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Un fallo de la Suprema Corte bonaerense dio la razón a la presentación de un hábeas corpus colectivo interpuesto por el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón, a favor de todos los presos alojados en la unidad 3 de esa localidad, por las horrorosas condiciones de detención en que se encuentran alojados, por el profundo déficit sanitario, por las muertes violentas e impunes y maltratos de todo tipo. La presentación había sido rechazada por la Cámara nicoleña y el Tribunal de Casación bonaerense, alegando, aunque parezca mentira, que no son los únicos presos que viven en condiciones infrahumanas con lo que se estaría generando una discriminación con el resto. Ahora, la Corte ordenó que se cumpliera con el pedido. Y lo hizo de un modo particular: ordenó a los jueces que cumplieran con sus obligaciones de custodiar la aplicación de justicia y les señaló que ni siquiera se habían movido para averiguar si había algún recurso al que pudieran echar mano para mejorar la calamitosa situación. Los del SPB no son jueces y no está claro si se sintieron aludidos: ayer, por pedir que le dejaran salir al patio en el horario correspondiente, un preso del penal de San Nicolás fue molido a palos por un grupo de guardias, arrastrado por todo el pabellón y colgado de una sábana para que por proprio pesu se suicidara. Vivió, pero porque el resto del penal desató una batucada tan escandalosa que obligó a los guardias a desistir del suicidio.
El 15 de diciembre de 2004, Gabriel Ganón presentó el HC ante la Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás, denunciando el agravamiento de las condiciones de detención de los presos de la U3, que para esa fecha estaba en más de un 50 por ciento excedida en su capacidad declarada, que nunca es el exceso real. El defensor general reclamó que se separaran condenados de procesados; se garantizaran medidas de higiene y salud, incluyendo la mental (“viven apiñados en pequeñas celdas, encerrados más de doce horas, que existen muchos enfermos sin tratamiento ni medicamentos y que la alimentación es deficitaria”); se asegurara el derecho de los internos a ser alojados en el establecimiento más cercano al lugar de residencia de sus familias; se garantizara la investigación de los hechos de muerte y de violencia ocurridos; y que los internos “de los pabellones cinco y seis padecen condiciones de encierro prolongado, cohabitación en celdas de mínimas dimensiones en las que cuentan con una letrina que deben utilizar entre dos y cuatro personas, debiendo comer en esa misma celda, que las letrinas se tapan con frecuencia y que prácticamente no gozan de recreo”.
El rechazo de la Cámara de Apelaciones no tiene desperdicio: sostuvo que “los traslados de detenidos resultan de competencia del Servicio Penitenciario” y que en relación con las “carencias edilicias y la superpoblación carcelaria”, los reclamos del defensor general “se sitúan en un cuadro general de crisis (...) que afecta a todas las unidades carcelarias de la provincia”. También dijo que es “improcedente” que le pida a la fiscalía que investigue los homicidios, y que el HC no era la herramienta para reclamar que la prisión preventiva es excepcional. Cuando apeló ante Casación, la Sala III respondió, entre otros ítems, que el HC colectivo juega en contra del pedido ya que “cada caso tiene sus particularidades”. El caso llegó al máximo tribunal provincial, que adoptó una decisión opuesta y en consonancia con la posición de la Corte nacional (en el fallo Verbitsky, ordenó medidas para cesar el agravamiento de la situación horrorosa en las cárceles bonaerenses) dio curso al HC. Pero lo hizo recordando a los camaristas de apelación y casación que “se evidencia el desapego de la interpretación del tribunal intermedio” en relación con las indicaciones que la Corte nacional hiciera a los tribunales bonaerenses “para que en sus respectivas competencias extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las Reglas Mínimas y de las normas que nacional e internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad”. Después, recordó a los jueces que no habían hecho nada de lo que se espera que haga un juez en relación con impartir justicia.
A todo esto, esta semana, el preso Ferreyra Pira, alojado en el pabellón 5 (uno de los subrayados por Ganón) de San Nicolás, pidió salir al patio en horario porque llevaba demasiado tiempo en la celda. “Ahora te llevamos con el director”, le dijeron cuando reclamó hablar con una autoridad. En lugar de eso, lo arrastraron a una oficina, lo destrozaron a patadas, lo llevaron después a la rastra por los pabellones 5 y 6, lo metieron en una celda con reja al techo, anudaron una sábana y lo ayudaron a suicidarse. Fue tal el griterío que se desató entre el resto del penal que los guardias debieron descolgar a Ferreyra Pira, ya medio cianótico, y rescatarlo de una actitud tan extrema de desapego a la vida.
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