Lucas Oyarzábal están detenidos bajo el cargo de encubrimiento agravado.
La confirmación del fiscal se basa tanto en la identificación del arma como en las declaraciones de Gutiérrez, quien acusó a Martínez de ordenar “plantar un perro”, en referencia al arma que se le atribuyó al joven asesinado.
La prueba decisiva la aportó la Auditoría de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense y complica a los acusados de encubrimiento, especialmente a dos de ellos: el segundo jefe de la seccional Carlos Morales y el teniente primero Martínez, quienes en octubre pasado participaron de un procedimiento en una casa del barrio Los Hornos. Allí se halló el cuerpo de un hombre, identificado como Juan Gagliardo que –de acuerdo con la cartera de Seguridad– falleció “por muerte natural”. Los oficiales incautaron el arma del hombre fallecido, la misma que los mismos policías dijeron que habían secuestrado ahora al joven baleado en el patrullero. En aquel momento, Martínez actuó como jefe de control y Morales, como jefe de turno.
Esta evidencia refuerza en forma contundente la hipótesis judicial de que el arma fue “plantada” en el patrullero por los policías con el objeto de intentar demostrar que Barzábal intentó resistirse.
Un localizador satelital, denominado AVL, permitió reconstruir el recorrido del patrullero desde la casa del subteniente Luis Dorato, donde el chico habría entrado a robar, hasta el Hospital Alejandro Korn, en la localidad de Melchor Romero, donde la víctima llegó sin vida. Se pudo constatar que el vehículo hizo un recorrido sinuoso por la zona “a muy baja velocidad”, en cuyo transcurso habrían matado al chico de un tiro en la nuca. Luego, se registró que tras unos minutos imprimió velocidad y se dirigió a la sede de la Comisaría 3ª.
Este dato le otorga mayor fuerza a la declaración de Gutiérrez, el chofer del patrullero, quien –en contra de lo que dijeron los otros policías– insistió en que la víctima estaba esposada, y acusó a Martínez de proponer “plantar el perro”, es decir, poner un arma en la escena.
Ayer, los abogados de los cuatro detenidos por “encubrimiento agravado” solicitaron la excarcelación de sus clientes. Según el Código Penal, el delito es excarcelable, aunque queda a criterio del juez de Garantías Néstor de Aspro acceder o no a este pedido. En tanto, el autor del homicidio se negó a declarar. En las últimas horas, una mujer reflotó las denuncias que había iniciado contra Regalía por castigar a su hijo en la misma seccional.
De Lucis señaló que también se investiga la situación del subteniente Luis Dorato. “Por el momento figura como testigo, pero habrá que averiguar su responsabilidad en el hecho porque, según testigos, le habría pegado patadas y cachetadas al joven”, señaló. Ahora, el fiscal tiene un plazo de 15 días para solicitar la prisión preventiva de los cinco imputados.
Informe: Elisabet Contrera.
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