Página/12 :: Sociedad :: El derecho a la ciudad

El desalojo de los villeros instalados en la 31, tan cerca del centro de la ciudad, es tal vez la más añeja de las demandas de quienes niegan el derecho de los más pobres a vivir en Buenos Aires. También se ha demostrado la medida más difícil de aplicar: ni la represión de dos dictaduras pudo lograrlo. Una y otra vez, los pobladores de Retiro resistieron, defendiendo su derecho a vivir allí. En 1994, el Concejo Deliberante aprobó –con el voto contrario del Frente Grande y el socialismo– el desalojo de la villa. No es demasiado suspicaz pensar que contribuyó a esa decisión un oportuno aumento de sueldo de los concejales que sólo muy pocos rechazamos. Sin embargo, a pesar de que se entregaron subsidios para las familias dispuestas a trasladarse, la población de la villa no disminuyó. Poco después, el intendente menemista Jorge Domínguez, urgido por terminar una bajada de la autopista, recurrió a la topadora y, en su intemperancia, agredió a uno de los pobladores que resistía la destrucción de su casilla, al que calificó como “un boliviano de mierda”. Más tarde, la Constitución porteña dispuso la urbanización de las villas, reconociendo el derecho de los pobladores a permanecer en el lugar. Pero durante varios años la villa 31 fue excluida de las obras del gobierno de la Ciudad, como si tácitamente se aceptara que su destino era la erradicación. Me tocó, desde la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), con el apoyo del Cuerpo de Delegados –que pudo elegirse en la villa pese a la oposición de tantos intereses– iniciar los trabajos de infraestructura para garantizar a la población mejores servicios y condiciones de vida. En la campaña electoral, Macri levantó una vez más la bandera del desalojo compulsivo. En poco tiempo parece haber advertido las dificultades que habrá de encontrar y hoy habla de diálogo y consulta con los vecinos. Pero éste sólo será fructífero si respeta el derecho constitucional de los pobladores de Retiro. Afirmar el principio de la radicación no impide atender otras soluciones (créditos, subsidios) que proponen algunos grupos de vecinos; tampoco coordinar las necesidades de vivienda con los requerimientos portuarios, ferroviarios y viales de la zona, para lo cual es imprescindible la acción conjunta con el gobierno nacional. Ninguna solución será posible mientras se siga pensando que esas tierras son demasiado caras para que en ellas vivan villeros. Más allá de que no todos los terrenos de la villa 31 tendrían un alto valor comercial, por su proximidad con la autopista o las vías, la discusión es otra y no puede estar guiada por consideraciones de mercado. Las diversas versiones del proyecto Retiro siempre priorizaron el negocio inmobiliario por sobre las políticas de inclusión social. Un desarrollo urbano que se afirme en criterios de integración no excluye la coexistencia de zonas de altos ingresos junto a otras de viviendas para sectores de menores recursos. Además, la planificación urbana no puede desconocer la realidad: muchos miles de personas que viven en Retiro y trabajan en los aledaños son vecinos de Buenos Aires y con su resistencia de más de cuarenta años han afirmado ese derecho.

* Ex constituyente y titular de la Comisión Municipal de la Vivienda.

OPINION

El derecho a la ciudad