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Algo huele a podrido en el municipio de Escobar. En las últimas semanas la comunidad boliviana –en su mayoría quinteros y vendedores frutihortícolas– ha sido objeto de robos xenófobos y aprietes por parte de pequeños grupos de jóvenes de la zona que cortaron las vías de acceso al mercado donde distribuyen su mercadería los quinteros, en protesta porque las calles están rotas, según dicen, como consecuencia del flujo de camiones que entran y salen del lugar. El conflicto fue resuelto de manera insólita, al punto de que llama la atención sobre el modo en que los migrantes son discriminados: funcionarios del intendente Silvio González (del Paufe, el partido del ex comisario Pa-tti) le pidieron a la colectividad boliviana que compre los materiales para el arreglo de las calles del barrio, a pesar de que pagan sus impuestos como todos los vecinos.
La historia del barrio carga con una saga de agresiones racistas desde hace tiempo, lo cual motivó en el año 2000 la formación de un grupo de la policía provincial especial que incluye miembros de nacionalidad boliviana o descendientes de esa comunidad para actuar en la zona. El grupo fue nuevamente reactivado a principios de este año, a pedido de varias organizaciones barriales, después del extraño asesinato de Ernesto Yanaje y Norberta Quispe, una pareja de bolivianos que vivían a media cuadra de la casa de Escobar donde estaba Luis Gerez en la noche de su secuestro. A eso se suma que las semanas anteriores varios hijos de bolivianos fueron secuestrados, aunque sólo dos casos fueron denunciados públicamente.
El último conflicto empezó el domingo 15 de abril por la noche. No era un día cualquiera, sino justamente cuando se produce la mayor entrada de camiones con las cargas de las quintas al mercado Pancochi, donde la comunidad boliviana desarrolla la venta directa de frutas y verduras. En ese momento, tres grupos pequeños cortaron las calles Corrientes, Los Claveles y Las Rosas, en el barrio Lambertucci, exigiendo a los bolivianos que se hagan cargo de arreglar los baches de las calles, según ellos, causados por la circulación de los camiones con verduras.
Los jóvenes –algunos changarines argentinos que trabajan en el mercado–, mientras mantenían bloqueado el acceso al mercado, amenazaron e insultaron a los vecinos bolivianos de la zona y “cobraron peaje” a los camiones que se quedaron trabados en el bloqueo, según denunciaron los quinteros.
Nelly Serrudo, una de las dirigentes bolivianas de la zona, relató a Página/12: “Nos atacan a los más pobres y nos insultan por ser bolivianos. Además, es extraño porque para hacer un reclamo primero se acerca una nota a la colectividad haciendo el pedido”. La comunidad boliviana está organizada en una asociación, que fue intervenida por el Ministerio de Justicia desde hace cuatro años por problemas para realizar elecciones internas. “El interventor, Javier Puértola, no responde a nuestros llamados”, se queja la dirigente.
También en diálogo con este diario, el cónsul general de Bolivia en Argentina, José Alberto González, reclamó por la situación de la intervención: “Estoy esperando una respuesta del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que tiene intervenida la comunidad de Escobar. Le he enviado una nota el 15 de marzo solicitando una audiencia para interiorizarme sobre la situación de intervención y otra la semana pasada a raíz de los incidentes ocurridos”.
En diálogo telefónico con Página/12, el interventor Javier Puértola señaló: “El conflicto de los cortes de calle sucedió fuera del mercado y, por lo tanto, no está dentro de mi jurisdicción. Los miembros de la colectividad me piden cosas que no dependen de mí”. Y agregó: “Algunos de los changarines que estaban cortando las calles también me llamaron para que me haga presente como autoridad. Pero no me corresponde”.
La sospecha que circula entre los vecinos de la comunidad boliviana es que se está estimulando un “microclima violento” en el barrio que recuerda la larga serie de agresiones que sufren los migrantes de la zona: desde anteriores torturas y presiones para el desalojo de tierras hasta el misterioso asesinato de Yanaje y Quispe, los vecinos de Jerez que además están en el lugar donde fue secuestrado Gerez.
Los aprietes continuaron después de ese domingo. El lunes siguiente por la noche se sumaron más personas y se reinició el corte: además del arreglo de las calles, exigían la construcción de veredas. “Entonces se acercó la policía –de la comisaría y del grupo Enlace– diciendo que había un acta de acuerdo con la intendencia. Pero los que cortaban seguían pidiendo al interventor de la colectividad”, relata Serrudo.
Ese acuerdo efectivamente se había realizado: el lunes a primera hora un grupo de delegados de la comunidad boliviana entró a hablar con el secretario de Gobierno de la intendencia, quien les pidió la compra de los materiales para el arreglo de las calles, a cambio de poner las maquinarias para el trabajo de reparación. Los materiales los compró la colectividad el mismo lunes. Y el martes “un móvil policial y otro del municipio se hicieron presentes, pero como llovía, lo que hacían era desviar a los camiones de Avenida de los Inmigrantes y les cobraban dinero por pasar. Lo grave es que más tarde a muchos de esos camioneros les llegaron multas”, vuelve a denunciar Serrudo.
El miércoles otro grupo de vecinos se solidarizó con los agredidos. “Algunos no estaban de acuerdo con que desde la intendencia nos hagan pagar a nosotros, porque nos dijeron que pagamos impuestos como todos y que además generamos trabajo en el barrio y por lo tanto no nos corresponde poner ese dinero extra. Así que labramos un acta con ellos para reclamar juntos que el municipio se haga carga de todo.” Pese a eso, una extraña sensación de inseguridad sigue flotando en el barrio.
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