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Un mes y medio después del estallido en cadena de tambores de hexano en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que provocó la muerte de seis investigadores, el fiscal federal de esa localidad cordobesa, Alberto Saissac, pidió que se tomara declaración indagatoria a las principales jerarquías de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, el decano Diego Moitre, el vicedecano, Carlos Bortis, y el secretario de Coordinación Técnica y Servicios, José Luis Pincini. Saissac pidió que se investigara a los tres funcionarios por el presunto delito de estrago culposo agravado (seguido de muerte). De encontrarlos culpables, la pena que les correspondería podría alcanzar los cinco años. En cambio, el fiscal no solicitó ninguna medida contra el rector de la universidad Oscar Spada o el vicerrector Juan José Busso.
Al mediodía de ayer, el fiscal federal de Río Cuarto, Alberto Saissac, presentó el pedido y las actuaciones que sostenían su solicitud, en un escrito de 34 fojas, al juez federal de turno, Carlos Ochoa. “Promueve la requisitoria de instrucción”, señaló el escrito, en contra de Moitre, Bortis y Pincini. De la presentación surge que existen sospechas fundadas de que existió responsabilidad de los funcionarios mencionados en el estallido que provocó las muertes de Miguel Mattea, Liliana Giacomelli, Juan Politano, Carlos Ravera, Damián Cardarelli y Gladys Baralla.
La intervención que solicitó el fiscal incluye a Mattea, porque encabezaba el grupo de investigadores y Saissac supone que tenía conocimiento de algunos de los riesgos, aunque no avanzó sobre esa línea debido a que es una de las víctimas fallecidas. En el escrito, además, el fiscal supone que podrían existir más responsabilidades, aunque no logra determinarlas, ya que promueve acciones, algo ambiguas, contra “todas aquellas personas que hubiesen intervenido como coautores, cómplices, encubridores o responsables de los hechos que encuadran en la figura del artículo 189 del Código Penal que implica incendio o estrago culposo”.
El juez Ochoa recibió el escrito y respondió que después de analizar el expediente dispondrá las medidas que correspondan. El artículo 189 del Código Penal, dentro del capítulo de delitos contra la seguridad pública, dice que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas causare un incendio u otros estragos”. Pero inmediatamente agrega que “si causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”.
A Moitre y Bortis los incorporó como responsables máximos de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, en cuya Planta Piloto de investigaciones se produjo el estallido de los tambores de hexano. A Pincini lo involucró porque está a cargo de la seguridad interna de la universidad.
En la investigación, la clave son los tambores de hexano, un producto altamente combustible, volátil e inestable, cuya presencia en un ámbito cerrado, sin ventilación y próximo a sitios que generaban altas temperaturas era necesariamente vedada. Esto lo sabía el propio Miguel Mattea, director del equipo que resultó víctima del estallido, no sólo por sus capacidades de investigador sino porque el mismo equipo había sido contratado por la firma DeSmet Ballestra, proveedor de tecnologías e ingeniería de plantas, vinculado con la producción de aceites, biodiesel y detergentes en todo el mundo.
El estallido de la Planta Piloto ocurrió el 5 de diciembre pasado, durante la mañana, y destruyó por completo el galpón. En las explosiones resultaron heridas una veintena de personas, con diferentes grados de gravedad. El equipo de Mattea fue el más golpeado. El último en fallecer, el 26 de diciembre pasado, fue el propio director de las investigaciones, Miguel Mattea.
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