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Los pueblos indígenas tienen múltiples diferencias, pero por sobre todo dos puntos en común, la relación que mantienen con la tierra y el respeto sagrado hacia los ancestros. Comunidades locales y organizaciones sociales denuncian que la empresa minera IMA violó ambos principios e impuso sus valores: ingresó a territorio indígena y profanó un cementerio aborigen, de 1200 años, ubicado en el corazón del futuro yacimiento. La acción, con participación activa de funcionarios provinciales y científicos del Conicet, violó la Constitución Nacional y legislación internacional que exige la participación indígena, y fue una medida fundamental para la continuidad del proyecto. “La existencia de un enterratorio indígena es prueba irrefutable de la ocupación tradicional y la preexistencia indígena. La empresa sabía que en la zona del yacimiento el enterratorio frenaría la actividad, y por eso se apuró con todo tipo de maniobras, que incluyó engaños y presiones, para librarse de esa potencial traba”, explicó el abogado Eduardo Hualpa, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y especializado en derecho indígena.
La minera había evaluado que el enterratorio podría transformarse en la mayor traba del proyecto. Reunió a funcionarios provinciales de Cultura, al Centro Nacional Patagónico (Cenpat, dependiente del Conicet) y convocó a Francisco Chiquichano, referente de la comunidad Blancuntre, una de las siete de la zona. Mediante la promesa de títulos comunitarios (un viejo anhelo de las familias de la región), mejoras de caminos y beneficencia, presionaron para que consintiera el cambio.
En noviembre de 2004, tres comunidades enviaron una carta al secretario de Cultura provincial, Jorge Fiori. “Le solicitamos se abstenga de seguir adelante con cualquier modificación en el chenque (cementerio) antes de producir la consulta necesaria a todas las comunidades de la zona. Es el lugar de nuestros antepasados y por lo tanto sagrado”, destaca la carta, con la firma de tres comunidades.
En abril de 2005, la minera convocó a una reunión de urgencia. Estuvieron las partes del Estado, la empresa, el equipo de investigadores financiados por la compañía y sólo fueron invitadas dos de las siete comunidades. La Secretaría de Cultura provincial anunció que la empresa se retiraría del área durante los meses de invierno e intimidó a los aborígenes. Argumentó que el chenque quedaría sin protección y podría ser saqueado. Ordenó el “rescate y reubicación”.
Tres días después comenzó la profanación de un chenque con 1200 años en el lugar, que jamás en doce siglos había sufrido destrucción alguna.
La investigadora del Cenpat-Conicet Julieta Gómez Otero fue la responsable técnica de la acción: “Entiendo que algunos pueden pensar que nos utilizaron. No lo sentimos así”, aseguró. Sin embargo, rechazó la propuesta de Aquiline para ocuparse de los dos sitios arqueológicos que aún hoy están presentes en el corazón del yacimiento.
En el marco de la IV Reunión de Teoría Arqueológica en América del Sur, realizada en julio de 2007, la ponencia del periodista y coordinador en América latina de la Red Minas y Comunidades, Luis Manuel Claps, denunció que “el chenque era un problema porque se trataba del único conflicto social potencial del proyecto minero más avanzado y rentable de la región. IMA comenzó una triangulación entre la empresa, la Secretaría de Cultura y el Cenpat, constituyéndose una ‘mesa chica’ en la que cada actor se aportaba legitimidad recíprocamente. Líderes indígenas se vieron forzados a aceptar el traslado del chenque y a negociar en condiciones notoriamente desventajosas”.
En octubre de 2006, el V Futa Trawn (parlamento) Mapuche-Tehuelche reunió en Rawson a comunidades de toda la Patagonia y remarcó: “Proclamamos nuestro rechazo absoluto al avance de las empresas mineras, forestales, petroleras e hidroeléctricas. En nombre de la ‘ciencia’ el Cenpat, en articulación con empresas mineras que operan en la provincia, profanan y secuestran los restos de nuestros antepasados. Cualquier hecho de violencia relativo al control territorial que ejercemos en nuestras comunidades será responsabilidad absoluta del estado provincial y las mencionadas empresas”.
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