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El Congreso español aprobó una reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial que endurece las sanciones para los conductores, al convertir faltas en delitos, y prevé penas de prisión.
La reforma, aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos –salvo el opositor Partido Popular (PP)–, es parte de la ofensiva del gobierno socialista contra los accidentes de tránsito, que comenzó con el registro por puntos.
La reforma del Código Penal establece con precisión los límites de velocidad y alcohol a partir de los cuales la infracción pasa a ser delito y será castigada con la cárcel. Superar los 200 kilómetros por hora en autopistas, los 180 en una ruta convencional y los 110 en una calle será delito y supondrá penas de tres a seis meses de prisión, de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad, y la pérdida del registro de conductor por un tiempo de entre uno a cuatro años.
La misma pena se aplicará a quien conduzca bajo efecto de las drogas o con una tasa de alcohol expirado superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alcohol en sangre superior a los 1,2 gramo en igual medida.
Además, negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas costará de seis meses a un año de cárcel y el retiro del registro de conductor entre uno y cuatro años.
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