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El interrogante surge tras la lectura de las páginas 14 y 15 del diario El País de España, del 20 de julio, en las que se relata la peor tragedia de la inmigración africana, al volcar una embarcación precaria, con el resultado de 50 personas desaparecidas. Puede razonarse que se trata de víctimas del subdesarrollo que tienen derecho a una vida mejor y que las tragedias no deberían suceder nunca. También puede admitirse que el país que lleva a cabo el rescate realiza una tarea humanitaria valorable.
Pero el mismo diario informa, en la propia página 15, sobre abusos a inmigrantes, al detallar el caso de un trabajador que al realizar sus tareas sufrió quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo y que no recibió ni un euro de indemnización. Ni siquiera una visita de su empleador, porque el trabajador no tenía papeles.
La contratación de indocumentados es un gran negocio, que suele anunciarse públicamente a través de carteles que prometen “Gran ocasión, empleo sin papeles en la construcción”, y ello es así porque los “espectros legales” –así los llaman– no tienen derechos.
Frente a esta realidad del llamado Primer Mundo merece consignarse, sin alarde alguno, que nuestra Justicia laboral reconoció el derecho a una indemnización a un trabajador extranjero que realizaba tareas subalternas en una empresa que se negaba a pagarlas por su carácter de indocumentado.
Este trabajador reclamó ante la Justicia y la Sala Cuarta de la Cámara Laboral, en un fallo ejemplificador, hizo lugar a su reclamo, fundando su decisión en la ley 25.871 de Migraciones promulgada el 20 de enero de 2004, que indica expresamente que “el empleador o dador de trabajo” no está exento del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación laboral respecto del extranjero, cualquiera sea su condición migratoria.
Un mismo hecho y dos apreciaciones. Una, discriminatoria, que niega derechos a los irregulares. La otra, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, que busca evitar que los indocumentados sean explotados y procura brindarles herramientas jurídicas para que puedan integrarse socialmente e insertarse en el mundo laboral.
Hoy, en la Argentina, el Programa Patria Grande cumple con el paradigma expuesto. Ya regularizó a 656.763 inmigrantes de Sudamérica y se convirtió en una herramienta eficaz en la lucha contra el trabajo en negro. No importa si un trabajador es nacional, extranjero indocumentado o documentado. Debe aplicarse a la relación laboral la legislación vigente.
* Director nacional de Migraciones.
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