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Uruguay volverá a debatir en el Congreso la despenalización del aborto. Antes de fin de año –podría tratarse esta semana o la siguiente, incluso– los senadores tratarán en el recinto un proyecto integral de salud sexual y reproductiva, que en uno de sus capítulos incluye la legalización del aborto cuando se realiza dentro de las primeras doce semanas de gestación –por motivos económicos, sociales y familiares– y más allá de ese plazo si corre riesgo la salud de la madre o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. La discusión parlamentaria se reactivó a mediados de año luego de que una joven de 20 años fuera procesada penalmente por haberse realizado un aborto. El caso generó una profunda indignación en la ciudadanía y derivó en una inédita campaña de recolección de firmas –a través de un blog– en solidaridad con la muchacha. Dos ministras del gobierno, además de varios funcionarios de segunda línea, artistas, economistas, legisladores y el escritor Eduardo Galeano, entre miles, expresaron haber abortado o acompañado a una mujer a hacerlo, en apoyo a la joven. El presidente Tabaré Vázquez ya declaró que vetará una eventual ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el Frente Amplio, la coalición de izquierda a la que pertenece, está dispuestas a dar, una vez más, la batalla en el Parlamento, en momentos en que cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía: la última encuesta marca que un 65 por ciento de la población uruguaya está a favor de la legalización del aborto.
La campaña que reimpulsó el debate, cuatro años después de que naufragara en el Senado –por apenas un voto, y del Frente Amplio– una ley que despenalizaba el aborto hasta las 12 semanas de gestación, nació a partir del procesamiento de una mujer de 20 años por practicarse un aborto en una clínica clandestina de Montevideo, por el cual pagó 700 dólares y terminó con una infección severa. A la joven la denunció el médico que la atendió en el interior del país. El profesional informó del hecho a la policía y dio cuenta de que la había trasladado al Hospital Pereira Rossell, el más importante de Montevideo. Y un juez la procesó –sin prisión preventiva– por el delito de aborto, penalizado por la ley 9763 de 1938. El caso generó tal indignación en la ciudadanía que llevó a un grupo de mujeres y varones a abrir un blog para solidarizarse con la muchacha y expresar su repudio a la ley vigente.
El Código Penal uruguayo condena con penas que van de 3 a 25 años de prisión a “la mujer que causare su aborto o lo consintiera”. El mismo ordenamiento legal exime de pena de prisión a los abortos realizados en caso de “angustia económica”, “lesión a su honor”, violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. La mujer debe dar su consentimiento y la intervención debe ser realizada por un médico en los primeros tres meses de gestación. Sin embargo, estas excepciones rara vez se contemplan, principalmente por la ausencia de una reglamentación que establezca los pasos que se deben seguir para interrumpir voluntariamente un embarazo en esos casos. Algo similar ocurre en la Argentina también con los abortos no punibles.
“Nosotras y nosotros también hemos infringido la ley 9763 en acción o en la complicidad con la acción. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada”, decía el manifiesto, que en pocas semanas llegó a sumar casi 10 mil adhesiones a través de Internet(www.despenalizar.blogspot.com). Entre los firmantes, hombres y mujeres de todas las edades y todos los partidos políticos, figuran personalidades como las ministras de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y del Interior, Daisy Tourné; la directora del Instituto de la Mujer y la Familia, Carmen Baramendi, decanos de diferentes facultades universitarias, periodistas, artistas, economistas, músicos, cantantes y centenares de personas –ignotas y desconocidas– que se sintieron conmovidas por la inédita convocatoria. En Uruguay se estima que el número de abortos que se realizan anualmente es cercano –aunque un poco menor– al de nacimientos: alrededor de 33 mil abortos contra 47 mil nacimientos.
A las pocas semanas de lanzada la campaña, se le entregó al vicepresidente y titular de la Asamblea Nacional Rodolfo Nin Novoa un documento con unas 6000 firmas. Nin Novoa las envió al Parlamento y planteó la necesidad de debatir nuevamente la despenalización del aborto. Incluso, el vicepresidente expresó estar a favor de la legalización.
La Comisión de Salud del Senado desempolvó entonces un proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, que hacía ya un año habían presentado las senadoras oficialistas Mónica Xavier y Margarita Percovich. Es una iniciativa muy amplia, que fija las obligaciones del Estado en materia de salud sexual y reproductiva, para garantizar el acceso universal a la anticoncepción y la información sobre métodos para prevenir embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y además plantea la legalización del aborto hasta la semana 12 de gestación por razones de “penuria económica, social, familiar o etarias” que a criterio de la mujer le impidan continuar con el embarazo en curso. Y más allá de ese plazo, si la gravidez implica un riesgo para la vida de la mujer o si se trata de “un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina de acuerdo a los adelantos científicos del momento”.
Esta semana la iniciativa terminó de ser debatida en la Comisión de Salud y se espera que pueda ser tratada en el recinto antes de fin de año. Incluso, hubo gestiones en las últimas horas para discutir el proyecto en los próximos días. “Yo quisiera que se trate en una sesión extraordinaria, por la importancia del tema”, señaló a Página/12 la senadora Percovich, que se ilusiona con discutir el proyecto el jueves próximo, en coincidencia con la conmemoración del Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Habría acuerdo entre el oficialismo y la oposición para la aprobación del primer capítulo del texto, que es el que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Pero en su artículo sexto, esta primera parte introduce la problemática del aborto al establecer como obligación del Estado la implementación de las “normas de atención pre y post aborto” acordadas en 2004 entre el gremio médico, la Facultad de Medicina y profesionales de la principal maternidad y luego convertidas en una resolución ministerial. Se trata de una estrategia de reducción de daño para bajar la mortalidad materna por el aborto clandestino. Esta normativa, que por el momento se aplica en hospitales públicos de Montevideo y lentamente se están extendiendo al interior del país, es un modelo para la región: en la Argentina el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires la ha puesto en práctica para la atención de adolescentes que expresan su deseo de interrumpir un embarazo no deseado, tal como ya informó Página/12. Consiste, básicamente, en que los médicos que atienden a una mujer que quiere abortar tienen la obligación de advertirle sobre los métodos inseguros para hacerlo, y si decide seguir adelante, deben brindarle una terapia de antibióticos previa y atención médica posterior. Aunque la norma no lo contempla, usualmente los médicos recomiendan para el aborto, si es en las primeras semanas de embarazo, el uso de una droga que causa, con alta efectividad y bajo riesgo, la interrupción de la gestación y puede comprarse en las farmacias: es el misoprostol.
“Sería un paso muy importante la aprobación del primer capítulo porque ya habla sobre el aborto. Si se aprueba quedará legalizado de hecho aunque no haya modificación del Código Penal porque los médicos entregan el misoprostol para un aborto seguro”, destacó Percovich.
Los otros dos capítulos de la iniciativa que se refieren concretamente a la legalización del aborto no cuentan con el respaldo de las bancadas opositoras de los partidos Nacional y Colorado. También en el bloque del Frente Amplio, donde existe libertad de acción para votar este tema, hay fisuras, por lo que las impulsoras del proyecto están tratando de conseguir algunos votos opositores para lograr la sanción del segundo y tercer capítulo de la ley. “En principio nos faltan dos votos del Frente Amplio, los de los senadores Carlos Baraibar y Alberto Cid, que ya anunciaron que no lo apoyarán. Pero creemos que algún legislador del Partido Colorado va a votar los tres capítulos. Y un senador del Partido Nacional nos prometió su apoyo”, señaló Percovich. El Senado uruguayo tiene 31 miembros, de los cuales 17 pertenecen al Frente Amplio. Se necesita mayoría simple, es decir, 16 votos, para la aprobación de la ley.
Si logra sortear la Cámara alta, el paso del proyecto en Diputados sería más sencillo, augura la senadora Percovich. Quedará luego pendiente la amenaza de veto del presidente Vázquez. Aunque en su propio partido dudan de que en este nuevo escenario se atreva a rechazar una eventual ley que legalice el aborto. Sobre todo porque viene sufriendo un marcado descenso de apoyo a su gobierno por parte de la ciudadanía y, además, el último estudio de opinión marcó que un 65 por ciento de la población apoya la despenalización del aborto. “Tiene una familia muy católica, su mujer es de ir a misa todos los días y un hijo suyo es ex cura. Pero no creemos que se juegue en este momento”, opinó Percovich.
De aprobarse la ley, Uruguay se convertiría en el primer país de América del Sur en legalizar el aborto.
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