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Sociedad|Jueves, 24 de mayo de 2012
EN LA LEGISLATURA

Pedido de informes

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La diputada Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo porteño informe si existen convenios entre el Ministerio de Educación y la Fundación El Arte de Vivir y, en caso afirmativo, envíe copias a la Legislatura.

“La meditación puede ser muy buena y el trabajo de la fundación, elogiable, pero no tienen nada que hacer en la capacitación pedagógica de docentes”, dijo la legisladora a Página/12.

“Las jornadas de capacitación docente obligatorias deben responder a los criterios que prescriben tanto el CEPA (el organismo oficial para el perfeccionamiento docente) como el diseño curricular vigente para cada nivel”, argumentó en su proyecto. “Es muy preocupante que en una escuela del nivel inicial y en el programa Primera Infancia se hayan suspendido las clases para que las docentes asistan a un curso que no responde a los criterios mencionados.”

La iniciativa apunta a saber si el Ministerio de Educación está al tanto de que en febrero de 2011 “las docentes de una institución del nivel inicial del Distrito Escolar 9 fueron convocadas por la supervisión a una jornada para la resolución de conflictos institucionales”, que estuvo “a cargo de dos personas de la Fundación El Arte de Vivir, por la cual las docentes debieron abonar 130 pesos”.

También pregunta si el ministro está al tanto de que en noviembre de ese año, en ese mismo distrito, “a instancias de la supervisión de educación inicial”, en una jornada en la cual “estuvo presente el señor Maximiliano Gulmanelli”, dos personas de la misma fundación “instaron a las docentes, directivos, auxiliares y demás trabajadores presentes a efectuar ejercicios de respiración, relajación y meditación”.

En los fundamentos del proyecto, Bisutti sostiene que “la Constitución de la Ciudad, en su artículo 24, sostiene que el Estado asume la responsabilidad de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades”, por lo cual, “el Estado debe garantizar la más estricta libertad de conciencia para los ciudadanos”.

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