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La Corte de Apelaciones Criminal de Texas decidió el pasado martes, por cinco votos contra cuatro, dejar en suspenso durante 30 días la ejecución de Heriberto Chi, hondureño de 28 años. La decisión llegó pocas horas antes de que los verdugos se dispusieran a aplicarle una inyección letal y una semana después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunciase su decisión de considerar si ese castigo viola la Constitución estadounidense. Cuando muchos expertos legales ven la paralización de esta ejecución como el principio del fin de la aplicación de la inyección letal en el estado sureño, las autoridades tejanas anunciaban su intención de superar la decisión del tribunal de su estado y continuar con las ejecuciones.
Chi iba a ser el preso número 27 en ser ajusticiado este año en Texas, el primer estado en número de condenas a pena de muerte y el primero también en peticiones de apelación. “Puede que este paso nos sitúe en la misma categoría que estados más progresistas, como Alabama o Florida. Alguien tiene que decidir sobre esta cuestión, así que vamos a parar de matar gente. Si los vamos a matar, siempre podemos hacerlo más adelante”, declaró Wes Ball, abogado de Chi. Desde el año 1982, 405 presos han recibido esta inyección en el estado.
“Estoy agradecido de que haya algo de sentido común en el gran estado de Texas –dijo ayer el abogado–. No estamos solos en el desierto.” La Corte de Apelaciones dio a los abogados de Chi 30 días para exponer la cuestión de si “el método de administrar la inyección letal en Texas es un castigo cruel e inusual” y por tanto viola la octava enmienda de la Constitución norteamericana. En la apelación presentada por los abogados se dice que la inyección letal “produce un riesgo innecesario e inaceptable de que el preso va a experimentar un dolor insoportable con gran sufrimiento”. Sólo quedan tres penas de muerte por acometer en el estado de Texas hasta final de año. La siguiente tendría que producirse a finales de noviembre.
Para Deborah Denno, profesora de la Fordham Law School, citada por el diario The New York Times, lo sucedido en Texas es “un punto de inflexión. Parar una ejecución no es extraño en el país, pero lo es en Texas. Cuando se habla de pena de muerte se habla de Texas y luego del resto de EE.UU.”.
El fiscal general de ese estado ha dicho que va a revisar caso a caso todos los expedientes de los presos cuya muerte esté programada de ahora a fin de año. El gobernador, el republicano Rick Perry, ha preferido mantenerse al margen y dejar que los tribunales decidan. Michael Richards, de 21 años, no corrió la misma suerte la semana pasada, cuando fue ejecutado por el mismo procedimiento que ahora se pone en cuestión.
*De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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