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El lolagate está a punto de llegar a juicio oral. Se trata de la causa, que se inició en abril de 2001, en la que se investigan supuestas defraudaciones cometidas en 44 casos de implantes de siliconas en el busto o cirugías estéticas que se hicieron otras tantas mujeres que trabajan en la administración pública bonaerense. La mayoría son empleadas de la policía y del Servicio Penitenciario bonaerenses. En esta primera etapa, los juzgados serán seis médicos de dos centros asistenciales. Los profesionales están acusados de cometer una estafa en perjuicio del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y otras obras sociales. Fueron imputados por falsificar las historias clínicas de las pacientes. La investigación dejó al desnudo cuarenta y cuatro pares de bustos, al comprobarse que IOMA pagó por una prestación que no figura entre sus servicios a las afiliadas. Los médicos hicieron pasar los implantes por operaciones de várices o hernias. En un segundo juicio, las que tendrán que poner el pecho serán las 44 mujeres involucradas en el affaire.
En el primer juicio, cuya fecha de comienzo todavía no fue determinada, estarán en el banquillo los médicos platenses Guillermo Luna, Víctor Armesto, Pedro Pérez Bagnasco, Daniel Ascaini, Miguel Palacios y Mario Urrera. Al comienzo de la investigación, Luna, Armesto y Pérez Bagnasco estuvieron detenidos, pero luego se les concedió la excarcelación. Los tres trabajaban en la Clínica de Medicina Integral, en 2 y 41, de la ciudad de La Plata. Los dueños de ese centro asistencial estarán presentes en el juicio oral como particulares damnificados, por considerar que fueron perjudicados por los ilícitos.
Los fiscales Esteban Lombardo y Carlos Argüero también dieron por probados los supuestos ilícitos que habrían ocurrido en el Instituto Privado de Medicina (Iprem), donde Azcaini, Palacios y Urrera eran integrantes del plantel médico. Los profesionales están acusados de falsificar certificados e historias clínicas. Extendían comprobantes por operaciones quirúrgicas por várices, hernias y otras dolencias, cuando en realidad se trataba de prestaciones que no eran cubiertas por IOMA. La obra social no se ocupa de la estética de sus afiliadas.
A solicitud de los fiscales, el juez de Garantías platense Néstor de Aspro elevó a juicio la causa en la que los seis médicos están imputados por los delitos de “defraudación a la administración pública, estafas y falsificación ideológica de instrumento privado”. El pedido de elevación a juicio fue avalado por la Sala II de Apelaciones y Garantías de La Plata, con la firma de los jueces Sergio Almeida y Ricardo Szelagowsky, quienes desestimaron, sin embargo, la imputación por “asociación ilícita” que habían argumentado los fiscales.
La primera en quedar al desnudo, con su implante de siliconas, fue la sargento Lidia Susana Sicher. La operación de várices había tenido un ascenso increíble, porque las cicatrices estaban debajo de los pechos y no en las piernas, como decía la historia clínica. En las pericias realizadas, sobre un total de 150 casos, en al menos 44 quedó demostrado que “las cicatrices que tenían las pacientes no coincidían en absoluto con las operaciones de várices, hernias, tumores, mientras que lo que surgían con claridad eran lifting, mamas, narices perfectas”, comentó a este diario una fuente allegada a la causa.
La mayoría de las mujeres son “agentes de la Policía Bonaerense, pero también las hay del Servicio Penitenciario provincial, del Poder Judicial y de otros sectores de la administración pública provincial”. Las operaciones se hicieron entre los años 2000 y 2001. Además del IOMA, también afectaron a la obra social de la administración bonaerense, a Femeba y a la Unión del Personal Civil de la Nación. Los gremios, incluso, pagaron “por internaciones que no existieron”. Entre los imputados que van a juicio oral, el más comprometido era el médico policial Guillermo Luna.
Los fiscales también imputaron a 44 mujeres por haberse sometido a las cirugías estéticas teniendo pleno conocimiento de que estaban cometiendo una adulteración. Todas las procesadas fueron eximidas de prisión y pagaron, como fianza, sumas irrisorias que van desde los 250 a los 500 pesos. El caso se hizo público porque la sargento Lidia Susana Sicher tuvo problemas con el implante en su seno izquierdo y debió someterse a otras dos operaciones, en todos los casos a cargo del médico policial Luna y sus asistentes, Víctor Armesto y el anestesiólogo Pérez Bagnasco. La causa creció al ritmo de las siliconas y seis años después llega a juicio.
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