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A Marilyn Bárbaro la asesinaron a golpes y la enterraron en el sótano de su propia casa, en Oberá. Pertenecía a una de las primeras familias de esa localidad misionera. Tenía 53 años y una discapacidad física severa que arrastraba desde los 7 años, cuando la poliomielitis la dejó postrada. El crimen compromete al poder político de la provincia: entre los cinco imputados –actualmente detenidos con prisión preventiva– está el hijo de una diputada que terminó su mandato el 10 de diciembre, muy cercana al saliente gobernador Carlos Rovira y al armado político del nuevo mandatario Maurice Closs. La causa judicial llegó en los últimos días al Superior Tribunal, que ya había metido mano en el expediente a través de una extraña maniobra para interferir en la investigación del caso. Y los familiares de Marilyn temen que la corte provincial, denunciada a nivel internacional por su falta de independencia del poder político, allane el camino para liberar a los acusados del homicidio. “Es un caso paradigmático de impunidad en Misiones”, advierte la hermana de Marilyn, Juana “Ticha” Bárbaro, arqueóloga, convertida en referente de la lucha por la Justicia en la provincia del norte.
El CELS, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Poder Ciudadano, la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunciaron al Relator Especial para la Independencia Judicial de la ONU, Leandro Despouy, una serie de maniobras orquestadas durante la gestión de Rovira que afectaron la independencia judicial en la provincial. Entre ellas, una ejecutada por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento y del Superior Tribunal de Misiones, Jorge Rojas, para interferir en la investigación del crimen de Marilyn Bárbaro: cuando el anterior juez que llevaba el caso, Horacio Alarcón, estaba por resolver la prisión preventiva de Matías Ortiz, hijo de la ex diputada Marlene Carballo, Rojas envió a un secretario con la orden de que el magistrado le remitiera el expediente en forma inmediata y que “se abstuviera de tomar cualquier resolución”. Alarcón fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento por un hermano de la diputada. El jury no avanzó, pero Alarcón fue separado de la causa. Las ONG siguen levantando su voz reclamando justicia por el crimen de Marilyn.
Marilyn fue asesinada a golpes la noche del 17 de abril de 2004 y enterrada en el sótano de su casa. Además de Ortiz, el hijo de la ex legisladora rovirista, hay otros cuatro jóvenes detenidos. Los cinco habrían ingresado en la vivienda de la mujer, drogados y borrachos, con la intención de robarla. Uno de ellos, Oscar Schming, fue el primero en ser apresado y en su declaración involucró a los otros integrantes del grupo. De su relato surgen ribetes espeluznantes, como que después del crimen, varios de ellos se subieron al auto de la víctima y salieron a dar varias vueltas por el centro de Oberá. La ex diputada Carballo y madre de Ortiz vive a una cuadra y media de la casa de Marilyn.
La prueba clave que involucró al hijo de Carballo con el homicidio fueron unos cabellos encontrados en su vehículo: un examen de ADN realizado por la Gendarmería Nacional determinó que pertenecían a la víctima. Esa prueba fue determinante para que la nueva magistrada que tomó la causa, Alba Kunzmann de Gauchat, dictara la prisión preventiva sobre los cinco jóvenes, de entre 19 y 21 años en el momento del crimen.
Ahora el Superior Tribunal de Misiones tiene que expedirse sobre la validez de esa prueba, ratificada ya en primera y segunda instancia. La familia Bárbaro cuestiona la intromisión de la corte provincial nuevamente en el caso. “Es inaudita”, denunció Ticha Bárbaro, de viaje por Buenos Aires. El viernes 7 de diciembre el Superior Tribunal aceptó analizar el recurso de casación que cuestiona la prueba de ADN presentado por la defensa. Según explicó el abogado de la familia Bárbaro, Ramón Enríquez, la decisión “no se ajusta a derecho” porque la revisión de la pericia no es un asunto “casable”. “La pericia no es sentencia definitiva, no da por terminado el juicio y no evita que continúe. Tampoco vulnera el principio de la doble instancia, porque lo rechazó la Justicia de Instrucción y luego hizo lo mismo el Tribunal Penal”, señaló el letrado. Y agregó: “Cinco de los ocho miembros del Superior Tribunal consideraron que si existieron vicios en el procedimiento que atenten contra la Constitución, el cuerpo podrá revisarlo. El voto de minoría coincidió con nuestra posición. Sostenemos que es antijurídico porque esa prueba que se descalifica podría ser revisada nuevamente por el Tribunal Oral en el juicio, por lo que no es definitiva”. Y en el supuesto de que exista inconstitucionalidad y el Tribunal que lleve el caso a juicio no lo observe, recién contra la sentencia definitiva intervendría la casación”, precisó Enríquez. El punto que preocupa, dijo Ticha Bárbaro a Página/12, es que “quieren sacar del camino una prueba importantísima en la valoración de los imputados en el juicio oral, que es fundamental. El Superior Tribunal puede allanar el camino para que los cinco detenidos recuperen su libertad”.
Ticha llegó a Buenos Aires desde Oberá, unos días atrás, para buscar apoyo en organizaciones de la sociedad civil. A través de una carta abierta, ocho entidades –entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Fundación Mujeres en Igualdad, el Grupo de Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)– expresaron su “preocupación” por “la falta de esclarecimiento del crimen de Marilyn” y por “los obstáculos, demoras y dificultades encontrados durante la tramitación del proceso”. “Por el brutal homicidio de Marilyn Bárbaro se encuentra procesada una persona cercana a una encumbrada dirigente política local. Esta circunstancia requiere de las autoridades intervinientes que aseguren la mayor transparencia, diligencia y razonabilidad en la causa, garantizando el debido proceso, a efectos de despejar toda sospecha sobre una posible injerencia del poder político sobre la investigación”, señalaron en una carta abierta las organizaciones de la sociedad civil. Firman el texto también el Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano (Cesppedh), ACIJ y el Centro de Encuentros Cultura y Mujer (Cecym).
A tres años y ocho meses del horrendo homicidio de su hermana, el recuerdo de la agonía de Marilyn desarma a Ticha. Los ojos se le inundan y la voz se le entrecorta. “Todos merecemos la vida, pero Marilyn supo honrarla como nadie. Y no merecía morir así. No solo luchó cada instante para poder respirar, moverse y recuperar uno a uno los músculos después de sufrir la poliomielitis a los 7 años. A pesar de lo mezquina que fue la vida con ella, era una persona optimista, llena de proyecto y anhelos”, dice esta mujer rubia, de ojos claros, que casi no puede seguir por la tristeza. Ella, de 66 años, es la mayor de cuatro hermanas. Marilyn era la menor. La familia Bárbaro –rememora Ticha– fue una de las fundadoras de Oberá, a fines del siglo XIX, cuando Misiones era territorio nacional y la zona, selva cerrada.
Ticha es arqueóloga. Sus últimos trabajos estuvieron dirigidos a registrar la historia escrita en la tierra, en la región de la represa de Yacyretá, antes de que el agua las inundara. El crimen de su hermana y su batalla para que no quede impune la convirtieron en una de las caras más conocidas en la provincia por la lucha por la independencia de la Justicia de Misiones, pelea que la llevó a ser convencional constituyente, al lado del obispo emérito Joaquín Piña, para frenar los intentos reeleccionistas de Rovira. En el Informe 2007 del CELS, las interferencias que tuvo el expediente del homicidio de Marilyn se muestran como “un ejemplo de las dificultades de la Justicia misionera para investigar hechos que involucran a allegados al poder político”.
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