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Legisladores porteños del Frente para la Victoria presentaron ayer un proyecto de ley de financiamiento educativo que apunta a subir gradualmente el presupuesto del área del 25,8 por ciento actual al 30 por ciento del total anual, en un plazo de diez años. La iniciativa establece como metas la construcción de escuelas para paliar el déficit de vacantes, reforzar los establecimientos con población más vulnerable y lograr que las aproximadamente 80 escuelas que hoy aún alquilan los edificios donde funcionan tengan sus propias instalaciones, entre otros objetivos.
El proyecto fue presentado por los diputados Francisco “Tito” Nenna, Juan Cabandié y Gabriela Alegre. No propone crear un fondo específico ni nuevas cargas impositivas, sino redistribuir el presupuesto general de la Ciudad. “Nos interpelamos como oposición y ponemos a consideración del oficialismo y de los partidos opositores este proyecto que no es sólo para la actual gestión, sino también para las próximas”, dijo Nenna a Página/12. La iniciativa toma como modelo la norma de financiamiento educativo nacional, para que un 6,4 por ciento del PBI sea destinado a ese sector.
“Esperamos que se empiece a debatir en los próximos días, cuando comience la discusión del Presupuesto 2013”, afirmó el legislador. Para el año próximo se proyecta el incremento más drástico, a un 28 por ciento del total del gasto de la Ciudad.
De acuerdo con el texto presentado ayer, la norma apunta al “fortalecimiento de la gestión estatal”, con una “fuerte política de inclusión”, que contempla un “aumento de los programas socioeducativos”. En rigor, la idea es que se fijen “escuelas prioritarias” dentro de la Ciudad, según diagnósticos hechos por los docentes y la conducción de cada establecimiento, para que reciban más recursos de manera de “acrecentar horas cátedras, contar con equipos de orientación y apoyo o financiar actividades educativas”.
La propuesta, explicó Nenna, incluye una serie de prioridades, entre las cuales la primera es que en los primeros cinco años de implementación de la norma se termine con la falta de vacantes, sobre todo en el nivel inicial. Para ello, impulsa “la ampliación de la infraestructura escolar en uso y la construcción de nuevos establecimientos”, así como la refacción de edificios escolares que registren problemas.
Otro artículo se refiere al “saneamiento de la titularidad de dominio de los inmuebles que funcionan como escuelas sin ser propiedad del Gobierno de la Ciudad”. El objetivo es que se dejen de alquilar los más de 80 edificios escolares a privados por los cuales se paga una renta mensual y reemplazarlos con las nuevas construcciones. Por último, el proyecto incluye un redireccionamiento de los recursos presupuestarios que actualmente se giran al sector privado de la educación hacia aquellos establecimientos “que reciban alumnos de menores recursos”.
“Recién cuando estén resueltas estas prioridades, se podrán incorporar nuevas instituciones privadas a las que reciben subsidios”, aclaro.
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