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El 28 de junio se pondrá en marcha, en la ciudad bonaerense de Necochea, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que ayer fue reglamentado por el gobierno nacional. Los particulares que entreguen sus armas por propia decisión podrán hacerlo en forma anónima, sin necesidad de presentar documento de identidad alguno. A cambio recibirán un cheque con un incentivo que oscilará entre los 100 y los 450 pesos (ver aparte), de acuerdo con el calibre y las características del arma o las municiones que entreguen en las delegaciones del Registro Nacional de Armas (Renar) o en escuelas de tiro habilitadas para tal fin en todo el país. Todo el material que se reciba será destruido en forma inmediata, ratificó ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en el acto realizado en la Casa de Gobierno, donde se anunció el lanzamiento del plan. “Tener un arma en la Argentina es un privilegio y para tenerlo hay que cumplir con todo lo que marca la ley”, dijo Fernández, en alusión a la gran cantidad de armamento sin declarar en manos de particulares. El ministro anticipó que una vez que finalice este proceso de regulación, el Gobierno impulsará “una modificación de la legislación vigente, para garantizar que vaya preso todo aquel que tenga un arma en forma ilegal”.
Fuentes de la cartera del Interior comentaron a Página/12 que hasta la fecha “se han entregado unas cuatro mil armas, sobre todo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por decisión de personas que se habían enterado por los medios de prensa de la existencia de una campaña”. Esas personas no recibieron ninguna retribución a cambio. Por el contrario, tuvieron que pagar diez pesos por el formulario que debían llenar para hacer efectiva la entrega. El incentivo en pesos recién se hará efectivo a partir del lanzamiento oficial del programa, el 28 de este mes, en Necochea. Esa ciudad fue elegida en homenaje al joven Alfredo Marcenac, que había nacido allí y que fue asesinado, el 6 de julio del año pasado, en el barrio porteño de Belgrano, por Martín Ríos, quien disparó sin motivo alguno contra un grupo de transeúntes, en la avenida Cabildo.
Las cuatro mil armas ya entregadas fueron inutilizadas. No bien se las recibe se les aplasta el caño con una maza y con posterioridad se las llevará a una fundición. “El dinero que se obtenga por la venta del material fundido será destinado a la Fundación del Hospital de Niños Juan Garrahan”, aclaró ayer el ministro Fernández. Al acto donde se anunció el lanzamiento del plan concurrieron el presidente Néstor Kirchner y el gobernador de Mendoza, Julio Cobos. En esa provincia se aplicó un plan canje de similares características.
El ministro Fernández confirmó que se pagará un incentivo de entre 100 y 450 pesos, según el arma que se entregue, y que los revólveres, pistolas y escopetas “serán destruidos en forma inmediata a martillazos”. En el acto estuvieron presentes dirigentes de las ONG que integran la Red para el Desarme. Esa entidad estima que “uno de cada diez hogares argentinos posee un arma de fuego” y que el 65 por ciento de las muertes causadas por su utilización “ocurren en accidentes, suicidios y conflictos interpersonales” que nada tienen que ver con el delito.
El titular de Interior recordó que en la Argentina “las armas de fuego son la segunda causa de muerte” y subrayó que “el peor de los errores” que puede cometer un ciudadano es “comprar armamento suponiendo que es la forma de proteger a la familia” contra la inseguridad. En ese sentido, precisó que para ser un legítimo usuario de armas de fuego se exige “exámenes físicos y psicológicos, se piden medios lícitos de vida, idoneidad para el uso, la denuncia obligatoria de la guarda y la inexistencia de antecedentes penales”.
En el acto habló Dante Piccioli, miembro de la Red Argentina para el Desarme y padre de Pablo Piccioli, asesinado de un balazo, hace dos años, en un peaje de la Autopista Panamericana. El orador destacó que la campaña oficial “procura que vivamos en una sociedad con mayor nivel de paz”. En otro momento del discurso recordó a “todas las víctimas de esta maldita plaga que el mal uso de las armas de fuego ha causado en todo el país”.
Entre los asistentes estuvieron los padres de Alfredo Marcenac, el joven asesinado el año pasado en el barrio de Belgrano.
Las autoridades ratificaron que la entrega voluntaria y anónima de las armas “durante el período de ejecución del programa no traerá ninguna consecuencia legal para las personas que efectúen la entrega”, es decir que no se tendrá en cuenta si las armas están registradas o no.
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