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El matrimonio de Luis Alberto Juárez Villegas y Marta Garay se separó en 1999, cuando la mujer estaba embarazada de dos meses de su segunda hija. La primera denuncia por el presunto incesto Garay la hizo en 2001, en el Juzgado de Familia de Segunda Nominación, que tenía la causa por divorcio contradictorio que la enfrentaba con el ingeniero, a quien denunció además por violencia física y psicológica. Todavía, contó la arquitecta, no pudo divorciarse. Por aquella denuncia por los presuntos abusos sexuales cometidos por su padre contra la mayor de sus hijas se suspendió el régimen de visitas, pero Juárez Villegas apeló y a los seis meses logró que le levantaran la restricción. Y frente a esa situación, Garay resolvió escapar de la provincia, con sus dos hijas. Emprendió su huida el 12 de abril de 2002 y, tras pasar por Tucumán, llegó a Jujuy, donde tuvo la protección de la prelatura de Humahuaca, que les dio alojamiento en La Quiaca. Pero Juárez Villegas siguió sus pasos con policías provinciales y federales y una orden de captura, que luego fue desestimada por un juzgado de San Salvador de Jujuy. El ingeniero llegó a alojarse en un hotel de La Quiaca con un nombre ficticio y haciéndose pasar por un misionero.
El 13 de mayo de 2002, mientras Garay y sus hijas huían con la protección del padre Jesús Olmedo y su hermano Pedro, obispo de la prelatura de Humahuaca, a Santa Catalina, un pueblito limítrofe con Bolivia, pobladores de La Quiaca movilizados por los sacerdotes hacían una marcha de repudio frente al hotel donde paraba Juárez Villegas.
En Santiago, por entonces, la hermana de Garay, María Eugenia, había presentado la denuncia por abuso sexual en el fuero penal, en el Juzgado del Crimen de Quinta Nominación a cargo del juez Antonio Uñates. Tras el escándalo periodístico que generó la marcha en La Quiaca, el 14 de mayo de 2002, el juez Uñates restituyó la medida cautelar y le mandó una delegación policial para custodiar su regreso a la provincia. La denuncia, sin embargo, durmió en el juzgado penal hasta fines de 2003, cuando un juez subrogante pidió que se le tomara declaración testimonial a los profesionales que habían validado el relato sobre el abuso sexual de la nena. Esos testimonios desembocaron luego en el pedido de indagatoria y la detención de Juárez Villegas. Pero estuvo preso apenas cuatro meses y logró que le bajaran la calificación del delito.
Ante la falta de respuestas en la Justicia santiagueña, durante el régimen de los Juárez, Garay llegó a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El expediente estuvo dormido hasta 2004, a pesar de las pruebas que se acumulaban. Al punto que el caso fue uno de los fundamentos del pedido de intervención a la provincia de la entonces senadora Diana Conti, a comienzos de 2004, impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner, para poner fin a los 50 años de reinado en Santiago del Estero de Carlos Juárez, tío del ex marido de Garay, y Nina Aragonés, como salida al caos institucional que vivía por entonces la provincia, ante la contundencia de los informes elaborados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre las violaciones a los derechos humanos y las maniobras de espionaje a opositores y a la Iglesia en territorio juarista.
Desde su inicio, la causa pasó por las manos de varios jueces. Algunos renunciaron antes de ser sometidos a jury, acusados por diversas irregularidades vinculadas con otros expedientes. Otros fueron removidos tras la intervención federal o se excusaron por su cercanía con el acusado.
El 15 de junio de 2004, el juez del Crimen de Primera Nominación, Raúl Oscar Romero, imputó a Juárez Villegas el delito de “abuso sexual calificado” en perjuicio de su hija. Tras la declaración indagatoria, el 17 de junio de ese año, el magistrado le dictó el procesamiento y ordenó su detención. Luego le denegó la eximición de prisión. Pero estuvo unos cuatro meses detenido y luego logró, tras una apelación, que le bajaran la calificación a “abuso simple”. Y el ingeniero recuperó su libertad. Juárez Villegas, contó Garay, también está procesado por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar –nunca cumplió con una cuota alimentaria para sus hijas–, pero esta causa también está frenada, denunció la ex esposa.
“Mi hija recuerda lo que le pasó, aunque hay cosas que no tan nítidamente. Ha crecido con tratamiento psicológico y tiene la urgencia de querer terminar con esta historia”, contó Garay, quien lleva más de una década luchando contra la (in) justicia.
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