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Una orden judicial obligó a la obra social Unión Personal a practicar estudios a una mujer que sufre de cáncer. Los prestadores se habían negado al considerar “oneroso” el costo del estudio. La medida, dispuesta por el juez federal Marcelo Eugenio Warthelet, por pedido de la defensora oficial, Silvia Otero Rella, exige a los prestadores médicos la cobertura económica de una “tomografía por emisión de positrones”.
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