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La eliminación de las Juntas de Clasificación Docente, aprobada por el PRO con apoyo de legisladores salientes, no es una iniciativa aislada por parte del Estado de la Ciudad. Piedra angular de un paquete de leyes que barajan el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, la norma sancionada para suprimir el cogobierno contemplado en el Estatuto Docente constituye un golpe al corazón del sistema educativo para demoler la escuela pública.
Amparado en el respaldo obtenido en los comicios de julio pasado, urgido por aprobar en el recinto las leyes más polémicas antes del recambio parlamentario e inspirado por la lógica empresarial insuflada por el subsecretario Andrés Ibarra, el Ejecutivo local crearía además una Subsecretaría de Recursos Humanos y Evaluación Educativa bajo la órbita de Bullrich y designaría allí a Alejandro Finocchiaro, uno de los hombres que recomendaron la contratación del espía Ciro James. En sintonía con esos planes, el titular de la cartera educativa también impulsa un esquema para rankear a los maestros según criterios de los organismos internacionales de crédito.
Como si fuera poco, la participación de las partidas previstas para educación en 2012 cae medio punto porcentual respecto del total, en comparación con el actual ejercicio económico. En 2011, el presupuesto educativo alcanza el 26,67 por ciento de la planificación general de gastos y recursos, pero para el año entrante el gobierno porteño va a destinar el 26,07 por ciento.
La triangulación es incontrastable y elocuente. Si por un lado se rasura el organismo histórico de designaciones y ascensos para los maestros, por el otro se profundiza la senda inaugurada por la secta del Fino Palacios y se recortan las partidas previstas para infraestructura escolar, cuya jurisdicción presupuestaria pasa de 513 a 294 millones pesos para el año entrante.
Y a diferencia de las batallas que libraron contra los trabajadores de la educación cuando el pedagogo Mariano Narodowski quiso recortar las becas escolares o cuando el propio Macri nombró en reemplazo del otrora militante comunista al fugaz Abel Posse, instancias en que volvieron sobre sus pasos ante la movilización colectiva, el PRO está ahora dispuesto a avanzar amputando derechos y aplastando conquistas. Ensoberbecido por una victoria importante en las urnas, el partido amarillo va por el único bastión de la esfera pública que resistió al menemismo.
Ilegítima en su origen por fraguarse a espaldas de los trabajadores, la iniciativa parlamentaria de los legisladores Enzo Pagani y Victoria Morales Gorleri pudo redimirse si se discutía escuela por escuela y se incorporaban las demandas de los trabajadores al proyecto. Sin embargo, el oficialismo apeló a las patotas para apalear maestros y el favor de los legisladores aliados –que buscan un verano a la sombra a una semana de cumplir sus mandatos– para alcanzar la mayoría simple en el recinto.
Por alergia sindical, por desprecio a la educación pública y por apetito represivo, el macrismo celebró la supresión de las juntas en la Legislatura. Por ignorancia, vanidad y petulancia, el jefe de Gobierno tal vez suponga que los maestros quedaron de rodillas. Por compromiso histórico, consistencia ideológica y organización colectiva, los docentes sabemos que, al decir de Paulo Freire, la lucha no se acaba, se reinventa.
* Legislador. Encuentro Popular para la Victoria.
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